Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 127543
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por el Defensor adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de Brian Nahuel Campos y Alberto Jonathan Campos (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
P. 127.543-RQ - “Campos, Brian Nahuel y Campos, Alberto Jonathan s/ Recurso de queja en causa Nº 67.412 del Tribunal de Casación Penal, Sala V”.
///Plata, 14 de junio de 2017.-
La presente causa P. 127.543-RQ, caratulada: “Campos, Brian Nahuel y Campos, Alberto Jonathan s/ Recurso de queja en causa Nº 67.412 del Tribunal de Casación Penal, Sala V”,
1. La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 3 de mayo de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido contra la resolución de dicho órgano que rechazó el recurso de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal Nº 5 del Departamento Judicial Lomas de Zamora que condenó a Brian Nahuel Campos y Alberto Jonathan Campos a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas, para cada uno de ellos, por encontrarlos coautores penalmente responsables del delito de homicidio “criminis causa” en grado de tentativa en concurso ideal con tentativa de evasión; y declaró reincidente al último de los mencionados (fs. 75/77).
2. Frente a ello, el señor Defensor Oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor Daniel Aníbal Sureda, articuló recurso de queja (fs. 81/86).
Sostuvo que en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto se denunció la arbitrariedad de la sentencia al haber declarado el Tribunal intermedio la extemporaneidad de los planteos introducidos en el marco de los arts. 451 y 458 del C.P.P. relativos a la infundada sanción impuesta -dado el descarte de agravantes peticionadas y las atenuantes ponderadas-, al modo de computar los delitos tentados y a la declaración de reincidencia de Jonathan Campos; instituto respecto del cual también se peticionara la declaración de inconstitucionalidad. Ello conllevó a que se generara en el caso la afectación a la garantía de revisión amplia e integral del fallo condenatorio y el derecho al recurso (fs. 83/vta.).
En dicho marco, expuso que lo decidido atentó contra la utilidad de la defensa pública ante el a quo y afectó, en consecuencia, de modo directo, la posibilidad de una revisión integral de todos los aspectos sustanciales del fallo de condena respecto de sus pupilos, con menoscabo, a su vez, del estado jurídico de inocencia de aquellos (fs. 83 vta.).
Adujo que debe tenerse presente que las limitaciones de carácter formal de las que la casación hace uso para desoír a la defensa ante dicha instancia “fragmentando -en perjuicio- de los encartados los agravios de una única institución -la defensa pública-, infringe (…) disposiciones constitucionales (…) al limitar el derecho de defensa, restándole utilidad a la defensa pública en orden a su ejercicio ante el Tribunal de Casación e imposibilitando a los aquí condenados el acceso a una revisión amplia e integral de todos los aspectos sustanciales del fallo de condena” y que “[t]al fragmentación de los agravios (…) deviene arbitraria pues (…) desnaturaliza y deja vacua de contenido la actuación de la defensa pública en la etapa intermedia”.
Remarcó que resulta inexacto lo afirmado por el a quo en punto a que no se demostrara la denunciada vulneración a los derechos de defensa, al recurso, al estado jurídico de inocencia y a la garantía de la doble instancia que produce la limitación contenida en el art. 451 del ritual en cuanto excluye del tratamiento en Casación de los agravios planteados en el marco del art. 458 del C.P.P. (fs. 84).
Por otra parte, trajo a colación el precedente P. 85.977 de esta Corte y alegó que no es adecuado que el órgano jurisdiccional que resuelve la sentencia en crisis sea el mismo que analiza si incurrió en las deficiencias enunciadas en art. 494 del C.P.P. pues esa labor resulta reservada al Tribunal superior; de lo contrario, se vería comprometido el principio de imparcialidad de los jueces, previsto en el art. 8.1 de la C.A.D.H. (fs. 84 vta. /85).
3. La queja formalizada es improcedente en atención a que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ha sido bien denegado por la Sala V del Tribunal de Casación Penal.
a. De la lectura del decisorio en crisis, se advierte que el Tribunal de Casación, si bien observó que la presentación fue interpuesta por quien se encuentra legitimado, en forma legal y tiempo oportuno y contra una sentencia definitiva, advirtió que el recaudo establecido en el art. 494, primer párrafo, del C.P.P., vinculado con el monto de pena impuesta a los imputados, no se encontró abastecido (v. fs. 76).
Luego, especificó que las referencias traídas por el impugnante, consistieron en una reedición de lo expuesto en el recurso de casación oportunamente rechazado, “…sin presentar un específico desarrollo que, con la suficiencia técnica necesaria, sea capaz de habilitar la instancia superior”. En dicha senda, identificó el reclamo relativo a la comprobación de la responsabilidad de sus asistidos en el evento juzgado y calificado en los términos del art. 80 inc. 7° del C.P., como una reiteración de los argumentos, tratados y descartados por ese Tribunal (ver fs. 76 y vta.).
A continuación, aseveró que respecto de las cuestiones de índole federal que el recurrente estimó conculcadas, “…las referencias traídas por el impugnante no se hallan presentadas con un específico desarrollo que, con la suficiencia y carga técnica necesarias y en relación a las circunstancias comprobadas de la causa, sea capaz de sortear los recaudos objetivos inexistentes a fin de habilitar la instancia extraordinaria pretendida (art. 494 del C.P.P., 14 y 15, Ley 48)” -fs. 76 vta.-.
Concluyó, en lo que atañe a la solicitud de inconstitucionalidad del mentado artículo 451 y 494 del Código Procesal Penal, y sin perjuicio de lo manifestado en los párrafos precedentes, que “es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de la[s] leyes sólo tiene cabida como última ratio del orden jurídico, de allí que para su procedencia se requiere que el interesado demuestre acabadamente de qué manera la norma cuestionada contraría la Constitución causándole de ese modo un agravio” y que de esa forma “para que pueda ser atendido un planteo de tal índole, debe tener -en lo que cuenta- un sólido desarrollo argumental que no exhibe el presente (conf. doct. P. 100.955, res. de 23/VII/2008; Ac. 101.036, 10/IX/2008; P. 100.115, res. de 23/XII/2009, entre otros)” -fs. cit.-.
b. De lo hasta aquí expuesto se advierte que la queja intentada no controvirtió de manera eficaz el fundamento por el cual se desestimó el remedio impugnativo. Asimismo, se desentendió de los precedentes de esta Corte citados por la Alzada para justificar su decisión (v. fs. 77).
4. Finalmente, tampoco prospera la denuncia de violación al principio de imparcialidad del juzgador en tanto la parte no logró demostrar la relación directa e inmediata entre el derecho que dice vulnerado y lo debatido y resuelto en el caso.
Por ello la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por el Defensor adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de Brian Nahuel Campos y Alberto Jonathan Campos (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia