Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128950
En la ciudad de La Plata, a 20 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari , Genoud , Soria , Negri , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 128.950, "Altuve, Carlos Arturo Fiscal s/ recurso de queja en causa n° 63.401 del Tribunal de Casación Penal, Sala VI, seguida a Melian, Marta Beatriz".
La Sala Sexta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 16 de marzo de 2016, hizo lugar parcialmente al recurso homónimo interpuesto por el señor defensor oficial de Marta Beatriz Melian contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Quilmes, que la había condenado a la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autora penalmente responsable del delito de promoción y facilitación de la prostitución de menores de edad, en concurso ideal con infracción al art. 17 de la Ley de Profilaxis de Enfermedades Venéreas (arts. 125 bis, párrafo primero -según ley 25.087-, Cód. Penal y 17 de la ley 12.331). En consecuencia, casó el fallo y absolvió a Melian en orden al delito de promoción y facilitación de la prostitución de menores de dieciocho años de edad. Por el ilícito restante adecuó la pena y le impuso una multa de doce mil quinientos pesos ($12.500) y costas, excepto las irrogadas en esa instancia (v. fs. 46/50 vta. con relación a fs. 8/18 vta.).
Contra lo así resuelto el señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Carlos Arturo Altuve, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 52/56).
El tribunal recurrido lo declaró inadmisible (v. fs. 61/63 vta.), lo que motivó la interposición del recurso de queja (v. fs. 88/95). Esta Corte, mediante resolución del 9 de mayo de 2018, lo admitió y concedió la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley articulada (v. fs. 99/102).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 114/116), dictada la providencia de autos (v. fs. 117), presentada la memoria que autoriza el art. 487 del Código Procesal Penal en la que la defensa requirió que se rechace el recurso deducido (v. fs. 122/124), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El señor fiscal denunció la arbitrariedad de la sentencia por apartamiento de la valoración probatoria efectuada por el tribunal de la instancia, sin haber brindado motivos para ello.
Impugnó que la Casación haya concluido que no se acreditó que la acusada conociera la edad de la damnificada y, por lo tanto, que la absolviera en el delito previsto por el art. 125 bis, primer párrafo del Código Penal (según ley 25.087) cuyo texto reprime al que promoviere o facilitare la prostitución de menores de dieciocho años, aunque mediare el consentimiento de la víctima.
Indicó que el revisor no hizo referencia a que el tribunal de origen computó tres testimonios y la impresión personal obtenida al tomar contacto personal con la joven durante el debate y, en función de ello, consideró probado el "...elemento del tipo subjetivo -conocimiento de la minoridad de la víctima- que el órgano casatorio considera que no se encuentra debidamente acreditado" (fs. 55).
Argumentó que los elementos de prueba que habían sido ponderados por el juzgador de origen para arribar al fallo condenatorio fueron sustituidos por la Casación, efectuando así -lejos del principio de inmediación- una lectura diferente sin base adecuada para sostener la orfandad probatoria sobre el punto en discusión (v. fs. 55 y vta.).
Consideró que el a quo realizó una lectura fragmentada del fallo de condena y enfatizó aspectos de las declaraciones de otros de los testigos que depusieron en el debate, sin ocuparse de desmerecer las razones que fueron brindadas por el juez de mérito. Estimó que de haberse analizado la prueba "...en su conjunto y completitud" se hubiera mantenido la imputación (v. fs. 55 vta.).
Concluyó en que el tribunal de juicio, gracias a la inmediatez propia e intransferible del proceso oral, que queda fuera del control casatorio, dio una sólida respuesta al argumento defensista con relación a la notoriedad de la minoría de edad de la víctima (v. fs. cit.).
II. El señor Procurador General, conforme surge del dictamen que obra a fs. 114/116, mantuvo el recurso interpuesto y aconsejó restituir la calificación legal primigenia como también la pena impuesta en la instancia de origen.
III. A fs. 122/124, el señor defensor oficial ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Mario Luis Coriolano, presentó la memoria en los términos del art. 487, tercer párrafo del Código Procesal Penal.
Alegó que la joven tenía diecisiete años y ocho meses de edad al momento de los hechos y que el Tribunal de Casación encontró falta de motivación en cuanto al conocimiento de la minoridad de aquella por parte de la procesada Melian. La defensa explicó que el a quo tuvo en cuenta que J. admitió haber mentido sobre su edad, lo cual fue corroborado porque sus compañeras (que también ejercían la prostitución en el mismo lugar) dijeron que tampoco sabían que era menor. Por lo tanto -reseñó el recurrente- la Casación entendió que el error alegado sobre ese elemento del tipo objetivo "...aún vencible, torna atípica su conducta" (fs. 123).
Según el defensor, la impugnación de la fiscalía ante esta Corte, a pesar de invocar la arbitrariedad del fallo, consiste en realidad en una "...simple petición de examen probatorio ajeno a la instancia extraordinaria".
La defensa ofreció su propia interpretación acerca del mérito de la prueba colectada, en línea con la desarrollada por el órgano intermedio, respaldando el pronunciamiento absolutorio en cuanto aseveró que la sentencia de condena "carece de adecuada fundamentación" sobre el asunto (v. fs. 123 y vta.).
IV.1. El fallo originario tuvo por acreditado que, en distintos días y horarios, en un período comprendido entre el mes de marzo de 2012 y el 28 de junio del mismo año, una persona de sexo femenino que regenteaba un local de los denominados privados, ubicado en la calle Rodolfo López n° … de la localidad y Partido de Quilmes, con ánimo de lucro y para satisfacer deseos ajenos, facilitó la prostitución de mujeres entre las cuales se encontraba una menor de edad (v. fs. 9).
A tal fin, ponderó las declaraciones prestadas por Marta Messina y Matías Abatte, quienes fueron llamados como testigos a presenciar el allanamiento llevado a cabo por personal de Gendarmería Nacional en el lugar aludido. La primera dijo que allí había varias chicas, quienes hablaban entre ellas y no sabían que una era menor de edad. Dijo Messina: "La gendarme comentó: ustedes tienen una menor, y las demás chicas no sabían, según decían. La testigo se imaginó quien era, no parecía, pero por lo que hablaban las otras chicas, esta menor no hablaba y le reprochaban esta situación, se dio cuenta quien podía ser" (fs. 19 vta.). Agregó la testigo que "...en un primer momento no se dio cuenta que la menor era efectivamente menor. Luego si, tal vez se la veía carita más joven. Y las otras cuando se enteraron le recriminaban esto, ¿Cómo no nos dijiste?, le decían" (fs. 20).
Matías Abatte, según el mismo fallo, describió una discusión entre las mujeres "...acerca de si había una menor o no". Dijo: "Que el deponente se dio cuenta cual era la menor, era menudita, medio gordita, y las demás apuntaban a ella" (fs. 20). El testigo refirió que hablaban de que algún familiar de la menor la había llevado sin haber avisado de su edad. Agregó "Que se dio cuenta que era menor, más que nada por los rasgos, contextura" (fs. 20 y vta.).
El juzgador valoró también las declaraciones de las mujeres que ejercían la prostitución en el lugar: L. Z., E. F., la víctima J. E., S. C. y A. B..
L. Z., entre las circunstancias que relató, manifestó que Marta Melian tomó el lugar del anterior encargado, Roberto -hermano de Marta, a quien se llevaron en un allanamiento y resultó detenido-, que Marta era la que "...cobraba la plata y se iba"; que trabajaban por el cincuenta por ciento de lo recaudado y que tenían una planilla en la cual lo registraban, planilla que era retirada por Marta. Narró que hubo al menos tres allanamientos, que desde el anteúltimo hasta el último hubo un corto período de tiempo y en ese lapso vio a Marta diez veces, la que además estaba a cargo del lugar al momento del procedimiento. Dijo que durante el último allanamiento había una menor, pero que no sabían que lo era; que "Supone que no estaba habilitado el local. No iba la policía ni la municipalidad" y que "Si ingresaba una chica nueva, tenía que hablar con Marta" (fs. 10 vta. y 11).
E. F., quien fue la persona que llevó a la víctima al lugar, depuso en términos similares y relató que J. "...se le acercó diciendo que no tenía trabajo y no tenía nada, y además tenía dos hijos. La llevó a trabajar, y le dijo que ya había cumplido los 18"; se trataba de J. E. y después se enteró de que era menor (v. fs. 11 vta.). Según esta testigo, "...la costumbre era no pedir documentos a las chicas que ingresaban a trabajar, actuaban por confianza" (fs. 12).
La joven E. refirió que al contactarse con Marta, ésta le preguntó si era mayor a lo que contestó que sí, a pesar de que tenía "...17 años el día que fue a pedir trabajo. No está segura cuando cumplía los 18 años, cree que a los 4 meses más o menos". J. dijo que cuando se enteraron de su edad, durante el allanamiento, las otras mujeres la querían matar y que también le mintió a E. sobre su edad (v. fs. 12 y vta.).
S. C. brindó un relato básicamente concordante con los anteriores, y refirió que la víctima "Decía que tenía 18 años, y que tenía chicos, pero tenía cara de nena" (fs. 13) y, análogamente A. B. relató los sucesos, los allanamientos, la detención de Roberto en una ocasión anterior, y expresó que cuando se enteraron de la edad de la damnificada le querían pegar aunque también aseveró que "Tenía apariencia de nena. No daba 18 años" (fs. 13 vta.).
IV.2. A fin de descartar la alegación de la defensa respecto del error en el que habría incurrido la imputada sobre la edad de la joven E., el juzgador expresó con relación a su apariencia que incluso un año después del hecho, cuando se le recibió declaración en el debate, "...por sus características fisonómicas, giros de lenguaje, y expresiones en general, no aparent[aba] más de 18 años".
A ello agregó que los testigos del allanamiento pusieron de resalto la corta edad pues Marta Messina dijo que "...se le veía carita más joven", y Matías Abatte expresó que se dio cuenta que era menor "...m[á]s que nada por los rasgos y contextura". También mencionó el testimonio de S. C., compañera de J., quien a juicio del tribunal fue muy precisa cuando dijo, refiriéndose a la víctima, "...decía que tenía 18 años, y que tenía chicos, pero tenía cara de nena" (fs. 13 vta. y 14).
Al tratar la calificación legal el juzgador señaló -en lo que ahora importa- que la prueba rendida dejó en claro que Marta Beatriz Melian era la que regenteaba el departamento donde se ejercía la prostitución que, según los dichos de la víctima, Marta no le pidió documentos y que la acusada era quien daba la autorización para que ingresaran a esa actividad en el lugar (v. fs. 16 vta. y 17).
V. En el recurso de casación -en lo que aquí resulta de interés- la defensa de Melian alegó que su asistida nunca tuvo conocimiento de que la joven era menor de edad, y que tampoco tenía el control del lugar (v. recurso de fs. 22/24 vta.).
El tribunal intermedio, por su parte, consideró que el fallo atacado padecía una "...falta de fundamentación en orden al conocimiento de la minoridad de J. Y. E. por parte de Marta Melian" (arts. 106, 210 y 373, CPP; v. fs. 48).
En ese sentido, explicó que para la aplicación de la figura en cuestión (art. 125 bis, texto según ley 25.087), debía hallarse abastecido el aspecto subjetivo vinculado a la conciencia por parte del ejecutor de estar promoviendo o facilitando la prostitución de una persona menor de dieciocho años de edad pero que en el caso "La propia damnificada admitió en el juicio que la encartada le preguntó si era mayor y que ella le dijo que sí", aunque le faltaban cuatro meses para cumplir los dieciocho años de edad. Agregó el tribunal que la joven también reconoció que le había mentido a su vecina y madrina de su hija mayor, E. F., y que refirió que el día del allanamiento se puso a llorar y le dijo a un gendarme que era menor, causando el enojo de las restantes mujeres, que "...la querían matar" (v. fs. 48).
El a quo reseñó los testimonios de todas ellas, en cuanto afirmaron que ignoraban que J. no fuera mayor. Según el revisor, "Recién después de haberse informado en el marco del allanamiento practicado, que en el lugar se encontraba una persona que no había alcanzado la mayoría de edad, C. y B. llegaron a la conclusión que quien dentro del inmueble 'tenía cara de nena, apariencia de nena' era E. y lo mismo dejaron entrever los testigos de actuación Marta Messina y Matías Abate" (fs. 48 vta.).
La Casación también mencionó que el magistrado de la inmediación apreció que, durante el debate, a más de un año de los acontecimientos, la joven no aparentaba más de dieciocho años (v. fs. 48 vta.).
Como corolario, el revisor concluyó que las conjeturas sobre la edad ponían en evidencia la falta de certeza de que Melian "...tuviera conocimiento que J. E. no contaba con 18 años cumplidos, cuando le solicitó poder ejercer la prostitución en el lugar que regenteaba, de modo tal que el error que alegó respecto del referido elemento del tipo objetivo, aún vencible, torna atípica su conducta a la luz del art. 125 bis del Código Penal" según ley 25.087.
En cambio, el a quo desechó el planteo por el cual se negó que Melian estuviera a cargo del lugar y de regentear la prostitución que allí se realizaba.
En consecuencia, procedió a la absolución por el ilícito contemplado en el Código Penal y mantuvo la condena por el previsto en la ley 12.331 (v. fs. 75 vta./76 vta.).
VI. Como adelanté el recurso procede.
El fallo del Tribunal de Casación es arbitrario en tanto sostuvo que el emitido por el tribunal en lo criminal carece de fundamentación en el asunto que aquí interesa.
Por el contrario, el análisis de la sentencia de origen permite advertir que se infirió el elemento típico discutido de dos circunstancias. Una de ellas referida a la apariencia de la menor, según lo refirieron los testigos y lo corroboró el propio juez del tribunal en lo criminal durante el debate, y la otra, del dato de que quien regenteaba el lugar -la acusada-, frente a esta apariencia física, hubiera omitido pedirle el documento de identidad.
De tal manera, el pronunciamiento tiene la motivación que el a quo le desconoció.
A su vez, el revisor adoptó la hipótesis de un error de hecho de la acusada acerca de tal elemento del tipo, sin haber considerado la configuración de un supuesto de dolo eventual (conf. causa P. 130.162, sent. de 7-XI-2018) ya que, ante la juventud evidente de la damnificada, optó por no pedirle el documento de identidad, aceptando por tanto que pudiera no tener la edad que refería, vista además su imperiosa necesidad de ganarse el sustento por ser una madre de dos niños con serias necesidades económicas (necesidad reconocida por la defensa a fs. 23).
A mayor abundamiento, para evaluar la posibilidad de que Marta Melian hubiera incurrido en error el a quo debió considerar incluso que, según lo refirieron las testigos, el lugar había sido allanado en múltiples oportunidades y el hermano de la acusada detenido en alguna de ellas (testimonios de Z. y B.). Es en ese contexto en el que el tribunal debió valorar el sentido que tuvo que la procesada no adoptara el recaudo de pedir el documento a la menor, como actitud indicadora de que aceptó seriamente la posibilidad de producción del resultado típico, propia del dolo eventual y no de un error excluyente del dolo.
La relevancia de ese contexto para inferir el dolo de Melian se confirma con los dichos de la acusada -transcriptos por la defensa en el recurso de casación-, quien dijo que: "Los requisitos eran que sean grandes, ya que no querían tener problemas. Si se les pedía documentos, y sabían que allanaban así que no querían tener problemas" (fs. 22 vta.), poniendo en evidencia que se tenía plena noción de la importancia de constatar la fecha de nacimiento de las mujeres. En cuanto a la excusa de que no era la encargada del lugar, sino que únicamente iba allí y "...la hacían trabajar", se trata de una explicación que fue desvirtuada por el tribunal intermedio (v. fs. 49 y vta.).
Por otra parte, no se puede pretender que si las compañeras de la joven no sabían que era menor lo mismo pueda decirse de Melian: el rol de esta última era diverso al de las restantes mujeres ya que la acusada regenteaba el lugar y decidía quien ejercía la prostitución en el sitio, lo cual la coloca en una posición completamente diferente a la hora de verificar si se trataba de una persona mayor de edad.
En supuestos que presentan similitud con el que aquí se juzga, por tratarse de figuras delictivas que también contienen entre sus elementos objetivos la edad de la víctima, se ha sostenido que es posible el dolo eventual en lo que atañe a ese aspecto, "...pues si hay dudas sobre el particular, responde por el delito a ese título" (en relación con el delito de corrupción de menores: Gavier, citado en Donna, Derecho Penal, Parte Especial , Tomo I, Rubinzal-Culzoni, 3ª edición, Santa Fe, 2008, pág. 673).
Así, "...puede admitirse el dolo eventual, en conexión con lo que se refiere a la edad de la víctima" (sobre el abuso sexual del art. 119 del Código Penal y también el ilícito del art. 120 del mismo, D’Alessio, Código Penal Comentado y Anotado, Parte Especial , La Ley, Bs. As., 1ª edición, 2004, págs. 168 y 186). Para Soler, en la violación, basta "...el dolo eventual con respecto a la duda posible de si la víctima tiene o no esa edad" ( Derecho Penal Argentino , Tomo 3 , pág. 286, Bs. As., TEA, 1978) y Jeschek, al abordar el tema del dolo eventual, brinda el siguiente ejemplo: "El autor no sabe que la muchacha sobre la que realiza actos sexuales es menor de catorce años [...] Pero, a la vista de su apariencia exterior, cuenta seriamente con ello, y no obstante, no detiene su actuación" ( Tratado de Derecho Penal, Parte General , Volumen Primero, Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1981, pág. 405); (sobre el engaño como excusa para invocar un error de tipo, véase también Baigún-Zaffaroni, Código Penal , Bs. As., Hammurabi, 1ª edición, 2008, Tomo 4, pág. 623).
Al no haber considerado este análisis, decisivo para el caso, el tribunal intermedio incurrió en arbitrariedad por falta de motivación suficiente y su pronunciamiento tiene que ser descalificado, pues las sentencias deben ser fundadas y constituir una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (CSJN Fallos: 311:948; 319:301; 321:1989; e.o.).
Por lo tanto, y a diferencia de lo que postula la defensa en su memoria ante esta Corte (v. fs. 122/124), el reclamo de la fiscalía no es una mera discordancia con el mérito de la prueba sino la denuncia de un auténtico caso de arbitrariedad que habilita la competencia de esta Corte para resolver sobre la materia.
No hallándose pendiente el examen de ningún otro asunto de los formulados ante la instancia intermedia ya que el a quo respondió y rechazó el argumento según el cual Marta Melian no era la encargada del lugar (v. fs. 49 y vta.), corresponde casar la sentencia impugnada y restablecer la
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