Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 126960
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar -por improcedente- la queja interpuesta por el señor Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal a favor de U.L.A., con costas (arts. 486 bis y ccds. del C.P.P., según ley 14.647).
P. 126.960-RQ - “U.L.A. s/ Recurso de queja en causa n° 64.876 del Tribunal de Casación Penal, Sala III”.
///Plata, 3 de mayo de 2017.-
La presente causa P. 126.960-RQ, caratulada: “U.L.A. s/ Recurso de queja en causa n° 64.876 del Tribunal de Casación Penal, Sala III”,
1. La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 18 de febrero de 2016 desestimó -por inadmisible- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la defensa oficial contra la decisión de dicho órgano que, declaró parcialmente procedente el recurso de casación incoado contra el fallo del Tribunal Criminal N° 1 de Necochea que condenó a U.L.A. A la pena de siete años y dos meses de prisión, accesorias legales y costas de primer instancia, por la autoría de los delitos de tentativa de abuso sexual con acceso carnal agravado (hecho 1), y abuso sexual agravado (hecho 2), en concurso real (fs. 146/148 vta.). En consecuencia, obliteró la ponderación de modo severizante de las “amenazas” y referidas al hecho de que el imputado “llamara a su hija para que menguara su declaración incriminatoria”, y fijó la nueva sanción en siete años y dos meses de prisión (fs. 122/124 vta. y fs. 100/111 vta.)
Para así fallar, señaló que la vía prevista en el art. 494 del C.P.P. constituye habitualmente el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas (cfe. doct. “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la Corte nacional) y recordó que -no obstante- “será menester su correcto planteamiento”, hallando que allí radica la falencia de la impugnación en tanto “el libelo incumple la carga de motivación que traen los arts. 484 y 495 del ritual” (fs. 123 y vta.).
A ello, agregó que “el recurso no aborda, desde lo argumental, la pluralidad de delitos cometidos, ni las circunstancias fácticas que lo rodearon; tampoco relaciona el agravio con las circunstancias de la causa” omitiendo explicar cómo -en el caso- la pena impuesta habría lesionado las garantías constitucionales denunciadas. Adunó diversas consideraciones sobre la ponderación del quantum , reprochándole -en definitiva- a la parte la falta de relación de lo planteado con las circunstancias de la causa. Lo cual -a su entender- configura una mera discrepancia con la entidad de la reducción, que no logra expresar las razones de la pretensa cuestión federal (fs. 123 vta.).
Concluyó en la falta de relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales invocadas y lo debatido y resuelto en caso, y entendió que guardaban plena aplicación los límites del art. 494 del C.P.P. (fs. 124).
2. Contra lo allí decidido, el señor defensor oficial -Doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi- presentó queja por recurso extraordinario denegado (fs. 130/135 vta.).
Denunció que el a quo incurrió en exceso en el control de la admisibilidad. Explicó que se pronunció sobre el fondo del asunto, resolviendo el agravio que la defensa pretendía que fuera analizado por esta Suprema Corte.
Esgrimió que ha desnaturalizado la manda del art. 486 bis del C.P.P., utilizando el control de admisibilidad para realizar una defensa de su decisorio, “privando al imputado de que sea el Tribunal Superior quien revise el acto jurisdiccional” (fs. 131 vta./132 vta.).
Se explayó respecto al riesgo que conlleva el análisis de una sentencia por el mismo órgano que la dictó, con citas de precedentes de esta Suprema Corte y doctrina. Expuso que se vedó a Luis Ariel Umeres el acceso a la jurisdicción en el marco de la garantía de la revisión amplia del fallo de condena -art. 8.2.h de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C.y P.- (fs. 133 y vta.)
Sostuvo que la sentencia que rechaza la vía casatoria resulta arbitraria “y por ende no puede considerarse válida y, menos aún una revisión suficiente”. Arguyó que su defendido no pudo conocer y criticar los argumentos que determinaron en nuevo quantum punitivo, situación que pretendía ser subsanada mediante la vía rechazada (fs. 133 vta.).
A continuación, destacó que la sanción de ley 14.647 fue posterior al hecho que se le imputa a su pupilo y que al establecer un “doble juicio de admisibilidad”, deben evitarse los rigorismos en la evaluación del caso por el propio órgano fiscalizador, ya que de otro modo se vería afectado el principio de legalidad (fs. cit.).
Como planteo subsidiario, se ocupó de la insuficiencia endilgada al recurso extraordinario (fs. 134). Expuso que, en caso de que esta Corte considere viable que el órgano complete con nuevos argumentos el decisorio revisor, resulta menester que la parte de respuesta a ellos a fin de subsanar “la ausencia de defensa en juicio” -arts. 15 de la Constitución provincial y 18 de la C.N.- (fs. 134). Sindicó explicitados en el remedio extraordinario los motivos que tachan de arbitraria la pena, así como los respectivos a la insuficiencia de la revisión del órgano -art. 8.2.h de la C.A.D.H.- (fs. cit. in fine ). Concluyó en que el órgano pretende completar la sentencia “poniendo en cabeza de esta defensa la obligación de cuestionar fundamentos que no formaron parte del resolutorio” (fs. 134 vta.).
3. La queja formalizada es improcedente.
Si bien de la reseña efectuada en el punto 1 se advierte que el Tribunal revisor efectuó ciertas consideraciones que traspasaron los límites formales del art. 486 del C.P.P. y se inmiscuyó en la fundabilidad del libelo impugnativo -tal como lo puso en evidencia el quejoso-, el juicio negativo debe mantenerse.
En rigor, el argumento basal por el cual -de modo acertado- se declaró la inadmisibilidad radica en que las pretensas cuestiones federales no se desarrollaron con la suficiencia y carga técnica necesarias, abocándose la parte -en puridad- a esgrimir su discrepancia con entidad de la reducción.
Frente a ello, la defensa no logró controvertir de manera eficaz dicho obstáculo formal pues dirigió sus esfuerzos a reiterar lo esgrimido en la vía extraordinaria, sin evidenciar de qué manera las garantías constitucionales que dice afectadas se vinculan con lo debatido y resuelto en el caso.
Esto último corresponde también al agravio -esgrimido desde otro andarivel- vinculado con la afectación del derecho de acceso a la jurisdicción (arts. 8.2.h. de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C. y P.), atento a la generalidad de los argumentos desarrollados.
En definitiva, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (cfe. arts. 486 y 486 bis del C.P.P.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar -por improcedente- la queja interpuesta por el señor Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal a favor de U.L.A., con costas (arts. 486 bis y ccds. del C.P.P., según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia