Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 127976
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa particular (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del C.P.P.).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales de los doctores Luciano Zorrilla y Germán Diego Baláz por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
P. 127.976-RQ - “López, Pedro Gabriel s/ Recurso de queja en causa n° 66.046 del Tribunal de Casación Penal, Sala V”.-
///Plata, 10 de mayo de 2017.
La presente causa P. 127.976-RQ, caratulada: “López, Pedro Gabriel s/ Recurso de queja en causa n° 66.046 del Tribunal de Casación Penal, Sala V”,
1. La Sala V del Tribunal de Casación Penal, el 23 de agosto de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa particular de Pedro Gabriel López contra la resolución de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, desestimó el carril de la especialidad contra la decisión de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro que revocó el sobreseimiento oportunamente decretado en orden al delito de estafa (fs. 37/39).
En tal sentido, afirmó que el pronunciamiento en crisis no es definitivo ni equiparable a tal y que las pretensas cuestiones federales no logran sortear el incumplimiento del art. 482 del C.P.P. en tanto el abastecimiento de las exigencias de dicha norma configura un recaudo lógicamente anterior a la consideración de tales problemáticas (fs. 38/vta.).
Sin perjuicio de ello, agregó que la denuncia de arbitrariedad no puede tener acogida favorable pues no se desarrolló con la suficiencia y carga técnica necesaria (fs. 38 vta.).
2. Frente a lo así decidido, los defensores particulares, doctores Luciano Zorrilla y Germán Diego Baláz, dedujeron queja (fs. 40/58).
Alegaron que la Alzada realizó una interpretación ritualista y arbitraria del art. 482 del C.P.P. y se apartó de los criterios fijados por la Corte nacional. Puntualizaron que el temperamento adoptado generó un agravio de imposible reparación ulterior en tanto quebrantó el derecho al recurso. En su apoyo, citaron numerosos precedentes jurisprudenciales del Máximo Tribunal federal (arts. 8.2.h. de la C.A.D.H. -fs. 44 vta./51-).
De seguido, indicaron que no se reunió prueba suficiente para acusar a López y que tampoco existen medidas pendiente. Destacaron que se vencieron los plazos legales para investigar y que de continuarse con la tramitación de la causa se violaría el derecho de su defendido de obtener un pronunciamiento dentro de un plazo razonable (fs. 51/vta.).
Adunaron que el encausado quedó en estado de indefensión al verse impedido de recurrir la sentencia y lograr la revisión de los embates federales (cfe. “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la C.S.J.N.; art. 14 de la ley 48 -fs. 52 vta./54.-).
Concluyeron que lo decidido genera un perjuicio de imposible reparación ulterior y debe ser equiparado a sentencia definitiva con el objeto de resguardar el derecho al recurso previsto en el art. 8.2.h. de la C.A.D.H.; trajeron a colación fallos de la Corte I.D.H. y de la nacional (fs. 55 vta./57).
Por último, se agraviaron del modo en que se descartó la tacha de arbitrariedad por entender que no se reparó en las particularidades del caso (fs. 57/vta.).
3. La queja formalizada es improcedente (art. 486 bis del C.P.P.).
Tal como lo puso de manifiesto la Alzada, el pronunciamiento impugnado (sobreseimiento revocado) no es definitivo ni equiparable a tal (cfe. P. 127.521, res. del 23/XI/2016; P. 126.874, res. del 15/VI/2016, P. 116.597, res. del 23/X/2013; P. 113.467, res. del 3/VII/2013 P. 106.944, res. del 21/III/2012, e.o.).
Frente a ello, la defensa no logró controvertir con eficacia el juicio de admisibilidad negativo:
a. En primer lugar, las argumentaciones de la parte relativas a la supuesta violación del derecho al recurso y al pretenso estado de indefensión no pueden tener acogida favorable ya que -como acertadamente lo puso de manifiesto el Tribunal revisor- los agravios de pretensa índole federal no resultan aptos para excepcionar la falta de definitividad pues el abastecimiento de las exigencias del art. 482 del C.P.P. configuran un recaudo previo a la consideración de tales problemáticas.
b. En segundo término, en lo que concierne a los cuestionamientos vinculados con el modo en que el Tribunal intermedio descartó la tacha de arbitrariedad llevada en la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley (v. queja a fs. 57/vta.), lo cierto es que -en línea con lo expuesto en el punto anterior- el sentenciante no debió efectuar ninguna consideración al respecto pues al no estar abastecida la exigencia del art. 482 del C.P.P., no correspondía continuar avanzando con el examen de los subsiguientes recaudos formales del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
En función de ello, ninguna consideración se hará respecto a las críticas de la defensa.
c. Por último, los planteos referidos a la pretensa afectación del plazo razonable (v. queja a fs. 51/vta.) tampoco resultan eficaces.
En efecto, los quejosos reeditaron lo expuesto en el carril de inaplicabilidad de ley (v. fs. 30 vta./31) cuando, en rigor, lo que debieron cuestionar es la falta de abordaje por parte del a quo de dicha temática.
Resulta útil recordar que ante la denuncia de violación al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable no rige el criterio genérico expuesto en el punto 3. a. del presente pues, precisamente, la invocación seria de dicha garantía permite excepcionar la falta de definitividad (conf. doct. Ac. 99.225, res. del 8/VII/2008: Ac. 103.564, res. del 25/II/2009; C.S.J.N., Fallos: 306:1688 y 1705).
En definitiva, si bien es cierto que el Tribunal de Casación debió expedirse sobre el punto y no lo hizo, sin embargo, el quejoso no advirtió dicho déficit y se limitó a reeditar dogmáticamente los argumentos expuestos en la vía extraordinaria.
Por ello la Suprema Corte de Justicia,
1. Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa particular (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del C.P.P.).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales de los doctores Luciano Zorrilla y Germán Diego Baláz por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia