Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130513
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 130.513-RQ, "Gómez Díaz, Lucas Leonel s/ Recurso de queja en causa N° 65.780 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Soria, Torres.
La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal rechazó el recurso de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de La Matanza que condenó a Lucas Leonel Gómez Díaz a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar -respectivamente- coautor y autor responsable de dos hechos de robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio agravado criminis causae, ambos enlazados en un concurso material de delitos (v. fs. 74/81).
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial adjunto ante aquella sede -doctor Nicolás Agustín Blanco- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 131/138), el que fue declarado inadmisible por el órgano inferior merced a la resolución que luce a fs. 141/143 vta., lo que motivó la presentación de una queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 185/193). Por decisión de esta Corte del 13 de marzo de 2019, se admitió la misma y se concedió el carril extraordinario impetrado (v. fs. 203/206).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 211/213 vta.), dictada la providencia de autos a fs. 214, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. Con relación al suceso del que resultara víctima Leonardo Damián Cuesta (Hecho I), el señor defensor denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 y la inobservancia del art. 165, ambos del Código Penal.
En ese marco, recordó que en el recurso de casación había alegado que el homicidio en examen había sido un suceso accidental producido durante un forcejeo entre Gómez Díaz y la víctima, y que, frente a ello, el Tribunal de Casación resolvió confirmar la calificación legal mediante consideraciones que estimó como dogmáticas y sin ningún fundamento, análisis o explicación que, en el caso concreto, refiera a la existencia de los tipos objetivos y subjetivos de la figura agravada, particularmente en cuanto a las "ultrafinalidades" del tipo penal aplicado a ese hecho ilícito.
Concluyó afirmando que la sentencia dictada por el revisor se limitó a sostener que Gómez Díaz actuó con dolo directo, lo que -a su entender- solo sería suficiente para aplicar la figura básica del art. 79, o en caso como el de autos, la del art. 165 del Código Penal, mas no para justificar la aplicación del art. 80 inc. 7 del mencionado cuerpo legal que exige la presencia de "elementos subjetivos distintos del dolo", "ultrafinalidades", que no fueron abordados "...ni por ende establecido o afirmado por el tribunal intermedio" (v. fs. 133 y vta.).
I.2. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del reclamo en análisis. Concuerdo con su dictamen (v. esp. fs. 212 y vta.).
I.3. Con relación al suceso del que resultó la muerte de Leonardo Cuesta, la defensa había planteado ante el Tribunal de Casación la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal alegando que la intención de su asistido había sido la de desapoderar a la víctima del dinero, pero jamás la de quitarle la vida, produciéndose el deceso de manera accidental (v. fs. 51).
El reclamo casatorio estuvo sustentado en las declaraciones de Pablo Alberto Ramón Mauro, Cristian Daniel Rivero, Gastón Daniel Angenello y Graciela Esther Bogado, quienes afirmaron no haber observado el momento preciso del disparo y, muchos menos, que el mismo se haya efectuado por la espalda (v. fs. cit. y vta.). También se alegó que, en atención a la secuencia de los hechos, no había elementos suficientes para suponer que el imputado haya tenido la intención de quitarle la vida a Cuesta (v. fs. 51 vta.).
I.4. A su turno, el Tribunal de Casación Penal, inicialmente, señaló que el recurrente había reeditado los planteos efectuados durante el debate, los que habían recibido adecuado tratamiento y responde por parte del órgano jurisdiccional interviniente, observando que la parte no se hizo cargo de las conclusiones vertidas en la sentencia ni aportó nuevas consideraciones tendientes a rebatir el fallo de origen (v. fs. 75).
Sentado ello, expuso que con la prueba rendida en la audiencia de debate se había tenido por acreditada la activa participación de Gómez Díaz en ese homicidio (Hecho I), siendo que tal extremo, además, había sido confesado por el encartado y no cuestionado por su asistencia técnica (v. fs. cit. y vta.).
A los fines de rechazar la significación jurídica (art. 165, Cód. Penal) pretendida por la defensa para el evento en trato, puso de relieve que el homicidio criminis causae se conectó ideológicamente con el delito de robo. Señaló que esa conexión resultaba del tipo "final", por cuanto el robo fue el motivo que indujo a los agentes a actuar, y afirmó que el homicidio había sido cometido para consumarlo, basando esa conclusión en la mecánica del hecho donde Gómez Díaz, para perpetrar el despojo en perjuicio de Leonardo Damián Cuesta le disparó por la espalda desde una corta distancia -extremo que tuvo como "irrefutablemente" corroborado con los dichos de la testigo Bogado y con el resultado de la autopsia-, lo que a la postre le produjo su deceso (v. fs. 75 vta.).
De seguido, aludió al aspecto subjetivo de la figura y a lo dicho por Donna (Donna, Edgardo; Derecho Penal Parte Especial, Tomo I, pág. 51) en punto a que, para que se vea corroborada la figura no siempre es necesario una preordenación anticipada, ya que la ley únicamente exige que el fin delictuoso funcione como motivo determinante del homicidio, lo que no requiere indefectiblemente una reflexión sino solo una decisión, que puede incluso producirse súbitamente en el ejecución del hecho (v. fs. cit.).
En suma, juzgó que el delito tipificado en el art. 80 inc. 7 del Código Penal se encontraba configurado por cuanto los delitos en cuestión -homicidio y robo- se hallaban conectados por medio de lo que el mencionado autor de cita llama un "nexo psicológico", y que el homicidio se relacionó directamente con el robo, siendo dicha comunicación un estrecho punto de contacto donde el primero es consecuencia de un evento ocurrido a raíz del segundo.
Concluyó en que ninguna duda cabía respecto del dolo directo que imperara en el homicidio de Cuesta, tomando en consideración el disparo a quemarropa que recibió -menos de 15 cm. entre el cañón y la piel según surgía de la experticia realizada-, desprendiéndose de ello "...claramente el desprecio por la vida humana demostrado por el acusado" (v. fs. 76 vta.).
I.5. Ahora bien, ante la observación efectuada por el señor Procurador General, corresponde aclarar inicialmente que en el recurso de casación la defensa había reclamado contra la calificación legal del suceso en el que perdiera la vida Leonardo Damián Cuesta cuestionando únicamente la existencia del "dolo directo de homicidio" y no la efectiva concurrencia de la "ultrafinalidad típica" como ahora trae en la impugnación extraordinaria en análisis.
Sin embargo, en atención a que el tribunal intermedio abordó el tratamiento de ese aspecto de la condena y a que, ante ello, la defensa formuló agravios en la vía de inaplicabilidad de ley en tratamiento, estimo que cabe dar respuesta a su planteo, discrepando en este aspecto con lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 212 y vta.
I.6. De todos modos, el impugnante no refutó debidamente la conclusión a la que se arribó en la sentencia casatoria, circunstancia que, por insuficiencia impugnativa, obsta a la viabilidad del agravio (arg. art. 495, CPP).
Adviértase que el recurrente reclamó contra la aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal. Empero, en ese cometido, omitió toda referencia a lo decidido por el a quo en cuanto a que, de acuerdo a la mecánica del hecho y a las evidencias que invocó, tuvo por acreditada la exigencia subjetiva de la figura en cuestión, toda vez que el homicidio había sido cometido para consumar el robo.
Es decir, la defensa no se ocupó de rebatir de modo alguno los concretos fundamentos expuestos por el revisor para rechazar la impugnación dirigida contra lo resuelto sobre la existencia del dolo directo de matar, la conexión ideológica entre el homicidio y el robo, y la exclusión de una preordenación anticipada como elemento indispensable del tipo.
Así entonces, ante esta instancia solo se expuso un criterio divergente al del a quo, estrategia recursiva que, por su insuficiencia, vale reiterar, amerita que sea rechazada (doctr. art. 495, CPP).
Como resultado de ello, debe mantenerse la calificación legal del hecho I tal como llega a esta instancia extraordinaria.
II.1. En cuanto al suceso que culminó con la vida de Pablo Martín Saguir, el señor defensor denunció la violación a los arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tildando de arbitraria a la sentencia en crisis por apartamiento de las constancias de la causa.
Indicó que se decidió confirmar la autoría de su asistido sin dar tratamiento a los argumentos de la defensa que reclamaban la absolución. Explicó que en el recurso de casación se había denunciado la absurda valoración de la prueba en la que incurriera el tribunal de juicio al tener por probada la autoría penalmente responsable de Gómez Díaz.
En ese sentido, aludió a lo declarado por el imputado en cuanto a que no había estado en la localidad donde acaeciera el evento juzgado al momento de su perpetración, también a que los testigos Walter Ríos, Jorge Iraola y Abel Annesi no presenciaron el hecho y, por ende, no pudieron ver al autor o a los autores del mismo (v. fs. cit. y 134). Además, recordó la crítica efectuada al testimonio de Buscaglia en el que se había apoyado el fallo originario para tener por probada la autoría de su asistido, desde que sus dichos no fueron corroborados por Annesi, quien por encontrarse en el mismo lugar -a su entender- necesariamente debió haber percibido la misma secuencia que el anterior (v. fs. cit. y vta.).
De seguido criticó el rechazo del agravio casatorio y consideró que la decisión del tribunal revisor constituyó un tránsito aparente por esa instancia que frustró el derecho del imputado a obtener la revisión de la sentencia condenatoria, de conformidad con lo establecido por los arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues la respuesta a ese reclamo consistió en una parcial reiteración de las razones brindadas por el sentenciante de grado, a las que agregó algunas afirmaciones genéricas y abstractas apartadas de las constancias de la causa. En rigor, expuso que no se verificó si en el caso se había aplicado de modo correcto el método histórico y respetado el principio in dubio pro reo (v. fs. 135).
En ese marco, sostuvo que nada se dijo en punto a que su asistido se encontraba en otro lugar al momento del hecho, y que tampoco fueron analizados los cuestionamientos efectuados a la valoración del testimonio de Buscaglia, con relación a lo dicho por Annesi.
Agregó que el Tribunal de Casación para confirmar el fallo impugnado se apoyó en el testimonio de Buscaglia, quien imputó directamente a Gómez Díaz en el marco del reconocimiento en rueda de personas (v. fs. 136). Sobre este punto, explicó que el acta de reconocimiento en rueda de personas no había sido incorporada al debate por su lectura por lo que no podía válidamente afirmarse, como se lo hace en la sentencia impugnada, que Buscaglia haya efectuado una imputación directa contra su defendido en el marco de dicho reconocimiento, dado que no integró el plexo probatorio al que legalmente pudo echar mano el tribunal para resolver la cuestión planteada, conforme las reglas que regulan el debido proceso (art. 18, Const. nac. -fs. 136 y vta.-).
Así, concluyó en que lo dicho por el mencionado testigo en el debate no permitía más que sostener que el mismo había reconocido en la diligencia de reconocimiento en rueda de personas al conductor de la moto -que a su vez lo apuntara con un arma de fuego-, sin que exista dato alguno que permita verificar que esa persona sea Gómez Díaz, pues no habiéndose incorporado dicha acta al debate por lectura -ni exhibido la misma al testigo durante su declaración para que reconozca su firma y exprese si hacía referencia a esa diligencia- no existía modo legal de vincular al imputado con el sujeto al que se refiriera Buscaglia en el debate como aquél al que reconociera en una diligencia de reconocimiento (v. fs. 136 vta. y 137).
Por todo lo expuesto, entendió que el Tribunal de Casación incurrió en arbitrariedad y en afectación del debido proceso y el derecho de defensa en juicio (art. 18, Const. nac.), en tanto habría efectuado una revisión de la sentencia de condena en violación a lo normado por los arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vulnerando el alcance establecido por la Corte nacional en el fallo "Casal" (v. fs. 137 vta.).
II.2. La Procuración General también aconsejo la desestimación de ese tramo de la impugnación (v. fs. 212 vta./213 vta.).
II.3. Concuerdo con ese dictamen y adelanto que, si bien el recurrente denunció la infracción de normativa supranacional (conf. arts. 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP), la vulneración de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fallo "Casal"), arbitrariedad y transgresión del principio in dubio pro reo, sus desarrollos no logran demostrar la existencia de algún vicio descalificante de la decisión impugnada.
Es que la decisión del a quo cumple con los estándares emergentes de los fallos y las normas mencionadas cuya transgresión se denuncian, en tanto se expidió en lo relativo a la prueba de la materialidad ilícita y autoría de Lucas Leonel Gómez Díaz conforme los motivos de agravios que fueron llevados a su conocimiento.
II.4. En este punto, cabe señalar que el tribunal de mérito tuvo por acreditado que el día 7 de febrero de 2013, promediando las 21:00 hs., en el cruce de las arterias Medrano y Belgrano de la localidad bonaerense de Ramos Mejía -Municipio de La Matanza-, dos sujetos varones -uno de ellos supuestamente menor de edad- a bordo de una moto tipo Cross, mediante intimidación con al menos un arma de fuego que empuñaba uno de los malvivientes -apta para el disparo y cargada- interceptaron a Pablo Martín Saguir quien se desplazaba al mando de la moto marca Yamaha, modelo XTZ 250, dominio 695-IPL, e intentaron apoderarse del motovehículo prealudido, empero ante la maniobra evasiva de la víctima, uno de los malvivientes con el claro propósito de consumar el ilícito en proceso, descerrajó un disparo contra la humanidad de Saguir impactando el proyectil en la región toracolumbar. Que a raíz de la lesión sufrida la víctima cayó herida frente a un comercio ubicado en la calle Medrano, abandonando la moto en el lugar para luego continuar a pie, desplomándose metros más adelante, desapoderando los malvivientes al premencionado de la motocicleta prealudida y de la mochila que cargaba, para finalmente darse a la fuga cada uno montado a una motocicleta. Que finalmente y en razón de la magnitud de la herida de bala sufrida por Saguir al día siguiente se produjo su deceso (v. fs. 10 vta. y 11).
II.5. Frente a ese fallo los agravios casatorios consistieron -esencialmente- en argumentaciones sobre la pretendida ajenidad del imputado en el hecho que tuvo como víctima a Pablo Martín Saguir.
Por su parte, luego de traer a colación lo resuelto por la Corte nacional en el fallo "Casal" (v. fs. 77 vta.), el a quo sostuvo que el tribunal de juicio había expresado las razones que lo llevaron a decidir como lo hizo, dando respuesta a todas las cuestiones invocadas por la defensa, las que tuvo por reeditadas en esa instancia, y señaló no advertir que se haya incurrido en afirmaciones absurdas o arbitrarias a tener por acreditada la autoría responsable del encartado en el denominado Hecho 2 (v. fs. cit.).
Expuso que el órgano de origen había realizado un pormenorizado análisis de las piezas probatorias reunidas en la audiencia, ponderación que sin dudar lo llevó a colocar ese extremo en cabeza de Gómez Díaz, no evidenciando el revisor que existiesen vicios lógicos que conmovieran la conclusión cuestionada. En ese sentido, indicó que se había formado convicción fundamentalmente sobre la base de las declaraciones testimoniales brindadas en el debate por Luis Alberto Buscaglia, Abel Alfredo Anessi y Ernesto Acuña, las cuales cimentaron su decisión, además de valorar las constancias que fueron incorporadas válidamente por lectura y el comportamiento del encausado con posterioridad al evento luctuoso (v. fs. 78).
Así, juzgó que del categórico relato formulado por Buscaglia se desprendía con meridiana claridad la participación del encartado, siendo que como testigo presencial había aportado vastos detalles del segmento que le tocó presenciar -vestimenta y contextura física de los sujetos activos, armas que portaban, manifestaciones realizadas, características de la moto con la que arribaron, etcétera-, además de dar cuenta que durante la diligencia de reconocimiento en rueda de personas que practicara en la estación policial local identificó al conductor de la moto roja, blanca y negra, con la expresa mención de que se trataba del mismo sujeto que lo apuntara con un arma de fuego, distinguiendo -además- los revólveres calibre .32 y .22 largo como las armas que empuñaba el reconocido en el hecho (v. fs. cit.).
Destacó lo concluido por el sentenciante originario sobre el contenido de dicha declaración y afirmó que los dichos del nombrado se complementaban con las manifestaciones esbozadas por los testigos Anessi y Acuña, quienes coincidían con Buscaglia en algunos tramos de sus declaraciones (v. fs. 78 vta.).
También señaló que se había tenido en cuenta la manifestación del imputado de poseer al tiempo del hecho una moto de las características reseñadas por Buscaglia, con más lo captado por las cámaras de seguridad, añadiendo que el juzgador había contemplado correctamente la actitud adoptada por Gómez Díaz con posterioridad al hecho (v. fs. cit. y 79).
El tribunal revisor expresó que la directa imputación efectuada por Buscaglia en el marco del reconocimiento en rueda de personas, más el hecho de que el aquí imputado había admitido poseer al tiempo del hecho una moto como la descripta por el citado testigo y que fuera captada inmediatamente después del suceso por cámaras de seguridad, ubicaban irremediablemente al imputado en el epicentro de los acontecimientos como autor materi
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