Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128148
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir la queja interpuesta por el señor Fiscal de Casación Penal y declarar mal denegado el recurso articulado ante la Sala Quinta del Tribunal homónimo (art. 486 bis, C.P.P.).
2Conceder la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley obrante a fs. 10/20.
P. 128.148-RQ - “Altuve, Carlos Arturo -Fiscal- s/ Recurso de queja, en causa n° 64.967 del Tribunal de Casación Penal, Sala V, seguida a Herrera, Jesica Beatriz”.
///Plata, 16 de agosto de 2017.-
La presente causa P. 128.148-RQ, caratulada: “Altuve, Carlos Arturo -Fiscal- s/ Recurso de queja, en causa n° 64.967 del Tribunal de Casación Penal, Sala V, seguida a Herrera, Jesica Beatriz”,
I. La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, el 27 de mayo de 2015, hizo lugar -parcialmente- al remedio de la especialidad deducido por la defensa de Jesica Beatriz Herrera frente a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 de La Matanza, que la había condenado a la pena de seis años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por hallarla autora penalmente responsable del delito de homicidio en grado de tentativa. En consecuencia, casó el fallo en la parcela referente a la calificación legal, declaró a Herrera autora del delito de abuso de armas y fijó la sanción en tres años de prisión en suspenso y costas; manteniendo incólume el resto de lo resuelto (fs. 1/8).
II. Ante tal escenario, el señor Fiscal -doctor Carlos Arturo Altuve- articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 10/20) el que fue declarado inadmisible por la sede casatoria, mediante el pronunciamiento dictado el 13 de octubre de 2016 (fs. 21/23).
Para así decidir, transcribió lo normado en el art. 494 del C.P.P. y remarcó que en autos no se encuentra abastecido el recaudo vinculado al monto punitivo que la norma requiere. No obstante, y a tenor de la doctrina sentada por la Corte federal en los precedentes “Strada”, “Christou” y “Di Mascio”, señaló que la admisibilidad del reclamo no se satisface con la mera invocación de una cuestión federal, sino que resulta necesario su correcto planteamiento a los fines del acceso ante ésta Corte como Superior Tribunal de la causa. En ese raciocinio, no halló asidero a los postulados del representante de la vindicta pública en tanto “se limita[n] a esbozar una divergencia a título personal en torno a la valoración probatoria[,] y con la mera disconformidad del pronunciamiento atacado no es posible configurar la doctrina aducida”. Recordó el carácter excepcional de la arbitrariedad -con cita de fallos del Máximo Tribunal- y concluyó que el intento del recurrente “no constituye una crítica concreta y razonada de los argumentos en que és[a] Sala sustentó el fallo impugnado por lo que el recurso carece en este tramo de fundamentación autónoma”, y adunó que “[ese] requisito no se satisface con la exposición genérica y esquemática de causales de arbitrariedad o la aseveración de una solución jurídica distinta cuando no se vinculan directamente [con] el contenido del fallo que resuelve las respectivas cuestiones (Cfr. CSJN Fallos: 303:2012; 307:1916 entre muchos), por lo que el impugnante ha incumplido con lo dispuesto en los apartados d) y e) de la regla 3 para la interposición del recurso extraordinario federal, Ac. 4/2007 CSJN (cfr. SCBA P-109.431, rta. el 7/6/10)” -fs. cit.-.
III. Frente a ésta resolución, el Fiscal ante la sede intermedia dedujo recurso de queja (fs. 25/30 vta.).
Liminarmente, indicó el cumplimiento de los requisitos de tiempo, forma y legitimación para recurrir. Asimismo, reseñó los antecedentes del caso (fs. 25/26).
De seguido, bajo el acápite que rotuló “FUNDAMENTOS: INAPLICABILIDAD DEL REQUISITO DEL [ART.] 494 SEGUNDO PARRAFO DEL C.P.P. LA ARBITRARIEDAD DE SENTENCIA COMO CUESTION FEDERAL SUFICIENTE. DOCTRINA LEGAL DE LA S.C.B.A.”, alegó que el presupuesto vinculado al monto de la sanción -en casos como el presente- refiere a la solicitud de imposición de pena formulada por el fiscal. Así, si bien aclaró que en el sub examine se requirió la de ocho años de prisión, al momento de deducirse la impugnación se denunció la existencia de arbitrariedad de sentencia (fs. 26 y vta., la mayúscula y el destacado en el original).
En ese derrotero, expuso que la casación se apartó de la doctrina de Fallos: 308:490; 311:2478 y 310:324; pues “los requisitos del art. 494 del [digesto adjetivo] deben ceder frente al planteo adecuado de cuestiones de naturaleza federal”, a fin de no obstaculizar el tránsito hacia la Corte nacional por medio de “restricciones locales de naturaleza procesal” (fs. cit.).
En abono de su postura, trajo a colación numerosos precedentes de éste Cuerpo, entre los que citó las causas P. 125.901; P. 125.564; P. 118.738; P. 120.599; P. 118.188; P. 121.639; P. 111.735; P. 117.093; P. 116.821; P. 117.608; P. 117.082; P. 111.820; P. 117.335; P. 117.706; y P. 118.218 (fs. 27/29).
Adujo que éste alto Tribunal ha considerado admisible el carril del art. 494 del C.P.P. interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, aun en los casos en que no se logró sortear el valladar del quantum punitivo allí exigido, “siempre que se denuncie adecuadamente la arbitrariedad de la sentencia impugnada, en alguno de los supuestos admitidos pretorianamente por la CSJN” (fs. 29, el destacado en el original).
A continuación, entendió que el agravio esgrimido fue “debidamente planteado” en el recurso extraordinario local, en tanto se enarboló como “arbitrariedad de sentencia por fundamentación aparente, por incurrir en afirmaciones dogmáticas y apartamiento de las constancias de la causa” (fs. cit. y vta., el destacado en el original).
Agregó que ello “constituye cuestión federal suficiente”; que el recurso “ha planteado y fundado sobradamente el motivo de agravio” pues hizo referencia a los pasajes del resolutorio en que se incurre en tal vicio, con indicación de los extremos en que reside el déficit de fundamentación y las contradicciones del decisorio en crisis; lo cual -desde su óptica- “abastece las exigencias de una correcta identificación de las causales de arbitrariedad” (fs. cit.).
Finalmente, sostuvo que su embate “guarda relación directa e inmediata con la cuestión a decidir”, ya que de no haber incurrido los sentenciantes en el vicio argüido, “el cambio de calificación no se hubiera producido” (fs. 30, el destacado en el original).
Así, remató en la omisión de una “correcta evaluación” del tópico esbozado por parte del a quo, en lo que respecta a la negativa basada en cuestiones probatorias “sin tener en cuenta que el vicio denunciado implica una cuestión federal suficiente” (fs. cit., el destacado en el original).
IV. La queja traída prospera, en tanto el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ha sido mal denegado.
De lo reseñado no puede sino colegirse que la impugnación formalizada ha sido erróneamente descartada pues -tal como lo evidenció la presentación en examen- fue articulada contra una sentencia definitiva del Tribunal de Casación Penal que si bien no supera el quantum punitivo al que alude el ceremonial (art. 494, C.P.P.) el recurrente ha denunciado con la suficiencia y carga técnica necesaria cuestiones de pretensa índole federal (arbitrariedad de sentencias, entre otras), que en el marco de la doctrina de los precedentes de Fallos: 308:490; 310:324 y 311:2478, y su progenie, justifican su tratamiento en esta instancia.
V. En función de ello, más allá de lo que se resuelva sobre el fondo del asunto, corresponde hacer lugar a la queja incoada y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, a fin de asegurar el eventual tránsito del caso hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfe. doct. cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Admitir la queja interpuesta por el señor Fiscal de Casación Penal y declarar mal denegado el recurso articulado ante la Sala Quinta del Tribunal homónimo (art. 486 bis, C.P.P.).
2. Conceder la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley obrante a fs. 10/20.
Regístrese, notifíquese y requiérase la causa al órgano a quo mediante oficio de estilo (arts. 486 bis, 487 y ccds. del C.P.P.).-
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia