Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 127936 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir la queja interpuesta y declarar mal denegado el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis, C.P.P.).
2Desestimar, por inadmisible, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 486, 494 y ccds. del C.P.P.).
P. 127.936-RQ - “Bosco, Jorge Mauricio s/ Recurso de queja en causa N° 627 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal de Dolores”.
///Plata, 16 de agosto de 2017.-
La presente causa, P. 127.936-RQ, caratulada: “Bosco, Jorge Mauricio s/ Recurso de queja en causa N° 627 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal de Dolores”,
1. Conforme se desprende de las actuaciones aportadas por la parte, la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal de Dolores, merced al decisorio dictado el 30 de agosto de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial de Jorge Mauricio Bosco en oposición a la resolución de dicha Sala que confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional n°1 de ese departamento judicial, que mediante la modalidad del juicio abreviado condenó al nombrado a la pena de cuatro meses de prisión de efectivo cumplimiento, costas procesales y declaración de reincidencia, por resultar autor penalmente responsable del delito de encubrimiento por receptación dolosa -dos hechos- en concurso real entre sí (fs. 103/105 en relación a fs. 80/83).
Para arribar a tal decisorio, afirmó que “la mera invocación de la violación a las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio, consagrada en el art. 18 de la CN, precepto que recepta adecuadamente el principio de convencionalidad, -conf. art. 8.2 CADH y 14.5 PIDCyP- sin concretar el agravio, no resulta, per se, suficiente en los términos de los arts. 168 y 171 de la Constitución Pcial. para habilitar la vía recursiva intentada” (fs. 104).
Puso de relieve que las críticas esgrimidas en el recurso no pasaban de ser una opinión personal discrepante con el criterio brindado por el a quo; que “el mero disenso, o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo, desde el ángulo de la técnica del carril impetrado” y en consecuencia concluyó que “en el caso no se advierte sino una disidencia que pretende convertir el recurso en una inadmisible tercera instancia sobre los hechos juzgados (fs. 105).
2. Frente a lo así resuelto, el 5 de septiembre de 2016 se alzó la señora Defensora Oficial del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil n° 2 -doctora María Carolina Brignoles- en reemplazo del defensor departamental, merced al recurso de queja por denegatoria del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, a tenor de lo normado por el art. 486 bis del ritual -según ley 14.647- (fs. 109/114).
Allí reconoció haber interpuesto oportunamente agravios federales (arbitrariedad de la sentencia, que incumple con el deber de fundamentación en franca violación a los arts. 171 de la Constitución Provincial y 106 en función de los arts. 201 y 202 del CPP y 18 C.N.) y destacó que deviene aplicable la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en sus precedentes “Strada”, “Christou” y “Di Mascio” (fs. 111 vta.).
Explicó luego que “el órgano revisor debía limitarse a examinar si se había planteado la cuestión federal, solo a los fines de la admisibilidad y no extenderse a resolver la aptitud de la misma como tal” y que “no puede resolver si ella misma restringió garantías constitucionales, puesto que resulta en la negación misma del derecho al recurso y un absurdo jurídico, en tanto si este órgano hubiera considerado que estaba violando garantías constitucionales, no hubiera emitido ese fallo” (fs. 112).
En resumen destacó que ambos resolutorios “contienen manifestaciones respecto de las cuales resulta imposible por su generalidad, el ejercer el derecho de defensa en juicio” (fs. 112 vta.).
Con cita del fallo de la Corte federal “Dieser-Fraticelli”, subrayó la violación del derecho del imputado al juez natural, al debido proceso e imparcialidad del juzgador, pues a su criterio el a quo invadió la competencia de revisión del fallo y la competencia de revisión propia de éste Tribunal vulnerando las reglas del debido proceso (fs. cit. y 113). Este principio está contemplado en las normas de los arts. 8.2 h de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C.P., por apartarse de la doctrina de la Corte Federal a partir de los precedentes “Casal”, “Gonzalez Arroyo”, “Martínez Caballero” y “Herrera Ulloa” (fs. 113).
Finalmente reclamó que ante la invocación de razones de arbitrariedad, “el Tribunal tiene que decir ‘algo más’ que la mera afirmación de que los cuestionamientos efectuados son sólo discrepancias con lo decidido” (fs. 113 vta.).
3. La queja es procedente (art. 486 bis del C.P.P.).
Tal como afirma la defensa, el Tribunal revisor se excedió en el juicio de admisibilidad pues, como se reseñara en el acápite 1 de la presente, trató el fondo del reclamo (cfe. doct. arts. 483, 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647; P. 125.376, res. del 14/X/2015; P. 126.097, res. del 11/XI/2015; P. 126.219, res. del 16/XII/2015; P. 126.184, res. del 16/XII/2015; P. 125.549, res. del 29/XII/2015; P. 126.076, res. del 2/III/2016, e.o.).
4. En función de lo anterior, corresponde admitir la vía interpuesta y examinar la admisibilidad del recurso contemplado en el art. 494 del C.P.P.
En el mismo la defensa planteó la falta de motivación del fallo de la Cámara por cuanto, explicó, en el recurso de apelación cuestionó la falta de acreditación del elemento subjetivo del tipo ante lo cual, aquélla se limitó a afirmar que coincidía con la jueza de primera instancia dado que la actitud del imputado de llevar las herramientas a su casa, a escondidas, y el haberse desprendido de ellas, acreditaba que debió sospechar que provenían de un ilícito (fs. 100).
Señaló que nada dijo respecto al otro hecho que se le atribuyó en el cual la cosa que presuntamente había sido objeto de receptación sospechosa había sido una bicicleta (fs. cit.).
Entendió que el fallo resultó arbitrario por lo que reclamó la intervención de esta Corte para que declare su nulidad, por incumplimiento de los arts. 171 de la Constitución local, 106, 201 y 202 del C.P.P. (fs. 100 vta.).
6. Sentado ello, cabe recordar que es criterio de este Tribunal que aun cuando no estén satisfechos los requisitos de admisibilidad propios de la vía impugnativa intentada (art. 494 cit.) como acontece en el presente, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley constituye habitualmente el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas, a fin de permitirle al impugnante transitar por el Superior Tribunal de la causa, como recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal (art. 14, ley 48), conforme lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de los precedentes “Strada” (Fallos: 308:490), “Di Mascio” (Fallos: 311:2478) y “Christou” (Fallos: 310:324), entre otros (cfe. doct. Ac. 80.570, res. del 17/VII/2003; Ac. 87.203, res. del 22/IX/2004; Ac. 96.735, res. del 24/V/2006; Ac. 101.238, 5/XII/2007, entre otros).
En dicho marco, cabe destacar que la tacha de arbitrariedad por falta de motivación vinculada con la valoración probatoria tenida en miras para acreditar el elemento subjetivo del tipo, no progresa en tanto la parte se limitó a exponer su disconformidad sin atender que la Cámara juzgó acreditada tanto la materialidad ilícita como la autoría del imputado, las cuales entendió fundadas y concluyó que la defensa no había logrado conmover el razonamiento lógico de su inferior, por lo que la alegación resultaba insuficiente como para revertir el fallo (fs. 82).
En tal sentido, no logra demostrar la relación directa e inmediata entre la pretensa arbitrariedad, las cuestiones federales argüidas y lo debatido y resuelto en el caso (P. 120.248, res. del 22/IV/2015; P. 103.915, res. del 11/III/2015; P. 118.365, res. del 19/II/2015; P. 118.613, res. del 19/III/2014, e.o. de esta Corte; C.S.J.N., Fallos: 304:1826; 310:896; 304:948; 307:1803; 308:71; 323:629, e/o).
6. Finalmente, en cuanto al tramo de la queja en virtud del cual el recurrente alegó la inobservancia del art. 171 de la Constitución de la Provincial, cabe señalar que resulta una cuestión ajena al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en tratamiento, pues el vicio que denunció sería reparable, en su caso, mediante el recurso extraordinario de nulidad (cfe. P. 60.795, sent. del 6/XII/2000; P.71.677, sent. del 19/II/2003; P. 72.819, sent. del 8/V/2006; P. 83.300, sent. del 12/VII/2006; P. 85.332, sent. del 5/IX/2007; P. 77.178, sent. del 14/V/2008; P. 81.799, sent. del 29/X/2008; P. 96.193, sent. del 25/III/2009; e.o.).
7. Cabe concluir, entonces, que mantienen plena aplicación los límites objetivos de recurribilidad establecidos en el art. 494 del C.P.P., en tanto la deficiente formulación de los planteos de pretendida índole federal efectuada por la defensa permite descartar la concurrencia de algún supuesto de excepción que conduzca a desplazar dicho precepto local, de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación emergente de los precedentes “Strada”, “Christou” y “Di Mascio”.
8. En función de ello, la petición de inconstitucionalidad de dicha norma (v. fs. 98 vta.) carece de virtualidad en la medida en que lo aquí decidido no se funda en las limitaciones allí establecidas, sino en que no se hallan exteriorizados de modo idóneo los recaudos que permitirían sortear con éxito el acceso de los reclamos de índole federal al conocimiento de esta Corte
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Admitir la queja interpuesta y declarar mal denegado el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis, C.P.P.).
2. Desestimar, por inadmisible, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 486, 494 y ccds. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia