Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 127862 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja traída por la defensa de Daniel Ángel Galarza; con costas (arts. 486 bis y ccds. del C.P.P.).
P. 127.862-RQ - “Galarza, Daniel Ángel s/ Recurso de queja, en causa n° 65.910 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV”.
///Plata, 12 de julio de 2017.-
La presente causa P. 127.862-RQ, caratulada: “Galarza, Daniel Ángel s/ Recurso de queja, en causa n° 65.910 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV”,
I. La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 30 de diciembre de 2015, desestimó, por inadmisible, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de Daniel Ángel Galarza, contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad intentado contra la resolución de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón, que confirmó el auto de origen que denegó el planteo de extinción de la acción penal por prescripción (fs. 45/48 vta.).
Para así decidir, juzgó que la decisión atacada no reviste el carácter de sentencia definitiva en los términos del art. 482 del C.P.P., ni resulta un supuesto de equiparación a tal. Agregó que si bien cabría excepcionar dicha regla en los casos en que se alegare seriamente la prolongación injustificada del proceso, en el sub lite no acontece ello, pues los desarrollos defensistas refieren a ella en forma general e insuficiente. Citó precedentes de ésta Corte y agregó que las pretendidas cuestiones federales esbozadas por el recurrente no logran suplir la ausencia de definitividad del decisorio en crisis, en tanto la justificación de ese extremo es, lógicamente, anterior a la consideración de esas problemáticas. Para más, descartó la arbitrariedad endilgada al resolutorio en la parcela referente al planteo prescriptivo, en cuanto remarcó que “si bien la prescripción de la acción penal es una cuestión de orden público que debe ser declarada de oficio, ello es a condición que la acción se encuentre expedita” (v. fs. cit.).
II. Frente a ello, se alzó el señor Defensor Oficial Adjunto ante la instancia casatoria -doctor Nicolás Agustín Blanco-, merced al recurso de queja que articuló a fs. 52/62.
En primer lugar, se refirió al cumplimiento de los recaudos de tiempo y forma y a los antecedentes de la causa (fs. 52/57 vta.).
En punto a la fundabilidad, esgrimió que el canal extraordinario fue erróneamente denegado, toda vez que resultan aplicables los precedentes de la C.S.J.N. “Strada”, “Christou”, “Di Mascio” y su prole (fs. 57 vta.).
Señaló que la negativa casacional es arbitraria, toda vez que halló basamento en afirmaciones genéricas y abstractas. Así, indicó que la atacada -en cuanto rechaza el planteo de prescripción de la acción penal formulado mediante la acción de revisión deducida ante la instancia de grado- es una sentencia definitiva “en tanto le pone fin a la cuestión debatida y ésta no puede ser objeto de un tratamiento posterior” (fs. 58).
A continuación, sostuvo que si bien la Corte federal excluyó de la jurisdicción extraordinaria la materia relativa a la prescripción -por versar sobre temas de hecho y derecho procesal y común-, cabe excepcionar dicha regla cuando el decisorio recurrido carece de fundamentación suficiente o luce inequívocamente un apartamiento de la solución normativa, de acuerdo con la doctrina sobre arbitrariedad de sentencias (fs. cit. y vta.).
Expresó que el caso se encuentra en condiciones de ser conocido por el Máximo Tribunal -por vía del recurso extraordinario- en atención a que: a) el agravio postulado en el carril previsto en el art. 494 del digesto adjetivo es de índole federal, pues se debatió en él que el Tribunal de Casación emitió una sentencia arbitraria que incurriría en excesivo rigor formal, violentándose la defensa en juicio, el debido proceso, el principio de legalidad, la exigencia de ley previa, “pues la condena penal había quedado ‘firme’ cuando el poder de persecución del Estado ya estaba fenecido”, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, y la finalidad de la pena; b) esa cuestión federal de vincula de manera directa con la solución del caso; c) la misma fue oportunamente planteada; y d) el gravamen es actual (fs. cit./59).
En ese discurrir, arguyó que las limitaciones que en razón del monto y de la materia trae la normativa aludida, debieron ser inaplicadas o declaradas inconstitucionales, frente a las normas federales que citó (fs. 60).
Sindicó que el Tribunal revisor efectuó una serie de consideraciones dogmáticas e inaplicables a la causa, y defendió su propia interpretación restrictiva sobre el alcance de su competencia, ingresando impropiamente en aspectos que exceden el mero examen de la admisibilidad formal del recurso, en tanto importan pronunciarse sobre el acierto o no del contenido de su propia sentencia, actitud desnaturalizadora de la función que le asigna el art. 486 del C.P.P. (fs. cit. y vta.).
En abono de su postura, trajo a colación el precedente P. 85.977 de esta Corte e insistió en la tilde de arbitrariedad respecto del pronunciamiento de casación (fs. cit./61 vta.).
