Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 127355
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar -por improcedente- la queja traída por el defensor oficial Adjunto -doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi- a favor de Marcelo José María Ortellado, con costas (art. 486 bis , CPP).
"ORTELLADO, MARCELO JOSÉ MARÍA S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 66.198 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA III".
La Plata, 28 de febrero de 2018.-
La presente causa P. 127.355-RQ caratulada: "Ortellado, Marcelo José María s/ recurso de queja en causa N° 66.198 del Tribunal de Casación Penal, Sala III",
I. La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante auto dictado el 15 de diciembre de 2015, rechazó -por inadmisible- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa oficial contra el decisorio de dicho órgano que -rechazando la vía homónima- confirmó el fallo del Tribunal en lo Criminal n° 2 de Azul que -en lo que aquí interesa- condenó al nombrado a la pena de un año y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento y costas, más declaración de reincidencia, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de robo agravado por la participación de un menor de dieciocho años de edad, en grado de tentativa, y hurto simple, en concurso real (v. fs. 63/65).
Para así fallar, señaló que la parte denunció inobservada la ley sustantiva -arts. 40 y 41, Cód. Penal-, el quebranto a la presunción de inocencia y a la garantía de la defensa en juicio. Explicó que las denuncias se dirigen a la desestimación de la atenuante solicitada -recupero de los efectos sustraídos- (v. fs. 63 vta.).
De seguido, halló reunidas las exigencias de los arts. 482 y 483 del código procesal penal, y reiteró denunciadas la inobservancia a la ley sustantiva y el quebranto de garantías constitucionales (v. fs. 64). Recordó las causales contempladas en el art. 494 de la norma de rito, y afirmó que por imperio del principio de supremacía constitucional aun cuando -como en el caso- dichos requisitos no se encuentren satisfechos, debe garantizarse el tránsito por el Superior tribunal en pos del eventual planteo de una cuestión federal -conf. doctr. "Strada", "Christou" y "Di Mascio" de la Corte federal-. Agregó que -a tales fines- resulta ineludible su correcta formulación, no bastando la mera invocación (v. fs. cit. y vta.).
En dicho marco, entendió que esa situación no se verificaba en la especie pues la parte no logró demostrar la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso (v. fs. 64 vta./65).
Al continuar, indicó que en el marco del carril del art. 450 del código de rito, la Sala tuvo por acreditadas las materialidades ilícitas en las causas 410/2997 y 641/3093, y la autoría del recurrente en ambos supuestos. Pormenorizó en los sucesos de la mencionada en último término y afirmó que "la premisa que sostiene el agravio no se compadece con las constancias de la causa", pues Ortellado fue condenado por dos hechos "y los elementos que se afirman no recuperados se encuentran descriptos en la sentencia atacada" (v. fs. 65). En virtud de ello, entendió que el quebranto al principio de inocencia y restantes garantías constitucionales "parte de construcciones silogísticas sustentadas en un marco fáctico que no guarda coincidencia con las constancias obrantes de la causa" (v. fs. cit. y vta.), lo que -afirmó- impide pregonar la existencia del perjuicio, y colige en la falta de motivación del carril (v. fs. 65 vta.).
II. En objeción, el doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi -defensor oficial adjunto- interpuso recurso de queja -art. 486 bis , CPP- (v. fs. 70/75 vta.).
En primer término reseñó los antecedentes de la causa, con especial mención a la causa n° 641/3093 (v. fs. 70 vta./72).
Transcribió parcelas del auto adverso y postuló que el carril portó la denuncia "correcta y acabad[a]" de la arbitrariedad del acto sentencial, por quebrantar el principio de inocencia e invertir la carga de la prueba; lo que torna evidente la relación directa e inmediata entre la vulneración aludida y las garantías constitucionales invocadas (v. fs. 72 in fine ).
Esgrimió que se desarrolló de modo claro y contundente el perjuicio constitucional, vinculándolo con lo sucedido en autos (v. fs. 72 vta.).
Sostuvo que el fallo revisor hizo caso omiso al estado de inocencia de su defendido, pues lo responsabilizó de la sustracción de elementos sobre los que -al momento de la queja- "pesa un resquicio de duda" (v. fs. cit.). Puntualizó que se denunció dicha circunstancia en el carril denegado por afectar el derecho de defensa -arts. 18, 33, 75 inc. 22 Const. nac.- (v. fs. cit. in fine ).
Desde otro lado, denunció que el a quo -amén de resultar arbitrario y carecer de fundamento- incurrió en exceso al efectuar el análisis conferido por el art. 486 del Código Procesal Penal. Transcribió las parcelas del auto que -a su entender- patentizan la falencia (v. fs. 73). Discurrió sobre el modo en que debió llevar a cabo dicho escrutinio, citó doctrina de esta corte y concluyó en la privación del acceso al Tribunal superior -art. 18, Const. nac. y 14.5, PIDCP- (v. fs. cit./74).
En ese marco, trajo a colación lo resuelto en P.85.977, y enfatizó que el decisorio no reúne las exigencias de validez y suficiencia para obturar el tránsito recursivo (v. fs. 74 y vta.). Postuló cercenado el acceso a la jurisdicción en el marco de la garantía de revisión amplia del fallo de condena -arts. 8.2.h, CADH, 14.5, PIDCP- (v. fs. 74 vta.).
Para finalizar, bregó por un análisis que evite los rigorismos formales en pos del principio de legalidad (v. fs. 74 vta./75).
III. La queja no prospera (art. 486 bis , CPP).
Es que de lo reseñado en el apartado I, dimana que la denuncia de exceso en la jurisdicción no puede prosperar. Ello, pues el análisis de la suficiencia y carga técnica de la cuestión federal es parte integrante del juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (conf. doctr. arts. 483, 486, 486 bis y concs. del Código Procesal Penal según ley 14.647; P.125.455, resol. de 13-V-2015, P. 125.523, resol. de 20-V-2015, P. 125.506, resol. de 3-VI-2015, P. 125.630, resol. de 17-VI-2015, P. 125.577, resol. de 17-VI-2015, e.o.). Contrariamente a lo afirmado por la defensa, surge evidente que el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor, sino simplemente compulsó la alegación de un motivo casatorio que habilite su admisibilidad. En ese camino es que se remitió a la sentencia dictada en el marco del art. 450 del Código de rito. Ello, a los fines de poner en evidencia que la premisa en la que la parte cimentó su reclamo -falta de identificación de la totalidad de los elementos sustraídos- no se compadecía con las constancias de la causa (v. específicamente fs. 65).
Por otra parte, frente a lo resuelto la defensa no logró controvertir de manera eficaz dicho obstáculo, pues se limitó a reiterar las alegaciones vertidas en el recurso de casación y en la vía extraordinaria, pero no hizo ningún esfuerzo por evidenciar de qué manera las garantías constitucionales que decía afectadas y la arbitrariedad argüida en aquélla, se vinculaban con lo debatido y resuelto por la Casación en el fallo impugnado (art. 15 de la ley 48).
En este marco, la tacha de arbitrariedad que también le endilgó al auto desestimatorio decae, pues -como se observa- el mismo cuenta con la fundamentación para colocarlo por fuera del vicio achacado.
Igual suerte ha de correr la denuncia de afectación del derecho de acceso a la jurisdicción, atento a la generalidad del planteo.
En definitiva, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (conf. arts. 486 y 486 bis del CPP).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar -por improcedente- la queja traída por el defensor oficial Adjunto -doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi- a favor de Marcelo José María Ortellado, con costas (art. 486 bis , CPP).
Regístrese, notifíquese, y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°148
Fin de la sentencia