Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 127012
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja interpuesta por el señor Defensor Oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de Guayarmina Ayelén Lembi; con costas (art. 486 bis y ccds. del C.P.P., según ley 14.647).
P. 127.012-RQ - “Lembi, Guayarmina Ayelén s/ Recurso de queja, en causa n° 67.340 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV”.
///Plata, 21 de junio de 2017.-
La presente causa P. 127.012-RQ, caratulada: “Lembi, Guayarmina Ayelén s/ Recurso de queja, en causa n° 67.340 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV”,
I. La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 27 de octubre de 2015, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de Guayarmina Ayelén Lembi, contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad deducido contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 de Necochea, que la condenó a la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autora penalmente responsable del delito de promoción y facilitación de la prostitución de una persona menor de edad (fs. 92/94 vta.).
II. Frente a ello, se alzó el señor Defensor Oficial Adjunto ante la aludida instancia -doctor Nicolás Agustín Blanco-, merced al recurso de queja que articuló a fs. 98/107.
Liminarmente, sostuvo que si bien el monto de la pena impuesta a su asistida -cuatro años de prisión- es inferior al límite que requiere el art. 494 del C.P.P. para acceder a la competencia apelada de esta Corte, resulta aplicable al caso la doctrina de los precedentes “Strada”, “Christou” y “Di Mascio” de la C.S.J.N. (fs. 103).
De seguido, tildó de arbitraria la conclusión casacionista “pues se la funda de modo sólo aparente mediante la invocación de fórmulas genéricas y abstractas que ciegan la jurisdicción de [este Tribunal] al mentado rol de tutela de la vigencia del bloque federal en los procesos en los que conoce la Provincia” (fs. cit. y vta.).
Expresó que el caso se encuentra en condiciones de ser conocido por la Corte federal -por vía del recurso extraordinario- en atención a que: a) los agravios postulados en el carril previsto en el art. 494 del digesto adjetivo son de índole federal, pues se debatió en él que el Tribunal de Casación incumplió el derecho a la revisión de la sentencia condenatoria, derecho cuya interpretación en su debida extensión fue puesta en juego; b) esa cuestión federal de vincula de manera directa con la solución del caso; c) la misma fue oportunamente planteada; y e) el gravamen es actual (fs. cit./104).
En ese discurrir, arguyó que tanto el límite que en razón del monto trae la normativa aludida como el correspondiente a la limitación en razón de la materia, “debían ser inaplicados o declarados inconstitucionales frente a las normas federales que [citó]” (fs. 104 vta./105).
Indicó que el Tribunal revisor defendió su propia interpretación restrictiva sobre el alcance de su competencia, ingresando impropiamente en aspectos que exceden el mero examen de la admisibilidad formal del recurso, en tanto importan pronunciarse sobre el acierto o no del contenido de su propia sentencia, actitud desnaturalizadora de la función que le asigna el art. 486 del C.P.P. (fs. 105).
En abono de su postura, trajo a colación el precedente P. 85.977 de esta Corte y alegó que no es adecuado que el órgano jurisdiccional que resuelve la sentencia en crisis sea el mismo que analice si ha incurrido en la arbitrariedad que la parte le atribuye pues esa labor resulta reservada al Tribunal superior (fs. cit. y vta.).
III. La queja formalizada no prospera.
a. En efecto, el Tribunal de Casación -luego de hallar cumplidos los recaudos de los arts. 482 y 483 del código de forma- estimó que la pretensión defensista no abastecía los requisitos propios de la vía impugnativa intentada (art. 494 del C.P.P.) -fs. 92 vta.-.
En esa senda, recordó que la sanción impuesta a la encartada era de cuatro años de prisión, y que -además- no se vislumbraba elemento alguno que hiciera presumir la existencia de causa federal suficiente, arbitrariedad o gravedad institucional, toda vez que de su contenido se desprendían “cuestionamientos de índole probatorio”, y que “[b]ajo el ropaje de un embate vinculado con agravios de índole federal (…) el recurrente intenta vanamente obtener una tercera revisión de los hechos y la pruebas por vía oblicua, la cual resulta materia ordinaria y de ninguna manera se condice con la naturaleza jurídica del recurso en trato” (fs. cit./93).
Asimismo, estimó necesario poner de resalto que tales extremos no se abastecían con la simple referencia a mandatos de raigambre constitucional como marco de una reiteración meramente dogmática de las objeciones formuladas en las instancias anteriores sin ocuparse de realizar una crítica concreta y razonada del resolutorio cuya impugnación se pretendía; y que, en consonancia con ello, lo que se requiere por parte del recurrente es “un fundamento expreso que permita verificar adecuadamente la acreditación de una causal federal suficiente que habilite la intervención de esta instancia, situación que en el ‘sub lite’ no se advierte” (fs. 93).
Enlazado con tal postura, razonó que tampoco se efectuó un planteo federal suficiente en el marco de la doctrina de la arbitrariedad de las sentencias sobre la que la parte edificó su queja, pues no evidenció la relación directa e inmediata entre las pautas constitucionales que se decían conculcadas, la argüida arbitrariedad y lo debatido y resuelto en el mismo (fs. cit. y vta.).
A su vez, destacó que la parte no consiguió demostrar siquiera conjeturalmente que, según el prisma de la pretoriana jurisprudencia del máximo Tribunal, el fallo impugnado pueda subsumirse en un caso de arbitrariedad; toda vez que remarcó que “la mera introducción y el análisis dogmático de su contenido no resulta medio idóneo para dar sustento a la invocación de [tal] caso excepcional”, con cita de Fallos: 323:1247; 325:2319, y del precedente “Gobet, Jorge Aníbal, C/ Telefónica de Argentina. ENTEL. Estado Nacional, S/ Accidente de trabajo” (fs. cit.).
En ese derrotero, y luego que afirmó que se mantenían en pie la aplicación de las exigencias contenidas en el art. 494 del Código Procesal Penal, concluyó en que la parte no refutó de modo concreto y razonado los fundamentos otorgados en el pronunciamiento atacado (fs. 94).
Por último, rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la norma procesal referida (fs. cit. y vta.).
b. De la reseña que antecede se advierte que la defensa oficial no se hace cargo de lo efectivamente resuelto, en tanto aquélla -en la vía en abordaje- no controvirtió todos y cada uno de los fundamentos sobre los cuales la casación basó el juicio de admisibilidad negativo del remedio impugnativo intentado.
Ocurre que el quejoso limita sus esfuerzos en afirmar que el recurso local portaba agravios federales, que habían sido oportunamente planteados y que eran actuales, mas sin controvertir aquellos argumentos que fueron descritos en el apartado que antecede.
En función de lo indicado, queda sin sustento -también- la mentada arbitrariedad que intentó endilgarle al decisorio en crisis.
c. Solo resta señalar que la denuncia de exceso por apartamiento de lo normado por el art. 486 del C.P.P. (v. fs. 105), tampoco es de recibo.
Ello, en tanto, el análisis de la suficiencia y carga técnica de la cuestión federal es parte integrante del juicio de admisibilidad, y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (cfe. doct. arts. 483, 486, 486 bis y ccds. del C.P.P. -según ley 14.647-; P. 125.455, resol. del 13/V/2015; P. 125.523, resol. del 20/V/2015, P. 125.506, resol. del 3/VI/2015, P. 125.630, resol. del 17/VI/2015, P. 125.577, resol. del 17/VI/2015, P. 126.793, resol. del 15/VI/2016; P. 126.939, resol. del 28/IX/2016).
En definitiva, en contra del reproche efectuado por la parte, el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor sino, simplemente, compulsó la alegación de un motivo casatorio que habilite su admisibilidad.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja interpuesta por el señor Defensor Oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de Guayarmina Ayelén Lembi; con costas (art. 486 bis y ccds. del C.P.P., según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia