Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 127113
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja traída por el señor Defensor Oficial Adjunto de Casación Penal a favor de E.V.R.; con costas (arts. 484, 486, 486 bis y ccds. del C.P.P. -según ley 14.647-).
P. 127.113-RQ - “Espinosa, Víctor Rodolfo s/ Recurso de queja en causa N° 66.207 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”.
///Plata, 5 de abril de 2017.-
La presente causa P. 127.113-RQ, caratulada: “E.V.R. s/ Recurso de queja en causa N° 66.207 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”,
1. La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 1° de marzo de 2016, desestimó -por inadmisible- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la resolución de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, rechazó el recurso de la especialidad deducido contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal Nº 2 del departamento judicial Morón que había condenado a E.V.R. A la pena de trece años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, reiterado -tres hechos-, en concurso real entre sí, los que -a su vez- concurren idealmente con el delito de corrupción de un menor de trece años agravada por su calidad de ascendiente del sujeto activo (fs. 57/63 vta.).
2. Frente a ello, el señor Defensor Oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor José María Hernández, articuló recurso de queja (fs. 66/74).
Destacó la infracción a la constitución federal como objeto del remedio denegado, y reclamó la aplicación de la doctrina emanada de los precedentes “Strada”, “Christou” y “Di Mascio” del Máximo Tribunal nacional (fs. 71).
Tachó de arbitraria la desestimación, endilgándole un fundamento aparente, “mediante la invocación de fórmulas genéricas y abstractas”, obstaculizando la jurisdicción de esta Suprema Corte -cfr. arts. 5 y 31 de la C.N.- (fs. 71 y vta.).
Remarcó la aptitud del caso para ser conocido por la C.S.J.N. por vía del recurso extraordinario en atención a la índole federal de los agravios -frustración del derecho a la revisión de la sentencia condenatoria, con afectación al in dubio pro reo-. Se refirió a su relación directa con la solución del caso, al carácter oportuno del planteo de la cuestión federal, y la actualidad del gravamen, (fs. 71 vta.).
Entendió que el límite en razón de la materia que dispone el art. 494 del C.P.P. debía ser inaplicado o declarado inconstitucional frente a las normativa federal prealudida, en tutela del derecho al doble conforme -arts. 75 inc. 22 C.N., 8.2.h. de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C.y P.- (fs. 72 vta./73).
Le reprochó al a quo aplicar las limitaciones de fuente local “negando la concurrencia de los requisitos exigidos por la doctrina [de cita]” (fs. 72 vta.).
Contrapuso que la parte invocó el derecho a la revisión del fallo, confrontando la tarea desplegada por el revisor por hallar que la mera repetición de los argumentos del tribunal de mérito no satisfacía la revisión (fs. 72 vta.). En dicho marco, afirmó que el remedio no sólo portaba la fundamentación mínima requerida a los fines de su admisibilidad sino que demostraba directamente su procedencia y la vinculación de ese modo de resolver con la frustración del control -sustancia del derecho a la doble instancia- (fs. cit.).
Agregó que -denunciando el mero tránsito aparente ante la instancia revisora- se demostró que no se trataron las críticas dirigidas a la insuficiencia de los elementos de cargo para acreditar la materialidad y la autoría de quien defiende, ni la falta de práctica de una segunda Cámara Gesell que permita evaluar la fiabilidad del testimonio de la víctima, en afectación al in dubio pro reo (fs. 72 vta./43).
Sentado ello, cuestionó que el auto le critique el desconocimiento de lo resuelto, pues al no tratar el punto, “no había de qué apartarse” en la sentencia cuestionada. Entendió que la denegatoria de la vía extraordinaria resulta “genérica, abstracta, inaplicada e inaplicable a las constancias de la causa” (fs. 73).
Para finalizar, cuestionó que el Tribunal no se haya pronunciado respecto de la acotada revisión denunciada, y afirmó ceñida la tarea intermedia al análisis de los hechos a los fines del absurdo valorativo, lo que -enfatizó- no abastece el derecho a la doble instancia (fs. cit.).
Concluyó que se negó arbitrariamente la inaplicabilidad del límite objetivo en razón de la materia impuesto por el art. 494 del C.P.P., planteando -a todo evento- su inconstitucionalidad (fs. 73 vta.).
3. La queja formalizada es improcedente.
De la compulsa del auto que denegó la vía intentada surge que el órgano intermedio -luego de sostener que en el caso se encuentran abastecidos los recaudos de los arts. 482 y 483 del digesto adjetivo como, asimismo, el monto sancionatorio previsto en el art. 494 del mismo cuerpo legal- argumentó que -en rigor- la impugnación “versa sobre cuestiones procesales, por lo que no se puede identificar (….) infracción a la ‘ley sustantiva’ -y así lo reconoce el recurrente-, limitación objetiva que el código de rito establece para la concesión del presente remedio” (fs. 58 y vta.).
A continuación, razonó que la parte intenta sortear las limitaciones precitadas bajo la supuesta infracción a los arts. 8.2.h de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C. y P. -art. 75 inc. 22 y 18 de la C.N.-, denunciando que las “respuestas que consisten en remisiones, afirmaciones dogmáticas y falsas”, respecto del embate sobre la autoría de quien asiste, constituyen un mero “tránsito aparente” (fs. 58 vta.). Sentado ello, entendió que “el recurrente desconoce o hace caso omiso a lo resuelto (…) esgrimiendo en realidad una opinión discrepante a lo anhelado en el recurso casatorio incoado oportunamente”, en refuerzo de lo cual citó precedentes de esta Corte (fs. cit./59).
Asimismo, expresó que no se advierte que el recurso extraordinario presente la aptitud y carga técnica necesaria para argumentar que “est[é]n involucradas de manera directa o inmediata cuestiones federales”, afirmación que también sustentó con la transcripción de jurisprudencia de este alto Tribunal (fs. 59/vta.).
En este análisis, entendió que la crítica de la sentencia por contener “afirmaciones dogmáticas, falsas y remisiones”, no pasan de ser más que “una opinión discrepante con lo resuelto en esta Sede”, y citó lo fallado por este Tribunal en diversos precedentes (fs. 60/61).
Finalmente, fundado en la transcripción de diversos pronunciamientos, entendió que las argumentaciones introducidas bajo el ropaje federal -arbitrariedad por errónea valoración de la prueba y alcance del derecho al recurso- que obligarían a dejar de lado los límites a la recurribilidad objetiva, no son eficaces por hallarse vinculados a cuestiones de orden probatorio y de derecho procesal, ajenos a la vía establecida por el art. 14 de la ley 48 (fs. 61).
En este marco, situó “la objeción relativa a la existencia de absurdo probatorio”, que desestimó por considerar que -amen de resultar una mera reedición- “no trasciende de una esquemática oposición al criterio expuesto por el tribunal del recurso, no existiendo en juego cuestión federal inmediatamente involucrada que justifique dejar de lado la previsión del art. 494 del C.P.P.” (fs. 61 y vta.).
Como colofón, juzgó que el carril escogido es “una vía excepcional, y no un remedio ordinario en pos de obtener una tercera instancia para reeditar los planteos formulados en su momento en la instancia departamental (fs. 62).
4. Como se aprecia de la reseña que antecede, la defensa no se hace cargo de los fundamentos sobre los que la sede casacional basó la inadmisibilidad de la impugnación extraordinaria deducida.
En efecto, las críticas ahora esgrimidas no pasan de ser una opinión discrepante con el criterio sustentado por el a quo, en tanto se limitan a señalar que en aquel medio recursivo se hallaba en juego una cuestión federal y que la misma guardaba relación directa e inmediata con la materia del juicio, sin tener en consideración la doctrina citada por el resolutorio en crisis.
Para más, la parte centra su discordancia en la mera alegación de que el órgano intermedio resolvió a partir de afirmaciones dogmáticas, que ni siquiera intenta identificar ni desbaratar.
En definitiva, el autor de la queja no logra demostrar la relación directa e inmediata entre los derechos que dice vulnerados y lo debatido y resuelto en el caso (art. 15 de la ley 48), falencia sobre la que el auto denegatorio sustento su respuesta, sin que la parte se esfuerce en rebatir tal argumento.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja traída por el señor Defensor Oficial Adjunto de Casación Penal a favor de E.V.R.; con costas (arts. 484, 486, 486 bis y ccds. del C.P.P. -según ley 14.647-).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Hilda Kogan
Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia