Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 127480
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la queja interpuesta a favor de Gonzalo Emilio Sánchez Pinedo; con costas (art. 486 bis del CPP).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Eduardo Durañona por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
La Plata, 27 de diciembre de 2017.
La presente causa P. 127.480-RQ caratulada: "Sánchez Pinedo, Gonzalo Emilio s/ recurso de queja en causa N° 67.348 del Tribunal de Casación Penal, Sala V",
I. La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 31 de mayo de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa particular contra la decisión de ese mismo órgano jurisdiccional que confirmó el fallo de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro en cuanto -en puridad- confirmó el punto II del auto que dispuso la elevación a juicio de las actuaciones por resultar Gonzalo Emilio Sánchez Pinedo probable autor penalmente responsable de los delitos de amenazas; hizo lugar parcialmente el recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, y confirmó el sobreseimiento del nombrado del hecho que se dijo cometido el 27-VI-2012 -punto III del auto-; y dispuso elevar las actuaciones respecto del otro hecho referido en dicho acápite, por la probable autoría del delito de desobediencia (v. fs. 55/59).
Fundó dicho decisorio en la ausencia de definitividad -art. 482 CPP, a contrario sensu - (v. fs. 57). Agregó que la vulneración de garantías y principios constitucionales no conseguía aperturar la vía intentada, pues -en puridad- configura un extremo cuya justificación es lógicamente anterior (v. fs. 58).
II. En objeción a lo resuelto, el doctor Eduardo Durañona -defensor particular- interpuso recurso de queja -art. 486 bis , CPP- (v. fs. 60/68 vta.).
Repasó los agravios llevados en el carril denegado, y afirmó que el auto adverso nada señala respecto al planteo sobre la vulneración de la doble instancia, lo que -claramente- configura un decisorio arbitrario (v. fs. 60 y vta.). Recordó que el motivo de impugnación casatorio se basó en que "esta parte perdió la oportunidad de apelar el auto de elevación a juicio" (v. fs. 60 vta. in fine ).
Advirtió que al tratar los planteos federales, el órgano respondió con consideraciones generales sin particularizar en el caso (v. fs. 61). Señaló que dicha situación contraría la inviolabilidad de la defensa y el derecho a la jurisdicción -arts. 18, Const. nac.; 8, primer párrafo, CADH; 14.1, PIDCP; y Fallos 199:617; 305:2150, e.o., de la Corte federal (v. fs. 61 y vta.).
Se refirió a las limitaciones procesales con cita de lo resuelto en "Di Mascio", "Strada" y "Trusso" por el Tribunal de cita, y doctrina sobre el punto. Coligió en la inconstitucionalidad de toda restricción de acceso a las instancias provinciales (v. fs. 61 vta./63 vta.).
En dicho marco, esgrimió que la vulneración al derecho al recurso -art. 8.2.h, CADH- podría acarrear la responsabilidad internacional del Estado. Mencionó la Opinión Consultiva 11/90 de la CIDH, y lo fallado en "Giroldi" y "Bramajo" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 64 y vta.).
Concluyó en que, en virtud del carácter intermedio que reviste, el Tribunal casacional no puede vedar -mediante obstáculos formales- la revisión (v. fs. 65). Adunó que, "de adoptarse un concepto de sentencia definitiva restrictivo" se vulneraría dicha garantía una vez más (v. fs. 65). Explicó que el rechazo del recurso de queja bajo el argumento de que el decisorio no resulta atacable mediante el remedio del art. 450 del CPP, no expresó por qué la decisión no sería asimilable a sentencia definitiva (v. fs. 65 vta.). Afirmó que adquiere tal cualidad al hallarse en juego la vulneración del derecho a la doble instancia (v. fs. cit.).
Para finalizar, reseñó el iter de la causa (v. fs. 66 vta./67 vta.), e insistió con las vulneraciones constitucionales prealudidas (v. fs. 67 vta./68).
III. La queja es improcedente (art. 486 y 486 bis del CPP).
1. Ello, en tanto, en consonancia con lo resuelto por el a quo , esta Corte tiene dicho que la decisión que -en definitiva- confirmó la elevación de la causa a juicio, al no terminar la misma ni impedir su continuación, no puede considerarse sentencia definitiva en los términos del art. 482 del Código Procesal Penal y tampoco representa un supuesto de equiparación a ella pues, por sus efectos, no provoca un agravio de insusceptible o muy dificultosa reparación ulterior que requiera tutela judicial inmediata (conf. causa P. 109.510, resol. de 14-VI-2010; causa P. 113.690, resol. de 30-III-2011; P. 116.597, resol. de 23-X-2013; P. 113.467, resol. de 3-VII-2013; P. 111.742, resol. de 30-X-2013; P. 118.690, resol. de 11-VI-2014; P. 120.345, resol. de 15-IV-2015; P. 124.508, resol. de 26-VIII-2015; P. 125.938, resol. de 18-XI-2015; P. 122.800, resol. de 22-XII-2015; P. 125.048, resol. de 20-IV-2016; P. 121.611, resol. de 13-VII-2016; P. 121.581, resol. de 10-VIII-2016; P. 123.751, resol. de 24-VIII-2016; P. 122.494, resol. de 14-XII-2016; entre otras).
Frente a ello, la defensa no logra remover dicho obstáculo formal.
2. Para más, las argumentaciones de la parte relativas a la supuesta violación de diversas garantías constitucionales -derecho de defensa, al recurso, acceso a la jurisdicción, e.o- no puede tener acogida favorable ya que -como acertadamente lo puso de manifiesto el Tribunal revisor- los agravios de pretensa índole federal no resultan aptos para excepcionar la falta de definitividad pues el abastecimiento de las exigencias del art. 482 del Código Procesal Penal configuran un recaudo previo a la consideración de tales problemáticas.
3. En función de todo lo expuesto, la tacha de arbitrariedad queda huérfana de sustento argumental.
IV. Sólo resta señalar que, en el caso, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar la queja interpuesta a favor de Gonzalo Emilio Sánchez Pinedo; con costas (art. 486 bis del CPP).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Eduardo Durañona por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°3108
Fin de la sentencia