Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 127851
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por el Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de César Antonio Gallardo (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del C.P.P.).
P. 127.851 RQ - “Gallardo, César Antonio s/ Recurso de queja en causa N° 67.857 del Tribunal de Casación Penal, Sala V”.
///Plata, 7 de junio de 2017.-
La presente causa P. 127.851-RQ, caratulada: “Gallardo, César Antonio S/ Recurso de queja en causa N° 67.857 del Tribunal de Casación Penal, Sala V”,
1. La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 5 de mayo de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inconstitucionalidad presentado por la defensora particular contra la resolución de dicho organismo jurisdiccional que, a su vez, confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial San Martín que –en lo que interesa destacar- condenó a César Antonio Gallardo a la pena de once años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por ser coautor responsable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con portación ilegal de arma de guerra (fs. 87/89).
2. El Defensor Oficial Adjunto ante la aludida instancia, dedujo a favor del nombrado queja por denegatoria de recurso extraordinario (fs. 95/98).
Luego de hacer un repaso de los antecedentes del caso, sostuvo que el Tribunal intermedio incurrió en un “excesivo rigor formal” en detrimento de la defensa en juicio y debido proceso al privar a su defendido del derecho a concretar la revisión de la sentencia de condena por parte de este Supremo Tribunal de Justicia provincial, al omitir el tratamiento de agravios de carácter constitucional (infracción a los arts. 18 y 75 inc. 22° de la C.N.; XVIII, XXV, primer y tercer párrafo de la D.A.D. y D.H.; 14.1.b) y d) del P.I.D.C. y P.; 1 y 8.2.c), d) y e) de la C.A.D.H., y arbitrariedad por ausencia de fundamentación) -fs. 96 vta./97-.
Estimó que conforme la doctrina emergente de los precedentes “Strada” (Fallos: 308:490) y “Di Mascio” (Fallos: 311:2478) de la C.S.J.N., dicha cuestión federal debe ser abordada por esta Suprema Corte como recaudo de admisibilidad del potencial recurso federal (art. 14 de la ley 48).
Concluyó en que el resolutorio atacado exhibe graves vicios de fundamentación que lo descalifican como un acto jurisdiccional válido con arreglo a la doctrina del “excesivo rigor formal” establecida por la C.S.J.N. (cfr. causa 382. XLIX. “Carrascosa, Carlos Alberto”, sent. del 27/XI/2014), debido a que más allá del nomen iuris otorgado al recurso extraordinario interpuesto, su fundamentación y agravios allí contenidos, claramente se vinculaban con el correspondiente al de inaplicabilidad de ley (fs. 97).
Por tales motivos, solicitó que se deje sin efecto la decisión atacada por haber mediado una interpretación restrictiva y formalista, con vulneración a los derechos de revisión de la condena y ser oído reconocidos constitucional y supralegalmente a partir del fallo “Casal” de la C.S.J.N.
3. La queja formalizada es improcedente en atención a que el carril impugnativo de inconstitucionalidad fue bien denegado por la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal.
4. a. De la lectura del resolutorio en crisis se advierte que el a quo afirmó que “…-más allá de su denominación- el impugnante no ha efectuado en el escrito ningún desarrollo tendiente a exhibir su formulación a la luz de las previsiones de los artículos 161 inciso 1° de la Constitución provincial y 489 del C.P.P.” (v. fs. 88).
Seguidamente destacó -en lo pertinente a la vía de inconstitucionalidad intentada-, que el escrutinio en torno a su admisibilidad arrojaba resultado negativo debido a que “[s]e advierte un déficit en el remedio [...] que trasunta en definitiva en el incumplimiento de los requisitos que demanda el artículo 484 del cuerpo ritual en cuanto exige la específica fundamentación según el objeto y la finalidad de cada medio en particular” (v. fs. cit.).
Luego de referirse a los supuestos contemplados por la normativa procesal pertinente al medio revisor incoado, señaló que en el caso no se había peticionado la inconstitucionalidad de normativa provincial alguna (cfr. S.C.B.A. L.P. RI 117.646 del 23/XII/2014; RP 108.402 del 28/XII/2010 y C 104.967 del 17/XII/2014) -v. fs. 88/88 vta.-.
4. b. Sentado lo anterior, cabe destacar que las argumentaciones que realiza el quejoso con sustento en un “excesivo rigor formal” en detrimento de los derechos de defensa en juicio y debido proceso, ello por no haberse concretado la revisión de las cuestiones federales invocadas con fundamento en el nomen iuris del carril impugnativo deducido, no consiguen alterar el examen de admisibilidad negativo realizado por el Tribunal a quo .
Cabe recordar que esta Corte, en el marco de la causa P. 104.009 (sent. del 19/II/2014), se expidió sobre la naturaleza constitucional de los recursos extraordinarios.
Por tal motivo, resulta evidente la imposibilidad –salvo que se traigan argumentos en pos de la inconstitucionalidad de los carrilles extraordinarios de inconstitucionalidad, nulidad e inaplicabilidad de ley- de extenderlos a situaciones no propuestas en sus catálogos por la propia Constitución; máxime cuando los carriles extraordinarios utilizados rectamente permiten el ejercicio del derecho que se pretende conculcado.
En efecto, tal como lo puso de manifestó el Tribunal intermedio, los desarrollos esgrimidos por la entonces defensora particular en el escrito de fs. 71/86 vta., resultan ajenos a las causales contempladas por el art. 161 inciso 1° de la Constitución provincial y 489 del C.P.P.
A mayor abundamiento, es dable señalar que si bien es innegable que la doctrina sentada en el fallo “Di Mascio” define el deber que tienen los tribunales superiores de provincia de examinar y resolver las cuestiones federales que las partes les plantean en los recursos de que disponen para acceder a ese instancia, no menos cierto es que –como lo sostuvieron los doctores Fayt y Argibay al votar la causa “Tierno, Juan Carlos C/ La Arena S.A. S/ acción de amparo” (T.423.XLIII, sent. del 15/III/2011)- “…esta regla no tiene el propósito de relevar a las partes interesadas de cumplir con todos los recaudos establecidos por las leyes de procedimientos y las prácticas jurisprudenciales asentadas y conocidas, siempre y cuando estos requisitos no se traduzcan en obstáculos insalvables y hayan sido aplicados razonablemente.
Por lo tanto, cuando la desestimación del recurso local responde a un defectuoso cumplimiento de tales exigencias atribuibles a la parte interesada, no es válido invocar el precedente “Di Mascio” para revertir el resultado del pleito. En estos casos, la decisión del tribunal provincial encuentra fundamento suficiente en el derecho procesal local…” (considerando 4°), resultando aplicable el criterio utilizado reiteradamente por la Corte Suprema de Justicia Federal, en cuanto a que ese tema es ajeno a esa instancia.
5. Por todo lo expuesto, queda al descubierto la imposibilidad del recurrente de remover el obstáculo de admisibilidad negativo que fuera llevado a cabo por el Tribunal de Casación Penal.
Por ello la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por el Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de César Antonio Gallardo (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia