Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 127371 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja interpuesta por el señor Defensor Oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal y, en consecuencia, declarar mal denegado el recurso de inaplicabilidad de ley intentado a favor de Andrés Ignacio Llaneza y Fabián Alejandro Rodríguez (arts. 486 bis del C.P.P.).
2Conceder la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley obrante a fs. 74/79 vta.
P. 127.371-RQ - “Llaneza, Andrés Ignacio y Rodríguez, Fabián Alejandro s/ Recurso de queja en causa N° 64.158 y su acumulada N° 64.160 del Tribunal de Casación Penal, Sala III”.
La Plata, 13 de septiembre de 2017.
La presente causa P. 127.371-RQ, caratulada: “Llaneza, Andrés Ignacio y Rodríguez, Fabián Alejandro s/ Recurso de queja en causa N° 64.158 y su acumulada N° 64.160 del Tribunal de Casación Penal, Sala III”,
1. La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, el 2 de febrero de 2016, desestimó -por inadmisible- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa oficial contra el decisorio de dicho órgano que declaró parcialmente procedentes los recursos homónimos interpuestos a favor de Andrés Ignacio Llaneza y Fabián Alejandro Rodríguez, contra el fallo del Tribunal en lo Criminal N° 7 de San Martín que los condenó a las penas de veinticinco y veintiún años de prisión -respectivamente- accesorias legales y costas, y declaración de reincidencia, por hallarlos partícipes necesarios de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego -dos hechos- y por su comisión en poblado y en banda; privación ilegal de la libertad agravada por violencia y amenazas, por simulación de autoridad pública y uso de armas; robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse y por su comisión en poblado y en banda; privación ilegal de la libertad agravada por violencia y amenazas; y asociación ilícita; todos en concurso material entre así. En consecuencia, haciendo lugar a los agravios sobre falta de motivación de la pena y vulneración a los principios de prevención y proporcionalidad, casó la sentencia y adecuó el quantum punitivo en veintitrés y diecinueve años, respectivamente (fs. 80/83).
Para desestimar la vía extraordinaria, la Alzada sindicó el incumplimiento de “la carga de motivación suficiente impuesta por los arts. 484 y 495 del rito”, en virtud de hallar indemostrada la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso (fs. 81 y vta.). Explicó que la parte “se limit[ó] a denunciar” la conculcación de garantías constitucionales, a los fines de exponer un criterio divergente al del órgano en torno a la ley sustantiva, “pero sin abordar ni regular los argumentos dados en la sentencia impugnada” (fs. cit.). Agregó que ello evidencia “disconformidad de la parte con el razonamiento” o con la interpretación de la prueba rendida, lo que per se no acredita el error denunciado. En esa senda, trajo a colación lo fallado por esta Suprema Corte en P. 102.725 (fs. cit. in fine/82). Afirmó que la mera disconformidad del apelante no configura un supuesto de excepción a los fines de la doctrina sobre la arbitrariedad de sentencias -cfe. Fallos 310:234-, y concluyó que “las falencias detectadas impiden tener por fundadas las violaciones constitucionales que se denuncian como punto central del agravio, y que se han ligado indefectiblemente al razonamiento posterior, pues se construyen como se dijo, a partir de la diversa entidad dada a la prueba rendida y que la Sala analizara” (fs. 82 vta.).
2. Contra ese decisorio se alzó el Defensor Oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, mediante la vía de hecho por recurso extraordinario denegado -cfe. art. 486 bis, ley 14.647- (fs. 90/94).
Identificó las razones que cimentaron el juicio negativo y objetó detalladamente lo fallado (fs. 91 vta.). Afirmó que la vía extraordinaria reunía la exigencia de motivación. Expuso que -por un lado- se denunció la errónea aplicación del art. 45 del Código de fondo, y la consecuente afectación al principio de culpabilidad; y -por el otro- que los aportes efectuados por quienes asiste “no ingresaron a la dinámica delictiva” del art. 210 del CP (fs. 92). Recordó que, además, se citó doctrina sobre el punto, y se trajo a colación el material probatorio que impide condenar “razonablemente” a Andrés Ignacio Llaneza y Fabián Alejandro Rodríguez como autores del tipo contra el orden público (fs. cit.).
Puntualizó en los hechos que victimizaron a Quispe y a Carabajal, y concluyó en el adecuado planteo sobre la errónea aplicación de la ley sustantiva, por falta de acreditación de los elementos típicos del art. 210 del C.P. (fs. 92 vta.).
De seguido, se explayó respecto al riesgo que conlleva el análisis de una sentencia por el mismo órgano que la dictó, con citas de precedentes de esta Suprema Corte y doctrina (fs. 92 vta./93).
Concluyó que la desestimación que impugna no puede considerarse “válida y suficiente” para obturar el acceso a los tribunales superiores, y esgrimió que se vedó el acceso a la jurisdicción en el marco de la garantía de la revisión amplia del fallo de condena -art. 8.2.h de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C.y P. (fs. 93 y vta.).
3. La queja es procedente (art. 486 bis del C.P.P.).
Tal como lo mencionó el impugnante, al momento de interponer la vía extraordinaria, se agravió de la errónea aplicación de la ley sustantiva -arts. 45 y 210 del C.P.- y denunció el quebranto al principio de culpabilidad; asimismo extendió dicha falencia respecto del derecho al recurso como garantía de los imputados a obtener una revisión integral de la sentencia de condena -arts. 8.2.h de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C. y P.-, y tachó a la sentencia de arbitraria (v. fs. 74/79 vta.). Embates en los que, contrariamente a lo sostenido en el juicio de admisibilidad negativo, se efectuó una crítica concreta y razonada de la tarea revisora, especificando los motivos puntuales en los que cimenta los reclamos respecto de cada uno de los imputados conforme a los diversos hechos enrostrados, lo que resulta una crítica concreta y razonada de la tarea revisora, que demuestra la relación directa e inmediata con lo debatido y resuelto en el caso (arts. 14 y 15 de la Ley 48).
4. Por todo lo expuesto, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre el fondo del asunto, corresponde admitir el recurso articulado, y requerir al órgano casatorio las actuaciones principales (art. 486 bis in fine y 494 del C.P.P. -texto según ley 14.647).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Hacer lugar a la queja interpuesta por el señor Defensor Oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal y, en consecuencia, declarar mal denegado el recurso de inaplicabilidad de ley intentado a favor de Andrés Ignacio Llaneza y Fabián Alejandro Rodríguez (arts. 486 bis del C.P.P.).
2. Conceder la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley obrante a fs. 74/79 vta.
Regístrese, notifíquese y requiéranse las causas nº 64.158 y 64.160- al órgano a quo mediante oficio de estilo.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia