Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129408
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, por improcedente, la queja interpuesta por la Defensora Adjunta ante el Tribunal de Casación a favor de Carlos Romualdo Altamiranda, con costas (arts. 486, 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
"ALTAMIRANDA, CARLOS ROMUALDO S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 65.158 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA VI".
La Plata, 29 de noviembre de 2017.
La presente causa P. 129.408-RQ, caratulada: "Altamiranda, Carlos Romualdo S/ Recurso de queja en causa N° 65.158 del Tribunal de Casación Penal, Sala VI",
I. La Sala Sexta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 20 de abril de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido contra la sentencia de dicho organismo que rechazó el recurso de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial San Isidro que condenó a Carlos Romualdo Altamiranda a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo (v. fs. 32/35).
II. Frente a ello, la señora Defensora Oficial Adjunta ante la aludida instancia, doctora Susana E. De Seta, articuló recurso de queja (v. fs. 38/43).
En primer lugar, criticó los argumentos utilizados por el órgano casatorio para desestimar la vía extraordinaria, en razón de que a su entender- se había acreditado la existencia de agravios de naturaleza federal (v. fs. 39 vta.). Explicó que en el citado remedio se sostuvo que el proceder del órgano revisor afectó la garantía de la defensa en juicio, derivada de la violación al derecho a obtener una revisión amplia del fallo condenatorio (v. fs. cit.). Ello en razón a una interpretación formalista y desacertada del servicio de la defensa pública, al anteponerse las prescripciones del Código Adjetivo respecto a la temporaneidad del planteo que se relacionaba con los reclamos que abrieron la revisión (v. fs. 40).
Agregó que un nuevo motivo de agravio planteado por la defensa con posterioridad a la interposición del recurso coadyuva en la tarea revisora, por lo que cualquier disposición legal o, como en el caso interpretación jurisprudencial que lo prohíba, deja sin posibilidad al imputado de contribuir a la realización de la mentada revisión integral de su propia condena (v. fs. 40 vta.).
Sostuvo que el proceder revisor limitado del a quo desconoce lo resuelto por esta Corte en las causas P. 92.143 y P. 117.659 (v. fs. 41 vta.). Asimismo, remarcó que el tribunal intermedio, con una interpretación ultra restrictiva de las prescripciones formales que prescribe el digesto de rito y el uso de doctrina jurisprudencial no aplicable al caso, se desentiende de modo sistemático de los planteos de la defensa (v. fs. 42).
Por todo lo expuesto, consideró que el argumento utilizado por el Tribunal de Casación para cerrar la vía extraordinaria no resulta oponible en el caso en razón de haberse demostrado la existencia de agravios de orden federal violación de la utilidad de la defensa en juicio y afectación del derecho del imputado de acceder a una revisión integral- y su relación directa e inmediata con lo resuelto (v. fs. cit. y vta.).
III. La queja formalizada es improcedente.
III. 1. De la lectura del decisorio en crisis, se advierte que el Tribunal de Casación indicó que si bien se hallaba satisfecho el recaudo vinculado con el monto de la pena, no sucedía lo mismo con el relativo a la índole de los planteos (conf. art. 494 del CPP fs. 33-).
En cuanto a las cuestiones federales invocadas, afirmó que la parte había omitido realizar una crítica concreta y consistente que permitiera evidenciar los extremos de la doctrina alegada. En este sentido, señaló respecto a la denuncia de afectación a la garantía de la revisión amplia que el reclamo se desentendía de lo efectivamente resuelto en razón a que el remedio casatorio había sido declarado admisible, los motivos de agravios abordados sin limitaciones rituales frustratorias de ninguna índole, habiéndose dado respuesta a todos los planteos oportunamente formulados (v. fs. 33 vta.).
En punto a las deficiencias emparentadas con el art. 80 del Código Penal, entendió que la defensa esbozaba una divergencia a título personal en torno a la valoración probatoria, pretendiendo reabrir la discusión sobre el mérito de la misma, sin efectuar una línea argumental sólida que así lo justificara. Por último, afirmó que la genérica alegación del vicio de arbitrariedad y falta de fundamentación no se patentizaba en autos, en razón de que sólo se ponía de manifiesto un particular y subjetivo modo de interpretar lo decidido en lo tocante a la responsabilidad penal del acusado y a la calificación legal empleada (v. fs. 34). En consecuencia, afirmó que la parte no demostraba la relación directa e inmediata entre lo fallado y las garantías que estimaba comprometidas (v. fs. cit.)
2. Más allá de otras consideraciones que podrían formularse en torno al modo en el cual el a quo llevó a cabo el juicio de admisibilidad, lo cierto es que la parte reedita los desarrollos efectuados en el recurso extraordinario, sin hacerse cargo de la respuesta brindada por el órgano casatorio, especialmente en cuanto a la falta de relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales invocadas y lo efectivamente debatido y resuelto en el caso.
Es que cuando el remedio local sólo se sustenta en agravios de tal índole, sobrepasando las exigencias de admisibilidad de la ley ritual, deben hallarse exteriorizados con suficiencia los recaudos que permitirían sortear con éxito su acceso a la instancia prevista en la ley 48 (arts. 14 y 15), pues únicamente así los planteos son aptos para previamente ser resueltos por este Tribunal (conf. Ac. 100.210, res. del 14-XI-2007; e.o.).
Por lo demás, las alegaciones vinculadas con el art. 451 del CPP y la desnaturalización del trámite recursivo no encuentran correlación en las constancias de la causa, en tanto dicha norma no se constituyó en óbice para el progreso de los reclamos defensistas (v. fs. 16/24).
En suma, la presentación directa es inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado en la sede intermedia (arts. 486 y 486 bis del CPP).
Por ello la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, por improcedente, la queja interpuesta por la Defensora Adjunta ante el Tribunal de Casación a favor de Carlos Romualdo Altamiranda, con costas (arts. 486, 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
Lucia Jofre
Subsecretaria
Fin de la sentencia