III. Liminarmente cabe señalar que ante esta Suprema Corte tramitaron actuaciones vinculadas a la sentencia condenatoria impuesta a Galarza, en virtud de lo cual corresponde efectuar la siguiente reseña:
a) De las constancias obrantes en el sistema informático se desprende que este Cuerpo, en el marco de la causa P. 113.010, caratulada: “Galarza, Ángel Daniel s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa nº 24.880 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón” desestimó -por inadmisible- el remedio extraordinario intentado por la defensa del encartado, contra la decisión del órgano casatorio que -a su vez- rechazó el recurso de la especialidad deducido contra la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 1 del Departamento Judicial Morón, que condenó a Daniel Ángel Galarza a la pena de dos años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por hallarlo autor responsable del delito de tentativa de hurto agravado de un vehículo dejado en la vía pública, en concurso real con robo simple (causa n° 1392); e impuso al nombrado la pena única de tres años y seis meses de prisión, accesorias legales, costas y revocación de la condicionalidad oportunamente concedida, comprensiva de la anteriormente referida y de la sanción de un año de prisión de ejecución condicional, costas y el establecimiento de las reglas previstas en el art. 27 inc. 1º del Código Penal por el plazo de dos años, dictada por el Tribunal en lo Criminal nº 2 departamental en el marco de la causa n° 1384, por considerar a Galarza como autor responsable del delito de tentativa de robo simple.
b) El aludido pronunciamiento -del 10/IV/2013- no fue impugnado, razón por la que las actuaciones fueron devueltas a la instancia anterior el 29/VII/2013.
c) Con posterioridad a ello, la defensa oficial departamental interpuso acción de revisión, en los términos del art. 467, inciso cuarto, del C.P.P., en la que requirió la prescripción de la acción penal en orden a los delitos por los que su asistido fue condenado (v. escrito de fs. 7/9 -con cargo de fecha 5/XI/2013, a las 12:45 hs.-).
d) La Cámara departamental -el 23/XII/2013- no halló comprendido el reclamo dentro de las potestades que a ella le incumben, y decidió remitir las actuaciones al juzgado de origen, a sus efectos (fs. 10 y vta.).
e) Así, el Juzgado en lo Correccional -el 24/II/2014- no hizo lugar al planteo prescriptivo, pues juzgó -en lo medular- que una vez pasada en autoridad de cosa juzgada la sentencia, ningún órgano conserva jurisdicción para declarar la prescripción de la acción penal (fs. 11/14).
f) Dicho fallo fue impugnado, merced al remedio de apelación (fs. 15/18) deducido por la defensa, el que fue rechazado por la Sala Primera de la Cámara (fs. 19/20 vta.).
g) Frente a ello, se articuló recurso de casación (fs. 22/28), el que fue declarado inadmisible por la Sala Cuarta del Tribunal homónimo, el 30/IV/2015 (fs. 29/32 vta.).
h) Finalmente, el doctor Blanco interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se agravió -en lo medular- del excesivo rigor formal por parte del órgano jurisdiccional, en franca violación de garantías y principios constitucionales -defensa en juicio, debido proceso, legalidad-, y -consecuentemente- tildó de arbitrario lo así fallado (fs. 36/44). Por s u parte, la sede casacional desestimó -por inadmisible- el carril intentado, conforme se detalló en el considerando I° -segundo párrafo- de la presente, al que cabe remitirse en honor a la brevedad.
IV. Sentado lo anterior, sin perjuicio de los contradictorios argumentos esbozados por la sede casacional y más allá de asistirle razón al impugnante en cuanto a la extensión del juicio de admisibilidad negativo, el mismo debe mantenerse en ésta instancia (art. 486 bis del C.P.P.).
Acontece que, conforme lo reseñado en el acápite que antecede, contra el decisorio dictado por esta Suprema Corte en el legajo P. 113.010 por el cual se denegó la vía extraordinaria local, la parte no impetró medio impugnativo alguno (vgr: recurso federal) lo cual revela -sin mayor dificultad- que la causa se encuentra concluida, por sentencia firme. Lo propio se desprende de las manifestaciones vertidas en la acción de revisión intentada por la defensa, en consonancia con el art. 467 del cuerpo de forma que dispone que la vía allí contemplada podrá deducirse “en favor del condenado, contra las sentencias firmes…”.
Ahora bien, más allá de otras consideraciones que podrían efectuarse acerca de la definitividad del decisorio puesto en crisis, lo cierto es que el quejoso insiste en reclamar la declaración de prescripción de la acción penal de un delito por el cual, como se detalló, recayó sentencia condenatoria pasada en autoridad de cosa juzgada.
En efecto, como sostuvo la Corte federal, siendo que la prescripción resta al juicio penal la acción que lo pone en movimiento, ello supone por definición la pendencia de un proceso, situación que obviamente no se presenta cuando -como acontece en el caso- ha mediado sentencia de condena firme (cfe. doctr. Fallos: 329:2005, in re S. 717.XXXVI.- “Sanz, Tomás Miguel s/ calumnias”, sent. del 30/V/2006, cons. 8°).
Es que firme la misma, ningún tribunal cuenta con jurisdicción para declarar la prescripción de una acción penal ya fenecida.
V. Lo indicado no se ve conmovido por las manifestaciones vinculadas a la omisión de aplicación de oficio del instituto prescriptivo por parte de éste Cuerpo al resolver en causa P. 113.010 cit..
Ocurre que, concretamente, la solicitud de extinción de la acción penal no fue postulada por la defensa ante ésta instancia -ni, como se detalló, ante ninguna de las anteriores- con antelación al dictado del pronunciamiento que desestimó el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley, el 10/IV/2013.
Y, sin perjuicio de ello, cabe remarcar que al resolver la inadmisibilidad de la vía prevista en el art. 494 del digesto adjetivo, éste alto Tribunal no abrió su competencia, presupuesto indispensable a los fines de abordar un eventual tratamiento sobre el tópico (cfe. Ac. 94.155, res. del 28/IX/2005; Ac. 95.055, res. del 9/XI/2005; P. 121.820, res. del 22/XII/2015; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja traída por la defensa de Daniel Ángel Galarza; con costas (arts. 486 bis y ccds. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia