Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 128421
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa oficial a favor de Ramiro Joaquín Fernández (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del C.P.P.).
Secretaría Suprema Corte
Registrado bajo el N°801
P. 128.421-RQ - “Fernández, Ramiro Joaquín s/ Recurso de queja en causa N° 658 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Pergamino”.
///Plata, 17 de mayo de 2017.-
La presente causa P. 128.421-RQ, caratulada: “Fernández, Ramiro Joaquín s/ Recurso de queja en causa N° 658 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Pergamino”,
1. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Pergamino, mediante el pronunciamiento dictado el 6 de diciembre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido contra la resolución de ese mismo órgano jurisdiccional que confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional Nº 2 departamental que condenó a Ramiro Joaquín Fernández a la pena de siete meses de prisión de cumplimiento efectivo, con costas, por resultar autor de los delitos de lesiones leves calificadas por la calidad de la víctima, en el marco de violencia de género y amenazas (fs. 12/14 y vta.).
Para así resolver, liminarmente afirmó que el presente no encuadraba en los presupuestos del art. 494 del Código Procesal Penal, atento el monto de la pena impuesto.
Sentado ello, expresó que tampoco se verificaba un supuesto de excepción que habilitase la competencia de esta Corte en razón de que la sentencia de segunda instancia resultaba confirmatoria de la dictada por el órgano de juicio por lo que no se encontraba en crisis el principio del doble conforme (fs. 13). Agregó que las críticas del recurrente se vinculaban a temáticas de corte procesal, las que conforme su naturaleza resultaban impropias para habilitar la competencia de este Tribunal; trajo a colación la causa P. 125.623 y sostuvo que la parte no había introducido una cuestión federal con la suficiencia y carga técnica necesaria conforme los fallos “Strada”, “Christou” y “Di Mascio” de la C.S.J.N. (fs. cit./14).
En definitiva, sostuvo que el impugnante no fundamentó cuál era la directa relación entre lo decidido y los derechos constitucionales que consideró conculcados, pues solo se había limitado a alegar un motivo casatorio que habilite su interposición (fs. 14).
2. Frente a ello, el señor Defensor Oficial -doctor José Alberto Raimundo-, articuló recurso de queja (fs. 16/20).
Sostuvo que la denegatoria del carril impugnativo extraordinario afectó directamente derechos y garantías constitucionales de su asistido -derecho de defensa en juicio, debido proceso legal, derecho al recurso, y los principios de inocencia y republicano de gobierno así como la sana crítica racional y el deber de motivación- (fs. 17).
Explicó que este Tribunal ha dado trámite a los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley en base a la doctrina del absurdo probatorio o valorativo “permitiendo el ingreso de consideraciones relacionadas con la valoración de la prueba y la determinación de los hechos, consagrando [al mismo] como el carril idóneo para el tratamiento de cuestiones federales que ha permitido acceder [a esta Corte] por esta vía con planteos de índole procesal o de valoración de la prueba, en la medida que aquellos pudieran constituir una cuestión federal” (fs. cit. vta.).
Respecto de la procedencia, apuntó que en autos aparece inobservada la ley sustantiva “puesto que se han afectado los derechos constitucionales del debido proceso legal y de la defensa en juicio -art. 18 de la C.N.-, situación que se origina a partir de la arbitrariedad del resolutorio cuestionado por ésta vía, ya que el mismo no ha respetado las exigencias de debida fundamentación que el Supremo Tribunal Federal al respecto establece, de acuerdo a las prescripciones garantizadoras emanadas de lo mandado por los arts. 1, 16, 18, 28 y 75 inc. 22º de la C.N.; art. II de la D.A.D. y D.H., arts. 7º y 11, apartado 2. de la D.U.D.H., arts. 15. apartado 1 y 26 del P.I.D.C. y P., arts. 9 y 24 de la C.A.D.H. y 11, 25 y 57 de la Constitución Provincial” (fs. cit).
Consideró que la resolución de la alzada que no concedió el recurso incoado importó el surgimiento de una cuestión federal con posterioridad a la interposición del referido remedio, lo cual -a su entender- “también habilita su revisión por parte de [esta] Suprema Corte”. Así, expuso que tal planteo de carácter federal no es otro que el privar al imputado del derecho al recurso (fs. 18 vta.).
Finalmente, insistió en que el pronunciamiento atacado -al denegar la vía extraordinaria por considerar que el pretenso agravio federal careció de la exigencia requerida a fin de sortear el valladar legal- se basó en una mera afirmación dogmática que, a su criterio, “result[ó] insuficiente para sostener la denegatoria” (fs. 19).
3. La queja formalizada es improcedente.
De la reseña efectuada en el acápite 1 de la presente, se advierte palmariamente que la defensa no se hace cargo de los fundamentos sobre los que la Cámara basó la inadmisibilidad del remedio extraordinario deducido.
Así, las críticas ahora esgrimidas no pasan de ser una opinión discrepante con el criterio sustentado por el a quo, en tanto se limita a decir que en aquel medio impugnativo se hallaba en juego una cuestión federal.
Para más, centra su discordancia en la mera alegación de que el órgano intermedio resolvió a partir de fórmulas dogmáticas que ni siquiera intenta identificar ni desbaratar.
En este escenario, los agravios traídos en la queja no logran conmover el juicio de admisibilidad negativo efectuado, pues la adjudicación de deficiente fundamentación del decisorio en crisis no pasa de ser un criterio particular del quejoso, si se considera que éste cuenta con las exigencias que el art. 486 del C.P.P. prevé para la admisibilidad del recurso en cuestión.
Por ello la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa oficial a favor de Ramiro Joaquín Fernández (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia