Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 127516 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja impetrada por el señor Defensor Oficial Adjunto de Casación a favor de Pablo César García Gallardo; con costas (arts. 486, 486 bis y ccds. del C.P.P.).
P. 127.516-RQ - “García Gallardo, Pablo César s/ Recurso de queja, en causa n° 63.225 del Tribunal de Casación Penal, Sala III”.
///Plata, 28 de junio de 2017.-
La presente causa P. 127.516-RQ, caratulada: “García Gallardo, Pablo César s/ Recurso de queja, en causa n° 63.225 del Tribunal de Casación Penal, Sala III”,
I. La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 5 de abril de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de Pablo César García Gallardo contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad intentado frente a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 de Mar del Plata, que lo condenó a la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud no se acreditó, y lo declaró reincidente (fs. 38/40 vta.).
II. Frente a ello, el señor Defensor Oficial Adjunto ante la aludida instancia -doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi- articuló recurso de queja (fs. 47/49 vta.).
Luego de referir a los antecedentes de la causa y al cumplimiento de los requisitos formales de la impugnación, discrepó con la resolución del a quo que juzgó que la vía extraordinaria local intentada no logró demostrar la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales que la parte entendió vulneradas y lo debatido y resuelto en el caso (fs. 47/48).
Precisamente, criticó los postulados casacionistas que concluyeron que la vía escogida sólo cuenta con una “opinión diversa en cuanto a la procedencia de valorar una circunstancia fáctica por lo que la sentencia recurrida no resulta arbitraria”, y que “no se argumenta la violación a los principios de culpabilidad y proporcionalidad en relación a la pena finalmente impuesta” que permitieran concluir en su inmotivación o tilde de arbitrariedad (fs. 48 y vta.).
Así, bajo el tópico que denominó “a) Supuesta falta de demostración de la relación directa. Diversa opinión. Falencias del recurso” expuso que al presentar la memoria que autoriza el art. 458 del C.P.P. introdujo el planteo referente a que el recupero parcial de lo sustraído implica una menor lesión al bien jurídico tutelado que, a la luz del art. 41 del Código Penal, “trae aparejada la necesidad de valorarlo al momento de determinar la pena” (fs. cit.).
En ese discurrir, señaló el responde otorgado por el órgano casatorio.
Indicó que si bien el voto minoritario reconoció la existencia de recuperación de lo sustraído -aunque sólo parcialmente- y postuló que, a fin de no vulnerarse el principio de culpabilidad, tal circunstancia debía valorarse como pauta diminuente; la posición que hizo la mayoría “afirmó dogmáticamente que el daño a la propiedad se encontraba perfeccionado”.
De tal forma, adujo que el tribunal revisor confundió el daño al bien jurídico requerido por el tipo penal y la extensión del mismo prevista como una circunstancia a considerar en los términos del art. 41 del fondal. Ello toda vez que no se cuestionó la circunstancia fáctica, sino que dicha situación implica una menor lesión al bien protegido, lo que acarrearía una disminución en la sanción (fs. cit.).
Luego, y bajo el apartado que rotuló “b) Supuesta falta de argumentación del recurso en cuanto a la violación a los principios de culpabilidad y proporcionalidad en relación a la pena finalmente impuesta de modo de concluir que resultaría arbitraria o inmotivada”, insistió en el desarrollo marcado en el punto anterior. En efecto, colocó de resalto que en autos “la lesión resultó menor que la que hubiera ocurrido si no se recuperaba -aunque parcialmente- lo sustraído”; argumento que esbozado en su oportunidad no recibió “efectivo y correcto tratamiento” por parte del a quo, lo que derivó en el dictado de una sentencia arbitraria (fs. 49).
Finalmente, esgrimió que, conforme al art. 41 del C.P., dicha circunstancia generó la necesidad de readecuar la sanción a fin de ajustarla a la culpabilidad por el hecho mediante la proporcional reducción de la pena; y que, al no haberse considerado de tal forma, el quantum punitivo resulta “desproporcionad[o] y por ende arbitrari[o]” (fs. cit. y vta.).
III. La queja no es de recibo.
a. Ocurre que el Tribunal revisor, luego que halló reunidos los requisitos de los arts. 482 y 483 del C.P.P., observó que en el presente no se abastecen los recaudos del art. 494 del cód. cit.. No obstante, y si bien recordó que en virtud de la doctrina sentada por la Corte federal en los precedentes “Strada”, “Di Mascio” y “Christou”, el remedio escogido constituye el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieren encontrarse involucradas, señaló que tal reclamo no se satisface con la mera invocación de una cláusula de dicho tenor, por lo que el ensayo defensista “incumple la carga de motivación que traen los artículos 484 y 495 del ritual” (fs. 39 y vta.).
Destacó que la defensa planteó la violación al derecho al recurso, pero sin demostrar la lesión que pregonó, toda vez que de su escrito “sólo surge una opinión diversa a la sostenida en la sentencia”, en relación al modo como -desde su óptica- debió ponderarse una circunstancia de hecho. En esa línea, razonó que no demuestra que el fallo carezca de fundamentación suficiente, descartando así la tilde de arbitrariedad. Asimismo, y respecto de la violación a los principios de culpabilidad y proporcionalidad de la pena, juzgó que tal denuncia se encuentra inmotivada en tanto la parte “tampoco exhibe -ni argumenta- las razones por las que, atento la totalidad de las circunstancias evaluadas en autos, a criterio de la parte la pena finalmente impuesta, que sólo supera en un año el mínimo legal, resultaría arbitraria o inmotivada frente a las circunstancias del hecho o personales del justiciable” (fs. cit./40).
Adunó que esa exigencia “no es antojadiza sino esencial” a fin de aperturar la vía extraordinaria, puesto que la admisibilidad del recurso “se encuentra anclada no a una mera discrepancia dogmática, sino a la persistencia de un agravio concreto (…), que en consecuencia, debe explicitarse y argumentarse”, extremo que no se verificó en el presente (fs. 40).
Concluyó en que el recurrente no logró demostrar la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, en tanto -como anticipó- los cuestionamientos esgrimidos se hallan desprovistos de desarrollo argumental y precisión que permita desentrañar los extremos respecto de los cuales ese tribunal omitió agotar la revisión, conforme la doctrina sentada por la C.S.J.N. en el fallo “Casal” (fs. cit.).
b. Si bien de la reseña efectuada surge que el Tribunal revisor efectuó consideraciones que traspasaron los límites formales del examen de admisibilidad, el juicio negativo debe ser confirmado.
En rigor, el argumento basal por el cual el a quo -de modo acertado- desestimó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley radica en que la defensa no se hizo cargo de lo resuelto en el caso y omitió realizar una crítica razonada y precisa del decisorio atacado; sin demostrar -por ende- la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales invocadas y lo resuelto.
Frente a ello, si bien el quejoso enunció en los títulos de los acápites a y b de su líbelo las supuestas falencias del auto denegatorio, lo cierto es que el desarrollo de los mismos se dirige a cuestionar la conclusión adoptada en sede intermedia al momento de resolver el recurso casatorio.
Y, como es sabido, es la decisión denegatoria (la que no concede el recurso extraordinario local) el exclusivo objeto impugnable por la presentación directa, cuya motivación no puede tener otro fin que la censura a la errónea inadmisión del remedio intentado.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja impetrada por el señor Defensor Oficial Adjunto de Casación a favor de Pablo César García Gallardo; con costas (arts. 486, 486 bis y ccds. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia