Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 127938
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, por improcedente, la queja presentada por la defensa oficial contra la denegatoria del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 486 bis del C.P.P.).
Secretaría Suprema Corte
Registrado bajo el N°809
P. 127.938 RQ - “Álvarez, Arnaldo Alcides y Ledesma, José Alberto s/ Recurso de queja en causa 65.237 y su acumulada 65.240 del Tribunal de Casación Penal, Sala III”.
///Plata, 17 de mayo de 2017.-
La presente causa P. 127.938-RQ, caratulada: “Álvarez, Arnaldo Alcides y Ledesma, José Alberto s/ Recurso de queja en causa 65.237 y su acumulada 65.240 del Tribunal de Casación Penal, Sala III”,
1. a. El Tribunal en lo Criminal N° 1 de San Nicolás, el 28 de abril de 2014, condenó a Arnaldo Alcides Álvarez a la pena de doce años de prisión y a José Alberto Ledesma a diez años de prisión por resultar coautores penalmente responsables del delito de robo calificado en los términos del art. 166 inc. 2, párrafo primero, del C.P., ambos con accesorias legales y costas (fs. 1/26 vta.).
b. En lo que aquí interesa, el Ministerio Público Fiscal dedujo recurso de casación y requirió se condene a Álvarez en orden al delito de homicidio agravado por el vínculo, criminis causa , por ensañamiento y alevosía en concurso ideal con robo; y a Ledesma por el delito de homicidio criminis causa , con ensañamiento y alevosía en concurso ideal con robo agravado y se les imponga pena de reclusión o prisión perpetua (arts. 80 inc. 1, 2, y 7; 166 inc. 2 y 54 del C.P. -fs. 30/33vta.-).
c. La Sala III del Tribunal de Casación Penal, el 14 de julio de 2015, luego de efectuar un extenso análisis de la prueba producida durante el juicio oral, concluyó que se demostró con la certeza necesaria tanto que los acusados provocaron el incendio y la muerte de la víctima de autos como “el elemento subjetivo del tipo de homicidio agravado por la causa”. En función de ello, resolvió “casar el veredicto y sentencia, devolviendo jurisdicción al tribunal de primera instancia a fin que, a partir de la comprobada intervención de los acusados en el homicidio… a través de jueces hábiles, renueven los actos necesarios para el dictado de un nuevo pronunciamiento conforme a derecho” (arts. 45 y 80 inc. 7 del C.P.; 1 a contrario sensu , 210, 373, 448, 451, 452, 460 y 461 del C.P.P. -fs. 61/75 vta.).
d. El Defensor Oficial, Doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que tildó de arbitraria la sentencia por vulnerar la garantía de ne bis in idem (fs. 77/81 vta.).
e. La Alzada, el 4 de febrero de 2016, lo desestimó por inadmisible (fs. 82/83 vta.).
Para arribar a tal decisión, afirmó que el pronunciamiento apelado no es definitivo ni equiparable a tal. Indicó que esta Corte tiene dicho que la resolución que anula el veredicto absolutorio y dispone el reenvío para que se realice un nuevo juicio no cumple con la exigencia del art. 482 del ritual. En su apoyo, citó extractos textuales de la causa P. 106.390 (res. del 7/III/2012) y P. 109.863 (res. del 3/III/2010) de esta Corte.
2. Frente a ello, el defensor oficial articuló queja (fs. 90/93).
Manifestó que el fallo de casación es equiparable a definitivo en tanto genera un gravamen de imposible reparación ulterior por afectar la garantía de ne bis in idem (fs. 92/vta.).
Aclaró que lo que se critica en el carril previsto en el art. 494 del C.P.P. es el sometimiento a un nuevo juico y no la aplicación del art. 80 inc. 7 del C.P. (fs. 92 vta.).
3. La queja no puede prosperar (art. 486 bis del C.P.P.).
a. Sin perjuicio de ello, es necesario formular algunas consideraciones en torno al juicio de admisibilidad negativo:
En efecto, el a quo afirmó que la sentencia de casación no es definitiva ni equiparable a ella pero no hizo ninguna mención en torno a la denuncia de ne bis in idem cuando debió hacerlo -como acertadamente lo puso de manifiesto el quejoso- pues, justamente, dicha garantía en determinados supuestos permite excepcionar la falta de definitividad (cfe. P. 106.390, res. del 7/III/2012; P. 107.817, res. del 14/III/2012; P. 108.637, res del 5/IX/2012; P. 113.776, res. del 19/XII/2012; P. 110.177, res. del 26/XII/2012; P. 114.884, res. del 15/V/2013; P. 117.842, res. del 21/V/2014; P. 118.907, res. del 20/VIII/2014; P. 120.059, res del 3/XII/2014 entre muchas otras de esta Corte).
Para más, el propio Tribunal de Casación al examinar la admisibilidad del carril extraordinario trajo a colación el precedente P. 106.390 (res. del 7/III/2012) en el que esta Corte, precisamente, a tenor del rendimiento de dicha garantía equiparó a definitiva una resolución (v. punto 3., párrafos segundos y tercero de la causa P. 106.390). No obstante, la Alzada sólo citó el tramo de dicho precedente en el que se estableció que el decisorio que decreta una nulidad no cumplen el recaudo del art. 482 del ritual (v. punto 3., párrafo primer de la causa cit.) y dejó inoperantes los tramos subsiguientes en los que se la equiparó por ne bis in idem .
En suma, el Tribunal Intermedio, en línea con la jurisprudencia de este Corte citada por éste, debió abordar el planteo contra el doble juzgamiento llevado por la defensa y decidir, si en el caso concreto, resultaba apto o no para sortear la falta de definitividad.
b. Ahora bien, más allá de la omisión en la que incurrió el órgano revisor, lo cierto es que los argumentos expuestos por el quejoso no resultan eficaces para remover el juicio de admisibilidad negativo.
Como se aseveró en el decisorio apelado, el fallo de casación no es definitivo ni equiparable a tal aunque por motivos distintos a los allí indicados.
En efecto, de la lectura de la sentencia casatoria (v. punto 1. c. del presente) surge que la Alzada, en rigor, asumió competencia positiva por considerar que se había incurrido en un error in iudicando . De este modo, se apartó de la valoración de la prueba realizada en la instancia y concluyó que se acreditó con la certeza necesaria la coautoría de los encausados en el delito de homicidio criminis causa .
De ahí que el reenvío dispuesto -aunque el Tribunal de Casación no lo haya expuesto con claridad- debe entenderse que es sólo a los fines de determinar la pena de reclusión perpetua o prisión perpetua aplicable al injusto del art. 80 inc. 7 del C.P. que el órgano revisor tuvo por probado (cfe. doct. P. 99.636, sent. del 3/III/2010 y su progenie).
Sentado lo anterior, resulta pertinente recordar que esta Corte tiene dicho que los pronunciamientos de los órganos revisores que luego de asumir competencia positiva -como sucede en el presente- reenvían al Tribunal de mérito sólo para cumplir con la determinación judicial de la pena -aunque sólo se trate de elegir entre dos tipos de pena indivisible- no constituye sentencia definitiva ni un supuesto equiparable a tal, desde que recién en la oportunidad en que se complete la sentencia, nacerá la posibilidad de interponer la vía recursiva que se estime correspondiente (cfe. P. 112.017, res. del 27/VI/2012; P. 111.427, res. del 11/VII/2012 P. 118.398, res. del 9/IV/2014; P. 120.410, res. del 15/VII/2015; P. 123.201, res. del 14/IX/2016, P. 125.514, res. del 26/X/2016, entre muchas otras de esta Corte).
Frente a ello, la supuesta violación de la garantía de ne bis in idem no es eficaz. Si bien se dispuso el reenvío de las actuaciones a jueces hábiles para que dicte un nuevo fallo, se advierte que es sólo a los fines de que se individualice la pena a imponer. Es decir, la remisión no se debió a vicios producidos durante el debate que exigirían la realización de un nuevo juicio, supuesto que -eventualmente- podría llegar a comprometer la garantía en cuestión, sino que tal como se indicó, tuvo otro alcance (cfe. P. 125.562, res. del 4/V/2016, P. 127.565, res. del 29/III/2017, mutatis mutandi e.o. de esta Corte).
Por último, la circunstancia que se considere que la sentencia de casación no es definitiva no implica la firmeza en ninguna de sus partes ya que una vez cumplido con lo ordenado en el reenvío, la defensa, en su caso, podrá impugnarla deduciendo el carril impugnativo que estime corresponder.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar, por improcedente, la queja presentada por la defensa oficial contra la denegatoria del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 486 bis del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia