Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 126042
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 8 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Soria, Genoud, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 126.042, "Domínguez, Darío Ramón. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 62.618 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el pronunciamiento dictado el 7 de octubre de 2014, rechazó el recurso de la especialidad interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro que había condenado a Darío Ramón Domínguez a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de robo, abuso sexual agravado por acceso carnal y por la participación de dos personas y homicidio criminis causae , todos en concurso real entre sí (v. fs. 125/135 vta.).
El señor defensor oficial ante la aludida instancia articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 211/230 vta.), el que fue declarado inadmisible por la citada sala del tribunal intermedio (v. fs. 164/166 vta.).
Interpuesto recurso de queja (v. fs. 225/230 vta.), este tribunal mediante resolución que luce a fs. 242/244 vta., lo declaró mal denegado y lo concedió.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 262/264 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 265), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor defensor oficial?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal denunció la violación al derecho a la vida, al principio de culpabilidad y proporcionalidad de la pena (arts. 18, 19, Const. nac.; 4.1 y 9, CADH y 15.1, PIDCP), y, en subsidio, solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua (v. fs. 156 vta.).
Así, consideró que el fallo cuestionado aplicó erróneamente el derecho penal y los principios constitucionales y convencionales, que establecen que la pena debe ser adecuada y proporcional a la culpabilidad del autor (v. fs. cit.).
Afirmó que el tribunal intermedio "...debió aplicar las normas legales y convencionales y efectuar una interpretación pro homine de la figura y la pena prevista en el art. 80 C.P." y "...fijar un monto numérico de la pena perpetua -que no debe exceder los 25 años-, para así luego, examinar si la misma se adecua con el principio de culpabilidad por el acto en el caso concreto o debía ajustarla al mismo" (fs. 157).
Sostuvo que en el Estatuto de Roma -implementado por Argentina por ley 26.200- se establece para el delito de genocidio un máximo de pena que no puede superar los veinticinco años de encierro (v. fs. cit.). En apoyo, trajo a colación lo votado en "Estévez" de la Corte nacional por el Juez Zaffaroni en minoría (v. fs. 157 vta.).
Desarrolló los alcances del principio de culpabilidad por el acto y la necesidad de proporcionalidad de las penas, y concluyó que "...de la sanción de prisión perpetua establecida en el art. 80, inc. 7° del C.P. pueden desprenderse dos consecuencias [...] brindarle a ella una interpretación acorde a la Carta Magna; o [...] solicitar la sanción de inconstitucionalidad, última ratio del ordenamiento jurídico, dado que la misma afectaría el principio de culpabilidad" (fs. 158/159 vta.).
Invocó también lo fallado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Hilaire, Constantine y Benjamín y otros vs. Trinidad y Tobago" y lo resuelto en los autos "Raxcacó Reyes vs. Guatemala" (v. fs. 159 vta.).
Alegó que "...si se concluyese que la sanción a perpetuidad no habilita a la interpretación propuesta [...] -en cuanto a su alcance numérico, y su reajuste acorde al principio de culpabilidad por el acto-, no restaría otra opción que la declaración de inconstitucionalidad de aquella forma de prisionización, por contrariedad a lo normado en los arts. 1, 4, 5 y 8 de la C.A.D.H." (fs. 160 vta.).
Señaló que de la interpretación de los arts. 2 y 13 del Código Penal, surge que en el caso de los condenados a prisión o reclusión perpetua sin declaración de reincidencia, es posible que obtengan su libertad condicional a los treinta y cinco años de cumplimiento de la pena, sin embargo dicho beneficio no se concederá a quienes se encuentren condenados por el delito previsto por el art. 80 inc. 7 del Código sustantivo como en este caso, por lo que la pena impuesta se convierte en efectivamente perpetua (v. fs. cit. y 161).
Expuso que la Corte Interamericana ha extendido la concepción del derecho a la vida como el derecho a vivir con dignidad y de desarrollar un proyecto de vida; en tales términos, sostuvo que el encierro a perpetuidad no resulta compatible con el derecho a la vida, convirtiendo a la sanción penal en una verdadera pena de muerte paulatina toda vez que "...la vida de la persona se agotará en manos del Estado" (v. fs. 161 vta. y 162).
Afirmó que, conforme la Organización Mundial de la Salud -datos para Argentina de 2010- la expectativa de vida de un hombre es de setenta y dos años, y reiteró que, conforme a la figura endilgada, la pena se convierte en efectivamente perpetua, lo que le impedirá mínimamente desarrollar un proyecto de vida y dar cumplimiento al fin resocializador de la pena (v. fs. 162 y vta.).
II. Coincido con el señor Procurador General en cuanto se pronunció por el rechazo de la queja traída (v. fs. 262/264 vta.).
III.1. Al momento de atender los agravios relativos a la determinación de la pena impuesta, el Tribunal intermedio a través del voto del juez doctor Ordoqui, que concitó la adhesión simple del juez doctor Celesia, consideró que el tribunal de origen impuso la pena perpetua en función de la calificación legal impuesta, y recordó que "...las penas perpetuas son penas indivisibles, por lo que no cabe analizar las circunstancias atenuantes y agravantes (art. 40 del CP)" (fs. 132 vta. y 133).
Luego, abordó el planteo de inconstitucionalidad de la pena perpetua -introducido en el memorial que autoriza el art. 458 del Código procesal, por la defensa de casación-; donde adelantó su rechazo en tanto recordó que "...resulta propio del Poder Legislativo declarar la criminalidad de los actos, desincriminar otros e imponer penas (Fallos: 11:405; 191:245; 275:89), y asimismo acrecentar o disminuir la escala penal, de tal suerte que los Tribunales no se pueden inmiscuir en el examen de la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador (Fallos: 257:127; 293:163; 300:642; 301:341)" (fs. 133).
Explicó que las penas absolutas, como la analizada, se caracterizan "...por no admitir agravantes o atenuantes de ninguna naturaleza. Esto significa, que el legislador declara, de iure, que todo descargo resulta irrelevante: son hechos tan graves que no admiten atenuación alguna. En los casos de plena culpabilidad por el hecho, este recurso legislativo resulta, en principio admisible [...]", con cita del fallo "Maldonado", de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Precisó que con referencia a las citas de la Corte Interamericana "...las mismas no tienen relación con el supuesto de autos, pues en aquellos casos se había aplicado la pena de muerte, de allí la referencia al art. 4 de la CADH (derecho a la vida)" (fs. 133 vta.).
De seguido, aclaró que el imputado se encontró presente durante el debate, por lo que consideró satisfecha la manda del art. 41 inc. 2 in fine del Código Penal (v. fs. 134).
Finalmente, juzgó que el resto de las alegaciones no se vincularon con el hecho y, recordó que "...los nuevos motivos esgrimidos por el Defensor de esta sede, esta Sala desde sus inicios ha postulado su rechazo con base en lo dispuesto por el art. 451 del ritual y con apoyo de una inveterada jurisprudencia emanada del Superior Tribunal de la provincia y de la Corte Federal (cfr. c. 54.738; 54.968 y su acumulada 55.194; c. 54.987; c. 56.052; c. 58.654; c. 58.684; entre muchas otr[as]; cfr. además, CSJN, causas G. 1363. XLIII.; SCBA, P. 78.901, sent. de 7-XI-2001; P. 75.534, sent de 21-XI-2001; P. 77.329, sent. de 10-IX-2003; P. 81.725, sent. de 16-IX-2003; P. 83.841, sent. de 9-X-2003; P. 89.368, sent. de 22-X-2004; P. 96.980, de fecha 07 de febrero de 2007; P. 106.497 del 09-XI-2011; P. 112.265 de 29-II-2012; entre muchas otras); por lo que propició su rechazo en los términos indicados" (fs. cit. y vta.).
Frente a lo resuelto, el recurrente no se encarga de impugnar los argumentos tenidos en cuenta por el citado tribunal.
Sus críticas se limitan a exponer una opinión discrepante a la del juzgador en orden a la imposición de la sanción perpetua, pero sin evidenciar el modo en que se habrían producido las transgresiones legales denunciadas (doctr. art. 495, CPP).
III.2. Por otra parte, el argumento relativo a que la pena perpetua afectaría el principio de culpabilidad por el acto resultaría acertado si la impuesta no guardara relación de proporcionalidad con la magnitud del injusto y de la culpabilidad.
Sólo podría predicarse entonces su incompatibilidad constitucional en los supuestos en que esta última condición resulte violada en concreto, y aquí no se ha evidenciado que la sanción legalmente prevista para el delito por el que el procesado resultó penalmente responsable sea desproporcionada y contraria a los principios que estima afectados.
Cabe recordar que el tribunal de juicio tuvo por debidamente acreditado que "...el día 26 de diciembre del año 2011 entre las 18.10 hs. y las 21.54 hs., al menos dos personas del sexo masculino, ingresaron al domicilio de la calle Perón n° 90 de la localidad y partido de San Fernando, y abusaron sexualmente de V. G. accediéndola carnalmente vía vaginal. Que en el mismo interregno temporal, los mismos individuos sustrajeron ilegítimamente un celular marca LG modelo A113 de la empresa Claro [...] propiedad de la nombrada y su madre [...]. Que inmediatamente después, con el objeto de ocultar los delitos previamente perpetrados (abuso sexual con acceso carnal de V. G., así como la sustracción del celular marca LG mencionado), ambos sujetos, dieron muerte a Teresa Antonia Medina, tras infligirle distintas heridas en su abdomen con un arma blanca, y a V. G., mediante el mecanismo de asfixia por estrangulación" (fs. 26 vta.).
Frente al desvalor del injusto que se aprecia en el caso concreto, el recurrente no se encarga de demostrar que la pena de prisión perpetua sea inadecuada y desproporcionada.
En suma, dado que la pena debe guardar proporcionalidad con la magnitud del contenido ilícito del hecho, o sea, con la gravedad de la lesión al bien jurídico concretamente afectado (conf. CSJN, Fallos: 329:3680), el reclamo queda huérfano de sustento pues se devela como puramente dogmático y no abandona nunca el plano teórico si el recurrente no realiza un análisis circunstanciado del contenido injusto del hecho a fin de demostrar que la reacción punitiva rígida impuesta al autor es contraria a las normas constitucionales y convencionales que cita (conf. mi voto en causas P. 120.347, sent. de 14-X-2015 y P. 120.920, sent. de 11-V-2016).
Tampoco demuestra esa contradicción con normas de rango superior, con argumentos que refieren al cercenamiento de las posibilidades de resocialización y que comparan la pena impuesta con una "pena de muerte" paulatina (v. fs. 161 vta. y 162), pues el art. 13 del Código Penal, prevé las condiciones en las que el imputado puede recuperar su libertad.
Por otro lado, la aludida pretensión de que la pena perpetua no podrá superar los veinticinco (25) años de prisión, o en su defecto deberá declararse su inconstitucionalidad, no posee agravio actual en tanto el asunto concierne a la etapa de ejecución de la condena y de los fallos de la Corte Suprema de la Nación cabe inferir que aun para el caso de las penas perpetuas deberá fijarse, eventual y oportunamente, el momento de su agotamiento (CSJN causa "Ibáñez", sent. de 4-VII-2006; SCBA, causas P. 84.479, sent. de 17-XII-2006; P. 94.377, sent. de 18-IV-2007; P. 111.473, sent. de 17-IV-2013; e.o.); por lo cual, no se advierte el interés actual que motiva el agravio (art. 421, CPP).
En consecuencia, tampoco es atendible la solicitud de "control de convencionalidad" que reclama el impugnante (doctr. art. 495, CPP).
Por lo demás, la parte no ha desarrollado argumentos que resulten suficientemente concluyentes para justificar una decisión de tal gravedad institucional, ultima ratio del orden jurídico, como sería declarar la inconstitucionalidad de la norma cuestionada (causas P. 100.754, sent. de 9-IV-2009; P. 99.833, sent. de 29-XII-2008; P. 100.072, sent. de 12-XI-2008; P. 109.700, sent. de 15-VI-2011; e.o.).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria , Genoud y de Lázzari , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia