Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 128888
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa oficial de Carlos Alberto Ortega (art. 486 bis y ccds. del C.P.P., según ley 14.647).
P. 128.888-RQ - “Ortega, Carlos Alberto s/ Recurso de queja en causa n° 66.170 del Tribunal de Casación Penal, Sala III”.-
///Plata, 12 de julio de 2017.-
La presente causa P. 128.888-RQ, caratulada: “Ortega, Carlos Alberto s/ Recurso de queja en causa n° 66.170 del Tribunal de Casación Penal, Sala III”,
1. La Sala III del Tribunal de Casación Penal, el 11 de diciembre de 2015, en lo que aquí interesa, desestimó por extemporáneo el recurso extraordinario de nulidad presentado por Carlos Alberto Ortega por derecho propio, con el patrocinio letrado del doctor Rodolfo Alberto Migliaro, contra la resolución de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, hizo lugar parcialmente al carril de la especialidad frente al fallo del Tribunal en lo Criminal N° 1 de Pergamino y, en consecuencia, readecuó la pena y la calificación legal condenándolo a la pena de tres años y un mes de prisión, un año de inhabilitación para desempeñarse en empleo o cargo público, accesorias legales y costas de primera instancia por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita en concurso real con concusión (fs. 5/18 vta.).
Para arribar a tal decisión, afirmó que el pronunciamiento en crisis se notificó a la defensa el 27 de agosto de 2015 y a Ortega el 17 de septiembre del mismo año mientras que la impugnación se presentó el 8 de octubre de 2015, encontrándose para ese entonces vencido el plazo de diez días hábiles (fs. 33/37).
2. Frente a lo así decidido, el Defensor Oficial Adjunto ante la aludida instancia, Doctor Juan Ignacio Domingo Nolfi, dedujo queja (fs. 49/54 vta.).
Denunció excesivo rigor formal por haberse interpretado en perjuicio de su defendido las normas procesales sin reparar en la defectuosa labor técnica del entonces defensor particular (fs. 51).
Destacó que Ortega se encuentra ante una situación de privación de justicia lo que implica de manera directa e inmediata un menoscabo del debido proceso, defensa en juicio y principio pro homine (art. 18 de la CN; CSJN Fallos 31:1934 “Gordillo” -fs. 51 vta.-).
Luego, alegó que el a quo resolvió con excesivo rigor formal al desconocer las constancias de la causa que patentizan que no resulta imputable al procesado la posible interposición fuera de término del recurso ni puede ello ser utilizado en su perjuicio, sobre todo cuando manifestó su voluntad de recurrir la condena (fs. 52).
Agregó que el abogado particular desconocía el sistema recursivo vigente para ese entonces por lo que el Tribunal debió apartarlo y proveer una defensa técnica adecuada o bien advertir la actuación irregular para excepcionar el cumplimiento del recaudo formal y analizar los restantes requisitos de admisibilidad (CSJN Fallos: 5:459; 192:152; 237:158; 255:91 -fs. 53-).
Concluyó que el impugnante realizó su actividad procesal en función del régimen anterior a la ley 14.647 por lo que a tenor del rendimiento del principio pro hominem se debió aplicar ultractivamente el sistema recursivo anterior por ser el vigente al momento del hecho (causa Ac. 82.490, “Moreyra”, sent. 31/III/2004; fs. 53/54).
3. La queja es improcedente (art. 486 bis del C.P.P.).
La defensa oficial no logró remover con eficacia el obstáculo formal vinculado a la extemporaneidad de la impugnación.
Como se adelantara, el Tribunal de Casación señaló que la asistencia técnica se notificó el 27 de agosto de 2015 y Ortega el 17 de septiembre del mismo año mientras que el carril extraordinario de nulidad se presentó el 8 de octubre de 2015. Frente a ello, la defensa oficial realizó afirmaciones genéricas en torno a un supuesto estado de indefensión y adjuntó una copia de un escrito presentado el 25 de septiembre de 2015 en el que el acusado y su entonces defensor particular, doctor Rodolfo Alberto Migliaro, manifestaron que contra el fallo de casación se presentaría remedio extraordinario de nulidad (fs. 26).
Sin embargo, los argumentos expuestos en la queja no logran conmover la inadmisibilidad decretada pues no guardan relación directa con los fundamentos que le dieron sustento. En efecto, las fechas de notificación en base a las cuales el Tribunal de Casación Penal computó los plazos del art. 483 del CPP (27/VIII/2015 y 17/IX/2015) fueron anteriores al mentado escrito en el que se dio aviso de la intención de presentar recurso (25/IX/2015) de ahí que éste último no resulta apto para cambiar la suerte de lo decido. Sin perjuicio de ello, aun tomando en consideración la fecha de presentación del escrito, el recurso sería igualmente extemporáneo.
Tampoco se demostró que Ortega al momento de notificarse de la sentencia de casación (17/IX/2015 -fs. 51-) hubiera manifestado su voluntad impugnativa -ni siquiera se adjuntó copia de la misma- siendo éste precisamente el momento oportuno para hacerlo y, en su caso, alegar un estado de indefensión si no se canalizaba debidamente, situación que el quejoso no acreditó que se haya configurado en el caso.
Por otra parte, el pedido de aplicación ultractiva del régimen procesal anterior a la ley 14.647 tampoco puede tener acogida favorable. Cabe recordar que esta Corte mediante Resolución 3438/2014 fijó expresamente la fecha de entrada en vigencia de dicha norma (13/XII/2014) razón por la cual el requerimiento genérico de la defensa oficial, sin siquiera hacerse cargo de la existencia de dicha resolución que específicamente establece a qué casos será aplicable la reforma, no puede prosperar. Para más, se trata de un planteo novedoso toda vez que al deducir la vía extraordinaria de nulidad (recibida el 8/X/2015 según consta en sello -fs. 27/32-) ya se encontraba vigente el nuevo texto legal y el entonces defensor silenció toda petición al respecto.
Finalmente, las consideraciones en torno a la deficiente actuación del Tribunal de Casación Penal por no haber dado intervención a la defensa oficial ante un supuesto estado de indefensión tampoco es de recibo. Contrariamente a lo argüido por la parte, de las copias adjuntas por ésta se advierte que la voluntad impugnativa del acusado y la defectuosa actuación de su entonces defensor ocurrió en el momento en que se notificó a Ortega de la denegatoria del recurso extraordinario de nulidad -y no en la oportunidad en que éste tomó conocimiento del fallo casatorio como lo sostiene el apelante-. Resulta pertinente destacar que precisamente, como consecuencia de la inactividad del abogado particular en ese momento, el órgano revisor dio intervención a la defensa oficial para que canalizara la voluntad impugnativa del imputado contra la inadmisibilidad del remedio extraordinario de nulidad. En definitiva, cuando el a quo advirtió una posible afectación del derecho de defensa, actuó en consecuencia dando intervención a la defensa oficial (fs. 39, 41/47 y 49/54).
4. A mayor abundamiento, aún para el hipotético caso en que se soslaye el incumplimiento del plazo legal del art. 483 cit., el juicio de admisibilidad negativo igualmente sería confirmado ya que los agravios desarrollados en la vía extraordinaria de nulidad no encuadran dentro del objeto y finalidad del art. 491 del ritual (art. 484, CPP). En efecto, si bien se denunció “falta de fundamentación legal”, en rigor, las críticas consistieron en tildar de absurda y arbitraria la valoración de la prueba en lo que se refiere al delito de asociación ilícita (fs. 27/32), tópicos extraños al carril impugnativo en cuestión.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa oficial de Carlos Alberto Ortega (art. 486 bis y ccds. del C.P.P., según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia