Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128950
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir la queja interpuesta por el señor Fiscal de Casación Penal y declarar mal denegado el recurso articulado ante la Sala Sexta del Tribunal de Casación Penal (art. 486 bis, CPP).
2Conceder la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley obrante a fs. 7/11 (art. 494 del CPP).
"ALTUVE, CARLOS ARTURO (FISCAL) S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 63.401 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN, SALA VI, SEGUIDA A M.M.B.".
La Plata, 9 de mayo de 2018.
La presente causa P. 128.950-RQ, caratulada: "Altuve, Carlos Arturo (Fiscal) s/ Recurso de queja en causa N° 63.401 del Tribunal de Casación, Sala VI, seguida a M.M.B.",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Sexta del Tribunal de Casación Penal, hizo lugar al recurso de la especialidad deducido por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal N° 4 del Departamento Judicial Quilmes que había condenado a M.M.B. a la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autora penalmente responsable del delito de promoción y facilitación de la prostitución de menores de edad, en concurso ideal con infracción al art. 17 de la ley de Profilaxis de Enfermedades Venéreas. En consecuencia, absolvió a la nombrada en relación al delito citado en primer término y mantuvo el restante, adecuando la pena en el pago de una multa de doce mil quinientos pesos (v. fs. 1/5 vta.).
II. Frente a ello, el señor Fiscal ante la aludida instancia interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 7/11), el que fue denegado con fecha 25 de abril de 2017 (v. fs. 12/14 vta.).
Para así decidir, en primer lugar, transcribió lo normado en el art. 494 del Código Procesal Penal y remarcó que en autos no se encuentra abastecido el recaudo vinculado al monto punitivo que la norma requiere.
No obstante, y a tenor de la doctrina sentada por la Corte federal en los precedentes "Strada", "Christou" y "Di Mascio", señaló que la admisibilidad del reclamo no se satisface con la mera invocación de una cuestión federal, sino que resulta necesario su correcto planteamiento a los fines del acceso ante ésta Corte como Superior Tribunal de la causa.
En ese escenario, indicó que la parte no se hizo cargo de lo efectivamente resuelto y, en tanto omitió el desarrollo de una crítica eficaz, no logró evidenciar la arbitrariedad alegada al limitar su crítica a la manera en que fueron analizados los elementos probatorios. Destacó que en el fallo casatorio se detallaron y enumeraron todos los elementos probatorios de naturaleza testimonial que fundan el posicionamiento dado, brindándose las razones sobre las cuales se valoraron dichas manifestaciones (v. fs. 13 vta.).
En consecuencia, observó que el acuse no logró demostrar la relación directa e inmediata entre lo fallado y las garantías que estimó comprometidas.
En su apoyo, recordó el carácter excepcional de la arbitrariedad -con cita de fallos del Máximo Tribunal- y concluyó que el intento del recurrente "no constituye una crítica concreta y razonada de los argumentos en que es[a] Sala sustentó el fallo impugnado por lo que el recurso carece en este tramo de fundamentación autónoma".
III. Contra lo así resuelto, el doctor Carlos Arturo Altuve, articuló recurso de queja (v. fs. 16/23 vta.).
Sostuvo que el a quo denegó erróneamente la vía extraordinaria intentada al apartarse de la doctrina de esta Corte y la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre admisibilidad de la vía intentada. En particular, advirtió que la Sala omitió considerar que el agravio primordial denunciado resultaba ser la arbitrariedad de sentencia por apartamiento de las constancias de la causa y del real fundamento del fallo, vicio que constituye cuestión federal suficiente.
Entendió que los requisitos del artículo 494 del Código Procesal Penal "deben ceder frente al planteo adecuado de cuestiones de naturaleza federal, pues el tránsito al Máximo Tribunal Federal en virtud del art. 14 de la ley 48 no puede verse obstaculizado por restricciones locales de naturaleza procesal, pues lo que se encuentra en juego al interponerse cuestiones federales no es otra cosa que la vigencia y supremacía de la Constitución Nacional" (fs. 18).
En abono de su postura citó diversos precedentes de este Tribunal, a saber: P. 118.738, P. 120.599, P. 118.188, P. 121.639, P. 111.735, P. 117.093, P. 116.821 y acum. P. 117.608, P. 117.082, P. 111.820 y acum. P. 117.335, P. 117.706 y P. 118.218 -fs. cit./20 vta.-.
Dijo que "[esta Corte] ha considerado que deben declararse admisibles los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos por el Ministerio Público Fiscal -aún cuando no reúnen los requisitos del art. 494 del C.P.P.- siempre que se denuncie adecuadamente la arbitrariedad de la sentencia impugnada, en alguno de los supuestos admitidos pretorianamente por la CSJN" (fs. 21 -resaltado y subrayado en el original-).
Expuso que el agravio consistente en la arbitrariedad de sentencia "ha sido debidamente planteado". A tal fin, apuntó que: a) el recurso interpuesto "enmarca adecuadamente la arbitrariedad dentro de los supuestos específicamente reconocidos pretorianamente por la CSJN y la SCBA, cuales son arbitrariedad de sentencia por apartamiento de las constancias de la causa y por arbitrariedad por fundamentación aparente por déficit de motivación"; b) la arbitrariedad de sentencia constituye cuestión federal suficiente; c) no se limitó el recurso interpuesto a invocar de modo abstracto ni genérico la cuestión federal "sino que el recurso ha planteado y fundado sobradamente el motivo de agravio puesto que: se hace referencia concreta a los pasajes de la resolución recurrida en los que se incurre en arbitrariedad, los que detalló; y d) la cuestión federal planteada guarda relación directa e inmediata con la cuestión a decidir "puesto que de no haber incurrido los sentenciantes en la arbitrariedad denunciada, la absolución del imputado, no se habría producido".
IV. La queja procede.
1. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado la parte alegó arbitrariedad por cuanto la sentencia impugnada no constituye una derivación razonada y lógica del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa (v. fs. 7 vta.).
Juzgó que el a quo se apartó del verdadero sustento argumental atinente para la resolución del caso y advirtió que en momento alguno hizo referencia a la expresa valoración -razonada- que llevó a cabo el órgano de mérito de los tres testimonios y a la impresión personal que tuvo el juez al tener en su presencia a la menor de edad. De este modo, puntualizó que la casación se apartó de la valoración efectuada por el órgano de mérito "sin brindar los motivos para ello", sustituyendo al juez en la valoración probatoria y configurando un vicio de arbitrariedad que debe ser declarado por este Tribunal (v. f. 10).
2. De lo reseñado no puede sino colegirse que la impugnación formalizada ha sido erróneamente descartada pues -tal como lo evidenció la presentación en examen- fue articulada contra una sentencia definitiva del Tribunal de Casación Penal que si bien no supera el quantum punitivo al que alude el ceremonial (art. 494, CPP) el recurrente ha denunciado con la suficiencia y carga técnica necesaria cuestiones de pretensa índole federal (arbitrariedad de sentencias, entre otras), que en el marco de la doctrina de los precedentes de Fallos: 308:490; 310:324 y 311:2478, y su progenie, justifican su tratamiento en esta instancia.
V. En función de ello, más allá de lo que se resuelva sobre el fondo del asunto, corresponde conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a fin de asegurar el eventual tránsito del caso hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación (conf. doctr. cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Admitir la queja interpuesta por el señor Fiscal de Casación Penal y declarar mal denegado el recurso articulado ante la Sala Sexta del Tribunal de Casación Penal (art. 486 bis, CPP).
2. Conceder la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley obrante a fs. 7/11 (art. 494 del CPP).
Regístrese, notifíquese y requiérase la causa N° 63.401 al órgano a quo mediante oficio de estilo.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia