Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 126890
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Kogan, Soria, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 126.890, "Ojeda, Carlos Sebastián s/ Recurso de queja en Causa n° 67.204 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 4 de junio de 2015, declaró abstracto el recurso homónimo interpuesto por el señor defensor oficial a favor de Carlos Sebastián Ojeda, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de Quilmes, que en integración unipersonal, lo había condenado como coautor responsable del delito de robo calificado por escalamiento en concurso ideal con tentativa de robo en poblado y en banda, y con la participación de un menor de edad, a la pena de dos años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas; ordenando su inmediata detención, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del art. 371 del Código Procesal Penal (v. fs. 59/61, con relación a fs. 1/13 vta.).
Contra ello, el señor defensor oficial adjunto ante el referido tribunal intermedio interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 70/83 vta.), cuya declaración de inadmisibilidad (v. fs. 85/87 vta.), motivó la presentación de la queja pertinente (v. fs. 156/172), a la que esta Corte hizo lugar concediendo el recurso (v. fs. 179/181).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 199/201), dictada la providencia de autos (v. fs. 202) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Al igual que dictamina la Procuración, entiendo que la impugnación no puede prosperar (v. fs. 199/201).
I. El señor defensor oficial denuncia que la sentencia que ataca se basa en meras afirmaciones dogmáticas que impiden considerarla un acto jurisdiccional válido, por falta de fundamentación y vulnerar las garantías del debido proceso, defensa en juicio y doble instancia, conforme lo sostenido en el precedente P. 80.280 de este Tribunal y los lineamientos fijados a partir del fallo "Casal" por la Corte federal y la doctrina legal que cita, junto con los arts. 18, 33, 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8.2."h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 79 vta./80 vta.).
Sostiene que la casación rechazó el planteo de esa parte sobre la forma inmotivada y arbitraria que la jueza de grado resolvió imponer a Carlos Ojeda una pena de prisión efectiva, conforme los fundamentos agregados en el memorial de fs. 47/55 que transcribe, por considerar "razonable y fundada" esa decisión, sin una consideración mínima de la argumentación expresada (v. fs. 81).
II. Carlos Sebastián Ojeda fue condenado el 31 de marzo de 2014 por la señora jueza integrante del Tribunal en lo Criminal n° 5 de Quilmes, a la pena de dos años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, en calidad de coautor responsable de los delitos de robo agravado por escalamiento en concurso ideal con robo en poblado y en banda, en grado de tentado y con la participación de menores de edad (v. pronunc. de fs. 1/14).
La magistrada dispuso asimismo su inmediata detención de conformidad con lo previsto en el art. 371, último párrafo, del Código Procesal Penal, la cual -según acta de notificación del fallo de fs. 14- se efectivizó en la misma fecha. Frente al pedido de pena de la fiscalía de cuatro años de prisión y a la cuestión invocada relativa a la " probation incumplida " por el encartado, expresó que esa "...actitud demostrada con posterioridad al delito, y ante la oportunidad que le dio el Estado, evidenció un fuerte desprecio por el orden legal y por esa nueva oportunidad concedida [...], la pena, maguer el monto [...] fijado, no puede ser en modo alguno de ejecución condicional" (fs. 11 y vta.).
Trajo a colación jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal de Casación que, al igual que en este caso, ponía de manifiesto el conocimiento del imputado de que no sólo la extinción de la acción penal dependía de su cumplimiento de las tareas comunitarias dispuestas por el juez garante, sino también la libertad; no obstante, la conducta de Ojeda había consistido en algo más grave que incumplir las tareas, pues "...llenó personalmente certificados, falseó fechas (mal puede haber comenzado en septiembre cuando la prórroga le fue concedida un mes después y notificada a finales de ese mes posterior)" (fs. 12).
A tenor de la naturaleza y fines que asignó al instituto de la condenación condicional, la sentenciante apreció que el comportamiento del acusado posterior al delito impedía dirimir su situación en el marco de lo reglado por el art. 26 del Código Penal, siendo imperioso que "Ojeda internalice la necesidad de respetar el orden jurídico vigente, y no tome a la ligera institutos de gran valor resocializador como el que en su oportunidad le otorgaron, volviendo en su decurso, a adoptar conductas antisociales..." (fs. cit. vta.).
Por la misma razón, decidió aplicar la referida medida de coerción, en la convicción de que la actitud irreverente del encartado frente a las oportunidades que le brindara el orden legal sin efectivizar privaciones de libertad, llevaba a concluir que intentaría eludir la acción de la justicia nuevamente.
III. En oportunidad de interponer el recurso de casación que obra a fs. 16/20 vta., la defensa centró su queja en la medida coercitiva que, sin ser pedida por la fiscalía, había sido abonada por la jueza de grado mediante un alcance inconstitucional de lo previsto por el art. 371 del Código Procesal Penal, en conculcación del principio de inocencia, el juicio previo y el mantenimiento de la libertad durante el proceso. En refuerzo de su postura citó jurisprudencia de esa sede que entendió aplicable al caso, en virtud de la similitud de las circunstancias que sucintamente señaló, entre ellas, que "...la pena inferior esperable bien podría resultar de ejecución condicional", con la diferencia marcada de que en estos autos no se había invocado razón objetiva alguna para decretar la detención puesta en jaque (v. fs. 19).
Luego, cuando el señor defensor oficial acompañó el memorial que autoriza el art. 458 del Código Procesal Penal, adelantándose a que los "nuevos fundamentos" allí especificados pudieran declararse inadmisibles por extemporáneos, abogó por su examen en atención a la facultad que en tal sentido otorga el art. 435 si ello beneficia al imputado (v. fs. 123).
Por cierto, es en este escrito en que la parte discutió novedosamente la interpretación efectuada para denegar la ejecución condicional de la pena, a través de su lectura de la normativa regulatoria de dicho instituto y de la suspensión de juicio a prueba; cuestionó que Ojeda no hubiese podido oponerse a las circunstancias tenidas por probadas en torno de las supuestas falsificaciones imputadas; además de denunciar que lo resuelto se apartaba de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la doctrina de este Tribunal relativa al ámbito de aplicación del art. 26 del Código Penal, y la fijada por los precedentes P. 73.366; P. 86.764; P. 74.507 y P. 85.467; en la comprensión de que la jueza de grado debió atender las condiciones personales del acusado al momento de fallar la causa (v. fs. 48/54 vta.).
IV. El Tribunal de Casación dictó sentencia el 4 de junio de 2015 declarando abstracto el recurso incoado, merced a que las actuaciones del habeas corpus tramitado en favor de Carlos Sebastián Ojeda que tenía a la vista, daban cuenta que la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes, había dispuesto su inmediata libertad el 3 de abril de 2014, fecha en la que se hizo efectiva (v. fs. 59 vta. y 60).
En resguardo del derecho de defensa del nombrado, agregó que "...si bien la parte no introdujo un agravio de manera directa, respecto de la eventual inquietud de modificarse el modo de cumplimiento de la pena impuesta en la sentencia, sino solapadamente", la decisión resultaba razonable y fundada, a tenor de los fundamentos expresados a fs. 11 vta./12 vta. de la sentencia de condena a los que remitió y han sido reproducidos en el apartado II del presente (v. fs. 60).
V. Tal como fue anticipado, el recurso debe ser rechazado, en sintonía con las líneas argumentales que sostienen el dictamen de la Procuración, que en lo esencial hago aquí propias.
Por un lado, porque como allí se explica y surge de lo narrado en los puntos anteriores, el recurso de casación de la defensa estuvo dirigido a controvertir la medida de coerción aplicada a Ojeda en los términos del último párrafo del art. 371 del Código del rito; planteo sobre el cual el a quo estimó inoficioso expedirse en razón de haber constatado que ya con anterioridad a su decisorio el nombrado imputado se hallaba gozando de la libertad producto del éxito obtenido con el habeas corpus presentado.
La decisión así adoptada por el órgano revisor en función del asunto sometido oportunamente a su examen, no ha sido objeto de censura alguna que habilite a esta Corte ejercer su competencia en el acotado marco en que resultó abierta.
Tampoco atiende el impugnante que el a quo dio la respuesta escueta que le afrenta, en la inteligencia de que el recurso no contenía agravio alguno directamente vinculado al modo de cumplimiento de la pena, nada más la "inquietud" manifestada circunstancialmente sobre la posibilidad de su "eventual" modificación, en el marco del cuestionamiento formulado a la detención ordenada; en tal contexto y con el alcance señalado, la casación proclamó la razonabilidad de la construcción elaborada en ese punto en el pronunciamiento originario al que remitió.
Con lo cual, no puede reputarse arbitraria la sentencia por no haberse tratado la pretensión fundamentada en el memorial, que constituyó para el órgano intermedio un nuevo motivo de agravio, distinto del contenido en el recurso, tal como esa misma parte lo pusiera de manifiesto al propiciar en aquella oportunidad del art. 458 del Código Procesal Penal que la extemporaneidad del planteo no fuese óbice para su tratamiento en esa sede.
En ese sentido, bien recuerda el señor Procurador General que es doctrina de esta Corte que "...el último párrafo del apartado cuarto del art. 451 del ritual marca el límite temporal para expresar los motivos de casación: hasta la interposición del recurso. Una vez vencido ese término 'el recurrente no podrá invocar otros motivos distintos'. Las posteriores ocasiones procesales (como la mentada audiencia prevista en el art. 458, CPP) están contemplados para que la parte complete, con argumentos y citas legales, el planteo originario del recurso, sin que quepa ampliar el espectro del material sobre el cual el Tribunal de Casación debe ejercer su control de legalidad" (fs. 200 vta. del dict. con cita de la causa P. 125.212, sent. de 24-VIII-2016).
Es decir, estos arts. establecen el cumplimiento de mínimos requisitos para el ejercicio del derecho a la revisión del fallo condenatorio por un tribunal superior (art. 8.2."h", CADH), y en ello no se advierte irrazonabilidad alguna, máxime cuando no se ha demostrado que tales previsiones pudieran eventualmente conducir a su frustración.
Por lo demás, las argumentaciones tributarias del concepto de la revisión suficiente acuñado por la Corte federal in re "Casal" deben armonizarse con el dictamen del Procurador Fiscal en la causa D.1624.XLI, "Delfino, Martín Fernando y otros s/ lesiones graves en agresión -causa 57.038/04-" en cuanto precisó que la doctrina de aquel precedente no exime de cumplir con el recaudo relativo al momento en que deben interponerse los agravios, sino que lo torna aún más exigible, "...pues mal puede afirmarse un menoscabo al derecho de obtener una revisión de la condena en relación a un aspecto que la misma parte no sometió al examen del tribunal de instancia superior" (v. causa cit., sent. de 1-IV-2008). Este criterio a su vez, fue luego ratificado por el superior Tribunal de la Nación en el caso "Godoy, Gustavo Ezequiel y otro s/ causa nro. 1499/1514", sentencia de 22-XII-2008, oportunidad en la que al hacer suyos los argumentos del Procurador General, estimó que "...[si] bien el derecho de una persona a obtener una revisión de su sentencia por un tribunal superior es innegable, el deber [...] de agotar el esfuerzo por revisar todo aquello que resulte motivo de agravio, queda enmarcado dentro de las exigencias formales que resultan insoslayables y cuya omisión impide el tratamiento de determinadas cuestiones, como ocurre con la introducción tardía de nuevos agravios".
Por lo que se lleva dicho, coincido con el dictamen de la Procuración en que la queja no logra evidenciar la existencia de graves defectos de fundamentación o razonamiento en el fallo que impidan reputarlo un acto jurisdiccional válido; además de las apreciaciones vertidas a todo evento a fs. 200 vta. y 201 del referido dictamen que doy aquí por reproducidas respecto a la fundamentación que exhibe la decisión sobre el efectivo cumplimiento de la pena determinada.
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Negri , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia