Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128136
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar -por improcedente- la queja traída por el señor defensor oficial Adjunto de Casación a favor de Josué Joel Rodríguez, Esteban Alejandro Rojas y Juan Pablo Rodríguez, con costas (art. 486 bis del CPP).
"RODRIGUEZ, JOSUE JOEL; ROJAS ESTEBAN ALEJANDRO Y RODRÍGUEZ, JUAN PABLO S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 64.979 Y CAUSA 64.984 DEL TRIBUNAL DE CASACION PENAL, SALA III".
La Plata, 21 de marzo de 2018.
La presente causa P. 128.136-RQ, caratulada: "Rodríguez, Josue Joel; Rojas, Esteban Alejandro y Rodríguez, Juan Pablo s/ recurso de queja en causa n° 64.979 y causa n° 64.984 del Tribunal de Casación Penal, Sala III",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante auto dictado 18 de agosto de 2016, declaró inadmisibles los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley incoados por las defensas oficiales de Josué Joel Rodríguez y Esteban Alejandro Rojas -por un lado- y de Juan Pablo Rodríguez -por el otro-, contra el decisorio de dicho órgano que -en lo que aquí interesa- hizo lugar al recurso fiscal interpuesto contra el fallo del Tribunal en lo Criminal n° 3 de Bahía Blanca que absolvió a los mencionados en primer término de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber provocado un grave daño a la salud física de la víctima, por el concurso premeditado de más de dos personas, en concurso real con tentativa de homicidio agravado por la causa; y condenó al restante a la pena de treinta años de prisión, accesorias legales y costas, por la autoría penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, por haber provocado un grave daño a la salud física de la víctima, por encontrarse a cargo de la guarda de la menor y por aprovecharse de la situación de convivencia preexistente, en concurso real con tentativa de homicidio agravado por la causa. En consecuencia, el órgano intermedio casó el veredicto absolutorio de Josué Joel Rodríguez y Esteban Alejandro Rojas por el delito de homicidio agravado por la causa en grado de tentativa, y dispuso el reenvío a primera instancia para que jueces hábiles dicten un nuevo pronunciamiento conforme a derecho (v. fs. 161/165 vta.).
II. Contra lo así fallado, el defensor oficial ante dicha instancia -doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi- interpuso recurso de queja (v. fs. 175/183).
Se abocó a reseñar los antecedentes del caso, especificando los agravios denunciados en cada instancia procesal (v. fs. 176/177 vta.).
De seguido se ocupó de la fundabilidad de la vía de hecho (v. fs. 177 vta.).
1. En primer se expidió sobre el recurso extraordinario que fuera interpuesto a favor de Josué Joel Rodríguez y Esteban Alejandro Rojas (v. fs. 177 vta.).
Confrontó con la falta de definitividad que le endilgó el auto denegatorio, y afirmó que la sentencia ocasiona un gravamen irreparable a quienes asiste (v. fs. cit.). Citó opiniones doctrinarias, y especificó que -en el caso- la irremediabilidad del perjuicio halla anclaje en las dilaciones y trastornos que ocasionaría el mantenimiento de dicha resolución (v. fs. cit. y vta.).
En ese marco, detalló el iter procesal, y advirtió que al denegar el remedio extraordinario, el a quo "parece haber olvidado" que resulta factible la imposición de una pena de prisión efectiva a sus defendidos, lo que impide el cuestionamiento de su intervención conforme fuera acreditada ante dicha instancia (v. fs. 179).
Reconoció, con variada cita jurisprudencial, que las sentencias incompletas no resultan equiparables a definitivas; no obstante, agregó que dicha regla cede ante un supuesto como el de autos. Hizo especial mención a lo resuelto en "Padula" por la Corte federal (v. fs. cit. y vta.).
2. En segundo término se ocupó del carril que fuera incoado a favor de Juan Pablo Rodríguez (v. fs. 179 vta.).
Riñó con la desestimación "por considerar que no se trataba de un supuesto de revisión aparente de la sentencia" (v. fs. cit.). Reprodujo parcelas del decisorio y señaló que su queja consistió en el quebranto al debido proceso y el derecho de defensa al revisar, de manera aparente, la sentencia primigenia (v. fs. 180).
Explicó que el vicio endilgado configura un supuesto de arbitrariedad, en desmedro del derecho al recurso -art. 8.2.h, CADH-. Agregó que la negativa se sustentó a partir de la defensa de su propia sentencia, "remitiéndose a lo ya expresado en su acto jurisdiccional" (v. fs. 180).
Refirió que su denuncia hizo hincapié en la prueba genética, en tanto pone en duda la participación de Juan Pablo Rodríguez en el abuso sexual, y sintetizó lo llevado (v. fs. cit. in fine y vta.). En ese marco, apuntó al exceso del órgano al analizar la presencia de un cuarto agente, con cita específica del párrafo al que le adjudica la desmesura, y arguyó que el órgano "confunde el contenido de la defensa esgrimida por esta parte", y efectúa una salvaguardia defectuosa de su propio fallo (v. fs. 180 vta./181).
En virtud de lo expuesto, enfatizó en el correcto y cuidadoso planteo del agravio constitucional -revisión aparente, en frustración del derecho al doble conforme- (v. fs. 181 vta.).
Se explayó sobre el riesgo que conlleva el análisis de un fallo por el mismo órgano que lo dictó, con citas de precedentes de esta Suprema Corte y doctrina; y advirtió que el auto denegatorio no puede considerarse -en el caso- válido y suficiente para cancelar el carril (v. fs. 181 vta./182). Finalmente, sindicó que siendo la sanción de la ley 14.647 posterior al hecho que se le imputa a su pupilo, deben evitarse los rigorismos en la evaluación del caso por el propio órgano fiscalizador, ya que de otro modo se vería afectado el principio de legalidad (v. fs. 182 y vta.).
III. La queja no prospera (art. 486 bis, CPP).
1. El remedio extraordinario incoado a favor de Josué Joel Rodríguez y Esteban Alejandro Rojas ha sido bien denegado (arts. 486 y 386 bis, CPP):
a. Es que, para así decidir el órgano halló incumplida la exigencia del art. 482 del código ritual, y descartó que -en el caso- se presente un supuesto de equiparación a sentencia definitiva (v. fs. 163 y vta.). Ello, con cita de diversos precedentes de esta Suprema Corte (v. fs. 163 vta./164).
b. Tal como se puso de manifiesto en el juicio de admisibilidad negativo, la decisión del Tribunal intermedio que, hallando comprobada la intervención de los imputados, casó el veredicto absolutorio respecto al delito de homicidio agravado por la causa en grado de tentativa, y dispuso el reenvío a primera instancia para que jueces hábiles dicten un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, no constituye sentencia definitiva ni un supuesto equiparable a tal, desde que recién en la oportunidad en que se complete, nacerá la posibilidad de interponer la vía recursiva que se estime correspondiente (conf. P. 126.201, res. del 24-II-2016; P. 121.410, res. del 9-III-2016; P. 121.564, res. del 16-III-2016, e.o.).
Cabe señalar que la circunstancia de que se considere que la decisión atacada no constituye sentencia definitiva, no se traduce en la firmeza del fallo en ninguna de sus partes.
Resulta pertinente aclarar que una vez completa, para el caso que se articule un recurso a favor de los encausados, corresponderá aplicar lo resuelto por esta Corte en la causa P. 108.199 (res. del 24-VI-2015), caratulada "Carrascosa, Carlos Alberto s/ Recurso de casación. Recurso extraordinario de nulidad contra Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Pcia. de Bs. As.".
En tal sentido, frente a la posible presentación de una impugnación de la defensa contra el fallo de condena, a los fines de garantizar el derecho al recurso (arts. 8.2.h. de la CADH y del art. 14.5 del PIDCP) con mayor plenitud que la que permiten las vías impugnativas ante esta Suprema Corte (art. 161 de la Constitución provincial y su desarrollo en el CPP), la Presidencia del Tribunal de Casación Penal deberá desinsacular jueces hábiles para que integren una nueva Sala que deberá llevar a cabo esa revisión integral.
2. También debe confirmarse el juicio de admisibilidad adverso del carril incoado respecto a Juan Pablo Rodríguez (arts. 486 y 486 bis, CPP).
a. Ello pues, en primer lugar, el órgano identificó que a partir del carril del art. 494 del Código de rito, la parte denunció un tránsito aparente por la instancia, en frustración del derecho al doble conforme (v. fs. 162 vta./163). Sindicó que -además- confrontó la entidad probatoria dada a la pericia genética realizada por la licenciada Rabanal, blandiendo que ninguna de las instancias dio respuesta al planteo sobre un posible tercer contribuyente en el suceso enrostrado; lo que descarta el carácter indubitable de la prueba sobre la autoría de Juan Pablo Rodríguez (v. fs. 163).
Identificados los embates, la Sala Tercera expuso que el carril escogido revestía idoneidad para el tratamiento de las eventuales cuestiones federales que pudieren estar involucradas, en pos de asegurar el tránsito por el Superior tribunal de la causa -conf. art. 14, ley 48 y diversos precedentes de esta Corte-. No obstante, aclaró que resultaba menester el correcto planteo, no bastando -a tales fines- la mera invocación de una cuestión de tal naturaleza (v. fs. 164).
En dicho marco, dedujo que dicha circunstancia no se configuraba en autos, pues la parte se desentendió "por completo" de las respuestas brindadas para sostener la autoría de su defendido, ciñendo sus esfuerzos a esgrimir que el pronunciamiento atacado se basó en repetir argumentos del órgano primigenio (v. fs. 164 vta. in fine/165). Agregó que en su crítica se detuvo en una "supuesta duda -que no existió- en la pericia genética", obviando la ponderación de las restantes circunstancias que colocaron a Juan Pablo Rodríguez -junto a otros dos sujetos- junto a la víctima en el momento en que se llevó a cabo el abuso sexual, "resultando irrelevante la improbable presencia de un cuarto agente, que nada cambiaría en lo relativo a su comprobada intervención" (v. fs. 165).
En virtud de lo expuesto, concluyó en la falta de relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales invocadas, la alegada arbitrariedad, y lo debatido y resuelto en el caso (v. fs. cit.). Para finalizar, recordó el carácter excepcional que reviste la tacha en dichos términos, con mención de diversos fallos de la Corte federal (v. fs. cit. y vta.).
b. Como se advierte, el argumento basal que obturó el acceso de la impugnación a esta Suprema Corte radicó en la insuficiencia del planteo federal.
Frente a ello, el autor de la queja lejos de abocarse a demostrar la relación directa e inmediata entre los derechos que dice vulnerados y lo debatido y resuelto en el caso (art. 15 de la ley 48), reitera lo esgrimido en el carril denegado, insistiendo en que el mismo reviste la aptitud necesaria a los fines de la admisibilidad.
Ahora bien, cabe señalar que si bien es cierto que el órgano efectuó ciertas consideraciones que traspasaron los límites formales del art. 486 del Código Procesal Penal, en el marco indicado ut supra, el juicio negativo debe ser confirmado.
En definitiva, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio respecto a ambas impugnaciones extraordinarias (conf. arts. 486 y 486 bis del CPP).
Por ello, la Suprema corte de Justicia,
Rechazar -por improcedente- la queja traída por el señor defensor oficial Adjunto de Casación a favor de Josué Joel Rodríguez, Esteban Alejandro Rojas y Juan Pablo Rodríguez, con costas (art. 486 bis del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia