Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 127534
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar por improcedente la queja traída por la defensa oficial con costas (art. 486 bis CPP, ley 14.647).
“G.J.C. S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 64.644 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA IV”.
La Plata, 20 de septiembre de 2017.-
La presente causa P. 127.534 RQ, caratulada: “G.J.C. s/ Recurso de queja en causa N° 64.644 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV”,
I. El señor Juez doctor Pettigiani dijo:
1. La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, el 17 de noviembre de 2015, declaró inadmisible el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de G.J.C. contra la resolución de ese mismo órgano que, a su vez, confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Mercedes que lo condenó a la pena de siete años y once meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de promoción y facilitación de la prostitución de menores de dieciocho años de edad, en concurso real con “abuso sexual con acceso carnal con consentimiento de la víctima, aprovechándose de la inmadurez sexual de la misma y en razón de la mayoría de edad del autor" (tres hechos; arts. 55, 120, primer párrafo y 125 bis, CP -fs. 12/15-).
2. Contra lo así decidido, el Defensor Oficial, Doctor Mario Luis Coriolano dedujo queja (fs. 61/68 vta.).
3. El recurso de hecho es manifiestamente inadmisible por haberse deducido una vez vencido el plazo previsto en el artículo 486 bis del Código Procesal Penal.
Tal cual surge de las copias adjuntas al presente, la defensa oficial se notificó de la resolución en crisis el 26/XI/2015 (v. fs. 16). Por su parte, el imputado, con fecha 11/XII/2015, tomó conocimiento de lo decidido y manifestó su voluntad impugnativa en el asiento de la unidad penitenciaria (v. fs. 17). Finalmente, la queja se articuló el 22/VI/2016 (v. fs. 68 vta.).
Se advierte que no se acompañaron copias que acrediten el momento en que la defensa tomó conocimiento del “apelo” de G.J.C., a pesar de ser ésta una pieza útil para, eventualmente, sortear el recaudo de la temporaneidad (cfr. art. 486 bis del C.P.P.; P. 125.385, res. del 15/IV/2015; P.125.499, res. del 13/V/2015; P.125.601, res. del 27/V/2015; P.125.576 y P.125.591, ambas res. del 3/VI/2015; P. 125.603, res. del 17/VI/2015, entre otras).
En función de lo expuesto, y tal como se adelantó, el plazo previsto en el citado art. 486 bis venció holgadamente en tanto, tomando en cuenta la última notificación (la del imputado de fecha 11/XII/2015 por no haberse acompañado la fecha en que la defensa oficial tomó conocimiento de la misma), transcurrieron más de seis meses hasta la presentación de la queja ante esta Corte.
4. Frente a tal situación, el quejoso no efectuó ninguna alegación en el recurso de hecho tendiente a justificar su presentación fuera de plazo legal (v. fs. 61/68 vta.).
Sin perjuicio de ello, a fs. 60 obra agregada un acta elaborada con fecha 17/V/2016 por la auxiliar letrada de la Defensa Oficial ante el Tribunal de Casación Penal, doctora Miriam Soledad Montes. Dicha funcionaria explicó que desde el 25/IV/2016 hasta el 17/V/2016 estuvo de licencia y que una vez reincorporada al trabajo, no recibió “respuesta de las diligencias efectuadas los días 20 y 21 de abril del presente, en razón de que hubiese variado la voluntad del interno G.J.C. -alojado en la Unidad Carcelaria N° 11 de Baradero-, volvi[ó] a mantener comunicación telefónica con el nombrado” quien ratificó su intención de recurrir la condena.
5. Ahora bien, las manifestaciones de la auxiliar letrada -respecto de las cuales no se formuló ninguna consideración en el recurso de queja (v. fs. 61/68 vta.)- no resultan idóneas para excepcionar el plazo legal del art. 486 bis cit..
En primer lugar, no era la auxiliar letrada la responsable de canalizar la voluntad impugnativa de G.J.C. sino el Titular de la Defensa Oficial, de ahí que los tiempos en que dicha funcionaria haya estado de licencia resultan completamente intrascendentes para la solución del caso, sin perjuicio de lo cual, resulta pertinente recordar que el derecho de defensa debe garantizarse de forma continua.
En segundo término, en lo que se refiere a las supuestas diligencias practicadas los días 20 y 21 de abril de 2016, no se especificó en qué consistieron dichos trámites y tampoco se adjuntó copia alguna que evidencie que éstos se hayan realizado efectivamente. Por otra parte, teniendo en consideración que el imputado apeló la inadmisibilidad del carril extraordinario el 11/XII/2015 -no se acompañaron copias del momento en que la defensa oficial tomó conocimiento de dicha voluntad- al momento de realizarse esas supuestas diligencias, el plazo del art. 486 bis ya había vencido.
Finalmente, y aún para el supuesto en que se soslayaran las deficiencias detalladas en los párrafos anteriores, y para el hipotético caso que se tomara en consideración la fecha en que la auxiliar letrada mantuvo comunicación telefónica con G.J.C., oportunidad en la que éste ratifico su intención de impugnar (17/V/2016 -v. fs. 60-), la articulación de la queja recién el 22/VI/2016 (fs. 68 vta.), continuaría siendo extemporánea.
6. En este orden de ideas, frente a las particularidades que exhibe el caso y que reseñara, corresponde remitir copias a la Procuración General a fin de que evalúe el ejercicio del Ministerio Público de las Defensa llevado a cabo en el sub lite.
Es que, si bien es cierto que los reclamos de quienes se encuentran privados de su libertad, más allá de los reparos formales que pudieran merecer, deben ser considerados como una manifestación de voluntad de interponer los recursos de ley, y que es obligación de los tribunales suministrar la debida asistencia letrada que permita ejercer la defensa sustancial que corresponda, lo cierto es que no puede admitirse que la defensa deje sin efecto los plazos correspondientes para la interposición de los recursos de ley sin argüir ninguna circunstancia razonable (v. punto 4.) que permita excepcionar dicho plazo de ley (cfr. mutatis mutandi P. 123.447, res. del 1-7-2015).
7. A todo evento, teniendo en especial consideración la manifestación in pauperis del imputado (fs. 17), aún para el caso de soslayar la extemporaneidad del recurso de hecho, de todos modos, éste no podría tener acogida favorable.
Si bien es cierto que en el juicio de admisibilidad negativo se efectuaron consideraciones que traspasaron los límites impuestos por el artículo 486 del Código Procesal Penal (v. resolución de fs. 12/15) -como bien lo advierte la defensa oficial (v. queja a fs. 61/68 vta.)-, lo cierto es que el argumento troncal que le dio sustento a la inadmisibilidad decretada por el a quo consiste en que los agravios de pretensa índole federal (arbitrariedad y errónea revisión de la sentencia de condena) no se desarrollaron con la suficiencia y carga técnica necesaria por no trascender de meras cuestiones de índole procesal y probatoria (cfr. Strada, Di Mascio y Christou de la Corte nacional), extremo que la defensa oficial no logró remover.
En efecto, el quejoso se limitó a reeditar los planteos llevados oportunamente en el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 1/11) insistiendo en que no existe prueba suficiente para tener por acreditado que la menor víctima P. G. fue accedida por diferentes vías y que la denegatoria de incorporación del material fílmico quebrantó las garantías de defensa en juico, debido proceso y presunción de inocencia (v. recurso de queja, en especial, fs. 65 in fine/vta. y 67 vta.). Sin embargo, esta técnica resulta infructuosa en tanto no se evidenció que dichas críticas trascendieran de una mera opinión discrepante con la valoración de la prueba ya que no se demostró la relación directa e inmediata entre ellas, las garantías constitucionales supuestamente afectadas y lo fallado por el Tribunal de Casación Penal al revisar la sentencia de primera instancia (v. sentencia 46/58 vta., en particular, fs. 50/54 donde se descartó el planteo de duda razonable y se confirmó la denegatoria frente a la petición de la defensa de exhibición de los videos durante el curso del debate).
En suma, aun para el supuesto de soslayar la extemporaneidad, lo cierto es que no cambiaría la suerte de lo decidido pues la queja, igualmente, no sería de recibo.
Así lo voto.
II. El señor juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero al voto del doctor Pettigiani en los puntos 1 a 5, 6 segundo párrafo y 7 de los considerandos.
III. Los señores jueces doctores Soria, Negri y Genoud votaron en igual sentido que el doctor de Lázzari.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar por improcedente la queja traída por la defensa oficial con costas (art. 486 bis CPP, ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia