Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128151 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa oficial contra la desestimación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
“GONZÁLEZ, CARLOS S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 639 DE LA CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DE DOLORES”.-
La Plata, 13 de septiembre de 2017.-
La presente causa P. 128.151-RQ, caratulada: “González, Carlos s/ Recurso de queja en causa n° 639 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores”,
1. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores, el 18 de octubre de 2016, declaró la inadmisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el defensor oficial de Carlos González contra el pronunciamiento de dicho órgano jurisdiccional que, a su vez, confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional N° 1 que, en el marco de un proceso de juicio abreviado, lo condenó a la pena de seis meses de prisión de efectivo cumplimiento e inhabilitación especial para conducir todo tipo de vehículos por el tiempo de dos años y seis meses, con costas (fs.187/190)
Para arribar a tal decisión, afirmó que no se cumplieron las exigencias del art. 494 del CPP (fs. 188).
De seguido, explicó que las denuncias referidas a la errónea aplicación de los arts. 106, 210, 373 del CPP, 34 inc. 1, 44 del CP, 18 y 19 de la CN y la tacha de absurdo y arbitrariedad en la valoración de la prueba, en rigor, se limitan a exponer un mero criterio divergente con la lo decidido (fs. 188 vta.).
Luego, recordó la doctrina sobre arbitrariedad y concluyó que “más allá de su discrepancia con lo resuelto, el señor Defensor no consigue poner en evidencia la existencia de esos graves defectos de fundamentación” (189 vta.).
2. El Defensor Oficial Departamental, doctor Daniel Ignacio María Arias Duval, dedujo queja (fs. 157/169).
En primer lugar, señaló que la vía del art. 494 del CPP debió concederse pues se denunciaron agravios de índole federal: a) omisión de cuestiones esenciales (arts. 168 y 171 de la Constitución provincial) lo que derivó en la afectación de la garantía de revisión amplia (arts. 14.5. del PIDC y P y 8.2.h. de la CADH); b) absurdo valorativo; c) violación del debido proceso y defensa en juicio (arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; XXXVI de la DADDH; 10 de la DUDH, 14 del PIDC y P y 8 de la CADH -fs. 166 vta.-).
Por un lado, aclaró que contrariamente a lo dicho en el juico de admisibilidad negativo, en ningún momento se denunció la errónea aplicación del art. 34 inc. 1 y 44 del CP (fs. 167).
Por otra parte, alegó que resultan aplicables los precedentes “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la Corte nacional y que el a quo se excedió al desestimar la vía en cuestión. Explicó que se inmiscuyó en el fondo del reclamo al descartar los agravios federales pues debió limitarse a examinar el cumplimiento de recaudos formales del art. 494 cit. (fs. 167/vta.).
A su vez, destacó que la Alzada se valió de afirmaciones genéricas y dogmáticas para descartar la impugnación sin hacer ninguna referencia específica sobre el caso (fs. 168).
Finalmente, entendió que se violó el principio de juez natural, debido proceso, imparcialidad y revisión amplia de la sentencia de condena (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; 8.1. y 8.2.h. de la C.A.D.H.; 14.5. del P.I.D.C. y P. -fs. 168 vta./169-).
3. La queja formalizada es improcedente (art. 486 bis del CPP).
a. De modo preliminar, resulta pertinente aclarar que al no encontrarse cumplidos los recaudos del art. 494 del CPP, únicamente se examinarán los planteos vinculados con la desestimación de los agravios de pretenso cariz federal que fueron materia de análisis por la Alzada (violación de los arts. 18 y 19 de la CN y arbitrariedad).
En consecuencia, no se hará ninguna consideración sobre la tacha de absurdo en la valoración de la prueba ya que no encuadra dentro de dichas temáticas por ser una doctrina creada pretorianamente por esta Corte (cfr. P. 125.551, res. del 20/V/2015, P. 121.572, res. del 30/III/2016; 127.562, res. 12/VI/2017, e.o. de esta Corte).
En igual sentido, tampoco se examinarán las críticas vinculadas con la supuesta errónea aplicación normas del CPP ni del CP por ser materia ajena al ámbito excepcional fijado por los precedentes “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la Corte nacional.
b. Sentado lo anterior, si bien es cierto que el a quo al sostener que no se configuraron las causales de la arbitrariedad en la valoración de la prueba traspasó los límites del art. 486 del C.P.P., lo cierto es que el argumento basal que le dio sustento al juicio de admisibilidad negativo radica en la falta de carga técnica de los agravios de pretensa índole federal por consistir en meras discrepancias en la valoración de la prueba.
En función de lo expuesto, las denuncias de exceso en la jurisdicción no pueden tener acogida favorable ya que el análisis de la suficiencia y carga técnica de la cuestión federal que en definitiva efectuó la Cámara es parte integrante del juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (cfr. doct. arts. 483, 486, 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647; P.125.455, res. del 13/V/2015, P. 125.523, res. del 20/V/2015, P. 125.506, res. del 3/VI/2015, P. 125.630, res. del 17/VI/2015, P. 125.577, res. del 17/VI/2015, e.o.).
Para más, el apelante no removió con eficacia dicho obstáculo formal ya que no realizó ningún esfuerzo tendiente a demostrar que los argumentos expuestos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 176/185) trascendieran de un mero criterio discordante con la valoración de la prueba y configuraran cuestiones de cariz federal desarrolladas con la carga técnica necesaria y vinculadas directamente con lo debatido y resuelto (v. sentencia de Cámara de fs. 153/155 vta.), exigencias éstas necesarias para sortear la inadmisibilidad decretada.
c. Por último, la pretensa afectación de las garantías de juez natural, debido proceso, imparcialidad y revisión amplia de la sentencia de condena resulta insuficiente en razón de que la fundamentación es genérica y no se refiere concretamente a las constancias de la causa. En definitiva, no logra demostrar la relación directa e inmediata entre los derechos que dice vulnerados y lo debatido y resuelto en el caso (art. 15 de la ley 48).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa oficial contra la desestimación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia