Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128519
En la ciudad de La Plata, a 11 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, de Lázzari, Kogan, Pettigiani, Torres, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 128.519, "M., H. J. s/ recurso de queja en causa n° 66.445 del Tribunal de Casación Penal, Sala VI".
El 15 de diciembre de 2016, la Sala Sexta del Tribunal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa particular de H. J. M. contra la resolución de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, por mayoría, confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Plata que por mayoría, condenó al nombrado a la pena de dieciséis años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización, agravado por el vínculo en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores agravada, dos hechos en concurso real entre sí (v. fs. 612/614 vta. y 522/550 vta.). Presentada queja contra dicha denegatoria (v. fs. 725/738), esta Suprema Corte resolvió admitirla y conceder la vía deducida (v. fs. 744/745 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 753/757), dictada la providencia de autos para sentencia (v. fs. 758) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. La defensa formuló agravios contra la sentencia de la sala VI de Casación que rechazó el reclamo deducido contra el pronunciamiento que condenó a M. a la pena de dieciséis años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización, agravado por el vínculo en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores agravada, dos hechos en concurso real entre sí.
I.1. En su presentación esgrimió dos planteos principales: denunció en primer término la ausencia de un examen integral del recurso por el tribunal interviniente y la vulneración de los arts. 8.2."h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 558 vta.).
A tal fin, invocó la teoría conocida como del agotamiento de la capacidad de revisión o de la capacidad de rendimiento citando el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Casal" (v. fs. cit.). En ese sentido, argumentó que el Tribunal de Alzada sin una justificación que amerite su apartamiento de la doctrina reinante- restringió injustificadamente dicha capacidad máxima de rendimiento del recurso al no materializar un tratamiento profundo y completo de la condena impugnada, pues según entiende el defensor- el fallo sólo pretendió constatar si la sentencia constituía una derivación razonada del derecho vigente y que contuviera validez lógica (v. fs. 560).
En tal entendimiento precisó que el tribunal revisor "...no moduló un criterio propio, se circunscribió en desmedro de una exhaustiva revisión de la condena- a corroborar el buen empleo de la sana crítica" (fs. cit. vta.).
Destacó de seguido que no realizó detalle alguno de los actos que compusieron a su entender el ilícito, ni expresó por escrito el modo en que arribó a su sincera convicción y certeza, sólo se redujo a manifestar que no hubo infracción a ninguna regla de la sana crítica (v. fs. cit.).
I.2. En un segundo cuestionamiento, invocó absurda valoración de la prueba, y arbitrariedad de la sentencia; vulneración del debido proceso y defensa en juicio (v. fs. 561).
Sostuvo que el Tribunal de Casación direccionó el control de la prueba sobre dos fuentes de mérito que le valieron de sostén: los testimonios de las menores y las consideraciones de los profesionales psicólogos que tuvieron contacto con ellas.
Argumentó el defensor que mediante el reclamo ante la Casación había expuesto que las narraciones de las niñas, vertidas en sede judicial (de 5 y 3 años de edad al momento de la denuncia) no podían auspiciar la realidad de sus relatos; que en dicha oportunidad procesal advirtió que "...había una altísima probabilidad de inferencia externa en la formación del discurso"; "...que los elementos objetivos ajenos a los vínculos familiares maternos- no daban cuenta del abuso"; "...que las opiniones técnicas de los profesionales intervinientes no eran unidireccionales en cuanto a la credibilidad del relato"; y que, "...las expresiones de afecto y cariño demostradas hacia su padre por las niñas como la personalidad del imputado, postraban a la hipótesis inculpatoria como la mejor explicación de los hechos" (fs. 562).
Denunció, en tal sentido, que el pronunciamiento ahora impugnado desplazó ilegítimamente el tratamiento de tales cuestiones dirimentes llevadas por la defensa, alimentó la segmentación probatoria en desmedro de su perspectiva integradora, mantuvo las falacias y contradicciones de mérito el absurdo probatorio- que presentaba la condena, y conservó el razonamiento arbitrario de la sentencia (v. fs. 562).
Denunció, por último, que la sentencia disgrega los recursos probatorios en deterioro de su valoración integral y completa, enalteciendo los elementos inculpatorios en desmedro ilógico e infundado-, de los que resultan exculpatorios (v. fs. 574 vta.); para culminar sosteniendo que "Con un silencio, con un sigiloso desplazamiento o una irrazonable valoración, elige antojadizamente unos sobre otros" (fs. cit.).
II. El dictamen del señor Procurador General propició el rechazo del recurso interpuesto (v. fs. 753/757).
III. Disiento con su opinión.
IV. El fallo del Tribunal de Casación en lo que concierne a estos reclamos (hizo mayoría con el voto del doctor Maidana y la adhesión del doctor Natiello; el juez Kohan se pronunció por la anulación del fallo por considerar que se había incurrido en arbitrariedad) juzgó que los extremos cuestionados por la defensa materialidad y participación- habían quedado debidamente corroborados (v. fs. 524 vta.).
Al detallar los elementos de convicción que le permitieron arribar a esa conclusión, tuvo en cuenta el "...categórico y decisivo [...] testimonio de la mayor de las hermanas, J. M., quien declaró con la asistencia de la Licenciada Hernández Mason, psicóloga del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil- en el marco del procedimiento denominado Cámara Gesell (fs. 314 vta.). En dicho contexto, J. contó con detalles los actos sexuales que su padre practicaba con ella y su hermanita C. (v. transcripción a fs. 258 y ss.); además, realizó un total de doce dibujos que acompañaron sus dichos (fs. 314 vta.)" (fs. 525).
Puntualizó el juzgador, en cuanto a las objeciones formuladas por la parte relativas a la tardía declaración de la menor y las preguntas a su entender indicativas- del fiscal, que "...toda la estrategia de la defensa gira en pos de afirmar la existencia del fenómeno de la co-construcción del relato en las menores víctimas, ora a través de su madre, ora por intermedio de los profesionales que las asistieran y/o evaluaran" (fs. cit.).
Destacó que el tiempo transcurrido desde la presentación de la denuncia hasta la declaración de J. M., se debió a que la Licenciada Hernández Masón, tras entrevistarla los días 7 y 14 de julio de 2010, estimó con argumentos atendibles que no era conveniente continuar con intervenciones en ese ámbito, privilegiando el resguardo de la integridad psíquica y moral de la niña (v. fs. 525 vta. del voto del juez Maidana con la simple adhesión del juez Natiello a fs. 550).
Luego expresó no compartir con la defensa "...que su relato fuera sugerido o indicado por el Fiscal actuante" y se pronunció sobre las razones "En primer lugar, porque la niña, por sí sola y al inicio de la entrevista, contó que los episodios con las máscaras involucraban a su padre 'desnudo' (v. fs. 258 in fine), como también fue ella quien introdujo sin mediar pregunta alguna que lo indicase- el juego del 'pito, pito, pato' (v. fs. 259). En segundo lugar, porque pudo rememorar que su padre 'hacía sonidos' cuando le chupaban el pito (v. al inicio de fs. 259 vta., que intentó graficar haciendo ruido 'como aspirando'), lo que constituye una circunstancia decisiva porque agrega un dato propio de su experiencia que permite destronar la idea de la co-construcción (ídem voto mayoritario, fs. 321); a la vez que ilustró con gestos elocuentes la violencia física empleada por el imputado cuando se negaban a chuparle el pito (fs. 259 vta.: '...y él nos ponía así la cabeza', agarrándose su cabeza y tirándosela hacia delante; v. inferencia del voto mayoritario, fs. 321). Finalmente, y contrariamente a lo alegado, no sólo expresó desagrado (recordó el que había sentido en la situación pasada como también hizo notar idéntica sensación en el momento de la entrevista; [...], sino que hasta tuvo la iniciativa de dibujarse 'triste' [...], lo que denota la impresión del recuerdo" (fs. 526).
Al expedirse sobre el valor convictivo de los profesionales que intervinieron en el proceso, consideró el voto mayoritario que "...la licenciada Hernández Masón dictaminó en dos oportunidades y además declaró en juicio oral; cabe aclarar, que su conclusión resulta de suma importancia, atento a que no sólo asistió a J. en la Cámara Gesell, sino que también la entrevistó en dos ocasiones diversas [...] siendo que ya en esas dos primeras entrevistas la niña le comentó lo relacionado a la agresión sexual sufrida [...] La citada profesional afirmó que el relato de J. efectuado en los términos del art. 102, CPP- era coherente, pudiendo notar que cuando narraba quería rápidamente salir de esa situación que le era estresante, ya que sabía que tenía que contar algo que la iba a angustiar mucho, no obstante, a través de juegos y dibujos pudo expresar lo vivido [...] La licenciada también destacó las siguientes cuestiones de indubitada importancia: a) el tiempo transcurrido entre la denuncia y la declaración ante el fiscal, no perjudicó la fuente de conocimiento (textualmente surge de fs. 317 vta./318: '...El discurso del menor se puede ir modificando, ir variando en los detalles, pero hay constantes en el discurso. La construcción es del propio sujeto. No advirtió manipulación'); b) la razón de ser de la repetición de frases que aluden a situaciones altamente traumáticas y estresantes [...]; y, c) la interpretación de los dibujos en los que '...se ven caras llorando, tristes, lo que dice la afectación importante que tuvo en sus vidas', destacando las figuras sexuadas, desnudas y con las partes genitales expuestas y concluyendo que eso tiene que ver con algo que ha visto o que ha vivido..." (fs. 526 y vta.).
Analizó también las conclusiones del psicólogo Pablo Lemlich presente al momento de realizarse la videofilmación-, quien se pronunciara en igual sentido que Hernández Mason y valoró que los jueces de la instancia, al visualizar la filmación de la Cámara Gesell descartaron la idea de "instalación externa del discurso" (fs. 527 y vta.).
Advirtió, no obstante, que hubo dos peritos de parte de la defensa licenciados Julio César Brolese y María Cristina Angos- que se pronunciaron en sentido contrario afirmando que el relato de J. no era creíble pues había indicios de inducción adulta.
Argumentó a fin de responder los agravios de la defensa sobre el punto que "La mayoría del Tribunal de mérito cumplió con el deber de justificar razonablemente la elección de algunas pericias por sobre otras, descartando las conclusiones arribadas por los peritos de parte Brolese y Angos [...] Al respecto, se esgrimió una razón decisiva: ninguno de los dos profesionales entrevistó a J. (fs. 321), lo que resulta un parámetro lógico de ponderación pues resulta más fiable el dictamen de un perito psicólogo que ha tomado contacto directo y personal con la niña que aquél otro que basa sus conclusiones apoyándose en datos o percepciones que no recabó por sí mismo. Pero además, se agregaron otras cuestiones que tienen que ver con la actuación de cada uno de los profesionales mencionados, como ser la poca experiencia de Brolese en la temática en juego (dijo expresamente el nombrado en el debate que en menores 'no tiene casi experiencia'...) y la carencia de rigor científico de sus conclusiones [...], mientras que en relación a lo dicho por Angos los jueces contrastaron lo expuesto por las otras profesionales, haciendo hincapié en que los dibujos de la menor contrariamente a lo afirmado por Angos, [...]- no resultaban aislados sino que acompañaban un relato de situaciones traumáticas y en los que se ilustran los rostros de tristeza de J. y su hermana en distintas escenas, en contraposición de los adultos sonrientes y en donde también se dibujó en más de una vez el miembro viril masculino (v. fs. 322 vta., donde se detalla como vimos el estado emocional de la niña). Por último, coadyuvó a dicha decisión el hecho que J. antes de declarar en sede fiscal, hizo similares manifestaciones ante las licenciadas Hernández Masón y San, de suerte que en la Cámara Gesell en última instancia reprodujo lo que ya venía contando con anterioridad..." (fs. 529 vta.).
Luego relató que J. ubicó en el lugar de los hechos a su hermana y se ocupó de la situación de esa menor y de corroborar los elementos analizados con el resto de la prueba (v. fs. 529 vta./531 vta.).
A tal fin invocó la declaración de la madre de las niñas, J. K., manifestando respetar en este punto el control efectuado por los jueces de la instancia a través de la inmediación y valorando que "...brindó detalles acerca de los cambios notorios en el comportamiento de las niñas; cambios también advertidos por el entorno familiar de la denunciante" (fs. 531 vta. y 532).
Y por otro lado, juzgó que se había descartado con acierto lo percibido por docentes y preceptoras al no tener la misma entidad que aquello que pudieron notar los integrantes del núcleo familiar, por un lado, porque "...las niñas registraron gran cantidad de inasistencias, y, por el otro, que los miedos y las dificultades para controlar los esfínteres sucedían intensamente por las noches" (fs. 532 vta.) y concluyendo que a su juicio- esa circunstancia (la credibilidad del relato de la madre en el debate) "...echa por tierra las dudas que pretende sembrar el impugnante sobre el tipo de personalidad de la denunciante".
Por su parte, el voto en minoría del juez Kohan, tras señalar lo que constituía el eje central a dilucidar en el caso la injerencia externa en la construcción del relato de las niñas- procedió a analizar los distintos informes y testimonios vertidos por los profesionales que tomaron intervención en el proceso, las declaraciones de las menores y el entorno familiar y escolar de las niñas, y, en coincidencia con el voto minoritario de origen, juzgó que no se había llevado a cabo un análisis crítico y racional de todos los elementos de prueba a fin de evidenciar la idoneidad de los mismos para fundar la conclusión a la que se arribó (v. fs. 535/550).
V. Ahora bien, frente a los cuestionamientos sobre las valoraciones probatorias ensayadas por la defensa, en procura de evidenciar el desacierto de la materialidad tenida por probada, por cimentarse fundamentalmente en las declaraciones de las menores que la parte juzga fruto de un relato construido por la madre y su entorno familiar-, la ausencia de datos que evidencien lo acontecido por fuera de ése ámbito y la crítica a lo que consideró un análisis parcial de los informes de los profesionales actuantes, la mayoría del tribunal, no efectuó un escrutinio serio y adecuado del conjunto de probanzas que la desmerecerían, pues se limitó a sostener lo contrario, sin justificar debidamente lo resuelto. Porque, aun cuando descartaron que las declaraciones de las niñas en Cámara Gesell (o videofilmación) estuvieran viciadas, sea por el paso del tiempo o la modalidad de su realización, no examinaron en completitud los reclamos relativos a que esas diligencias fueron llevadas a cabo con desapego a las buenas prácticas que desde diversos ámbitos se aconsejan a efectos de "minimizar" las influencias por presiones del entorno familiar, repercusión en los medios de difusión o públicos; las diversas interrupciones en varias ocasiones que obstaron a una declaración fluida y espontánea de las menores, al igual que la modalidad de interrogar del fiscal, con base en preguntas directas e indicativas en lugar de permitir (y seguir) la línea narrativa de las supuestas víctimas; también atendiendo a informes previos a la denuncia policial que alertaban acerca de la "situación muy inductiva" de la madre, siendo que "no [se veía] en las niñas el contenido del discurso que hacía la señora K.", en alusión a la opinión de la licenciada Levchuk (v. fs. 385 y vta.).
Asimismo, ningún razonamiento fundado se expuso sobre la totalidad de los informes agregados por los profesionales intervinientes desde el inicio de las actuaciones, ni sobre la preeminencia de unos sobre otros (como sí se realizaron en el voto de la minoría), más allá de la remisión genérica a la postura mayoritaria de origen. Tampoco hubo una justificación razonada al desplazamiento de los reclamos particularmente dirigidos a la conflictiva familiar puesta de manifiesto a lo largo del proceso y a la corroboración de la realidad de lo acontecido en ámbitos externos al mismo, sino que se invocaron precisamente los dichos cuestionados a fin de otorgar certeza a lo que se pretendía acreditar.
Los párrafos siguientes del decisorio en crisis no se ocuparon de justificar fundadamente la poca injerencia convictiva a lo testimoniado en el ámbito escolar, extremos que resultaban conducentes para la obtención de certeza y correcta solución del caso.
Al resolver de ese modo, el tribunal a quo cercenó indebidamente el material probatorio sin efectuar un análisis completo de toda la recolectada, lo que autoriza a dejar sin efecto la decisión recurrida con arreglo a la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de arbitrariedad (conf. doctr. Fallos 311:1229; 315:2607; 319:1625; 322:963, e.o.).
En función de lo resuelto, es innecesario analizar el otro agravio esgrimido por el recurrente.
Como corolario d
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.