Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 127745 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja interpuesta por la señora Defensora Oficial Adjunta de Casación a favor de Fabio Sebastián Pérez; con costas (art. 486 bis y ccds. del C.P.P.).
Secretaría Suprema Corte
Registrado bajo el N°564
P. 127.745-RQ - “Pérez, Fabio Sebastián s/ Recurso de queja, en causa n° 66.784 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”.
///Plata, 19 de abril de 2017.-
La presente causa P. 127.745-RQ, caratulada: “Pérez, Fabio Sebastián s/ Recurso de queja, en causa n° 66.784 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”,
I. La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 19 de mayo de 2015, declaró inadmisible el recurso extraordinario de nulidad incoado por la defensa particular de Fabio Sebastián Pérez, contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad intentado contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 de Lomas de Zamora, que lo condenó a la pena de nueve años de prisión, accesorias legales y costas, por hallarlo coautor penalmente responsable del delito de robo calificado por el empleo de arma de fuego y por su comisión en lugar poblado y en banda, en concurso real con portación ilegal de arma de guerra (fs. 81/83).
II. Frente a ello, se alzó la señora Defensora Oficial Adjunta ante la sede casatoria -doctora Ana Julia Biasotti-, merced al recurso de queja que articuló a fs. 88/91 vta.
Luego de referirse a los antecedentes de la causa (fs. 88 vta./89 vta.), ingresó en la fundabilidad de su reclamo. Así, transcribió -parcialmente- la respuesta brindada en la sede revisora y expuso que la misma excedió los límites del control de admisibilidad, conforme lo prescribe el art. 486 del ritual (fs. 89 vta.).
En ese derrotero, arguyó que el a quo debió limitarse a examinar si se hallaban presentes los recaudos comunes de interposición a los que refiere el art. 491 del C.P.P. -con remisión al art. 161 inc. 3 letra “b” de la Constitución provincial- (fs. cit./90).
Insistió en que la postulación recursiva portaba la denuncia de violación al art. 171 de la aludida Carta local, por lo que el análisis sobre la verificación de tal infracción corresponde a esta Suprema Corte. Trajo a colación lo resuelto en causas Ac. 89.880, Ac. 92.204 y Ac. 81.851 del Tribunal, entre otras (fs. 90 y vta.).
Desde otra arista, sostuvo que la resolución denegatoria es arbitraria y vulneró la garantía de la defensa en juicio.
Dentro del tópico, sostuvo que los agravios esgrimidos en el líbelo impugnativo devienen claramente en cuestiones identificadas con el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Así, entendió que por la sola circunstancia de no haberse enunciado la interposición del canal referido, no debió obstarse en su concesión. Continuó su crítica al esbozar que el órgano casatorio incurrió en un “excesivo e injustificado rigor en las formas”, restringiendo -de tal modo- el derecho del justiciable a recurrir el fallo ante las instancias superiores, afectando las garantías consagradas en los arts. 8.2.h de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C. y P. (fs. cit.).
Adunó que si bien los planteos debieron canalizarse con un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el Tribunal de Casación debió abordarlos como tal. En abono de su postura, citó lo resuelto en el fallo “Carrascosa”, C. 382. XLIX. (sent. del 27/XI/2014), de la Corte nacional; y abogó su aplicación al presente (fs. cit./91).
III. La queja no prospera, en atención a que el recurso extraordinario de nulidad ha sido bien denegado por la Sede casacional.
a. De la lectura del pronunciamiento en crisis, se advierte que el Tribunal Intermedio afirmó que la vía prevista por el art. 491 del C.P.P., “sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de mayoría de opiniones en la decisión que se controvierta (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia)” -fs. 82-.
Luego, indicó que los motivos de agravio esgrimidos por el impugnante no se encuentran en ninguno de los supuestos establecidos por la norma de rito (fs. cit.).
Agregó que “las alegaciones del impugnante, en las que se reeditan planteos contenidos en la vía casatoria rechazada, fueron vinculadas exclusivamente con el criterio interpretativo tenido en vista por el órgano de juicio al momento de ponderar la prueba reunida en la causa, intentando poner en jaque aspectos del fallo que tienen que ver con el mérito de la decisión y con el alcance o profundidad de lo decidido, temaséstos que conforme reiterada doctrina de la S.C.B.A., resultan ajenos al remedio intentado” (fs. cit. y vta.).
Continuó su raciocinio al exponer que si bien se alegó la violación del 171 de la Ley Fundamental de la Provincia, “de los desarrollos de la presentación resulta que la defensa, en rigor, no se refirió a la falta de fundamentación legal en los términos que viabilizarían formalmente la articulación extraordinaria intentada” (fs. cit.).
Concluyó en que “tampoco constituye materia propia de[l] remedio en análisis la eventual afectación de garantías constitucionales pues, conforme inveterada doctrina de la Suprema Corte provincial, resulta ajena al ámbito del recurso extraordinario de nulidad”, por lo que, a los fines del art. 486 del ritual, juzgó que “no resulta atinente efectuar otra consideración” (fs. cit.).
b. En tal escenario, no se advierte que el Tribunal intermedio se haya excedido en el control de admisibilidad, desde que examinó los supuestos en los que procede la vía en cuestión y determinó que las críticas ensayadas por el impugnante en el recurso impetrado no encuadraban en ninguno de ellos.
Además, surge evidente que la queja intentada dejó incontrovertidos los fundamentos -ya reseñados- por los cuales se desestimó el remedio local incoado en la resolución que se pretende poner en crisis.
c. Por otra parte, respecto de las alegaciones efectuadas por el quejoso vinculadas con el exceso de rito y la afectación del derecho de defensa en juicio -por haberse impedido la revisión de las cuestiones federales invocadas con fundamento en el nomen iuris del carril impugnativo deducido- no logran desvirtuar el examen realizado en la sede intermedia.
Cabe recordar que esta Corte, en el marco de la causa P. 104.009 (sent. del 19/II/2014), se expidió sobre la naturaleza constitucional de los recursos extraordinarios (cfe. doct. arts. 161, 168 y 171 de la Constitución provincial).
Por tal motivo, resulta evidente la imposibilidad -salvo que se traigan argumentos en pos de la inconstitucionalidad de los carriles extraordinarios de inconstitucionalidad, nulidad e inaplicabilidad de ley- de extenderlos a situaciones no propuestas en sus catálogos por la propia Constitución; máxime cuando los carriles extraordinarios utilizados rectamente permiten el ejercicio del derecho que se pretende conculcado.
En efecto, tal como lo puso de manifiesto el Tribunal intermedio, los desarrollos esgrimidos por el entonces defensor particular en el escrito de fs. 58/80 vta., resultan ajenos a las causales contempladas en los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial.
d. Finalmente, en lo que hace al pedido de aplicación del fallo “Carrascosa”, lo cierto es que la defensa no demostró de qué modo lo allí resuelto sería aplicable al caso.
Cabe destacar que mientras en dicho precedente el órgano revisor revocó la absolución de primera instancia y condenó al imputado a prisión perpetua, en el sub lite , la Alzada, luego de analizar los hechos y la prueba valorados por el Tribunal de mérito, confirmó la condena dictada en primera instancia.
IV. De tal modo, la presentación directa no logra autoabastecerse, y -en consecuencia- se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el a quo (cfe. arts. 484, 486, 486 bis C.P.P.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja interpuesta por la señora Defensora Oficial Adjunta de Casación a favor de Fabio Sebastián Pérez; con costas (art. 486 bis y ccds. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Hilda Kogan
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia