Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129167
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja interpuesta por el señor Defensor General del Departamento Judicial de Dolores a favor de Hugo Nicolás Vallejos; con costas (art. 486 bis y concs. del CPP, según ley 14.647).
La Plata, 27 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 129.167-RQ, caratulada: "Vallejos, Hugo Nicolás s/ Recurso de queja en causa N° 675 de la Cámara de Apelación y Garantías de Dolores",
I. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Dolores, mediante el pronunciamiento dictado el 6 de junio de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley intentado por la defensa de Hugo Nicolás Vallejos, contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de apelación incoado contra la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 3 departamental, que -en el marco de un juicio abreviado- lo había condenado por los delitos de robo simple en grado de tentativa, amenazas, resistencia a la autoridad y lesiones leves agravadas a la pena de un año y siete meses de prisión de efectivo cumplimiento, revocándose la condicionalidad de la pena impuesta en la causa n° 425/4892 e imponiéndose -en consecuencia- la pena única de dos años y ocho meses de prisión de efectivo cumplimiento (v. fs. 40/43).
II. Frente a ello, el señor defensor oficial -doctor Daniel Ignacio María Arias Duval- dedujo recurso de queja (v. fs. 44/51 vta.).
Luego de referirse a los antecedentes del caso, los agravios efectuados en la vía denegada y la respuesta brindada por el Tribunal de Alzada (v. fs. 45/48 vta.), sostuvo que el órgano revisor debió limitar su examen a verificar si se había planteado una cuestión federal sólo a los fines de la admisibilidad, mas sin extenderse sobre la aptitud de la misma. En dicha línea, estimó que el a quo realizó un "autoanálisis" de su propia actuación, con basamento en "frases genéricas y dogmáticas" aplicables a cualquier supuesto (v. fs. cit./49). Explicó que la Cámara rechazó la impugnación sin entrar al estudio de los agravios ni referirse a la prueba producida en el debate (v. fs. cit.).
Agregó a su crítica que la interpretación del art. 486 del Código Procesal Penal adoptada por la Cámara "resulta violatoria del derecho del imputado al juez natural, al debido proceso e imparcialidad del juzgador", toda vez que ella misma revisó el fallo invadiendo competencia propia de esta Corte (v. fs. 50).
Por último, expuso que la cuestión federal relativa a la garantía de revisión amplia (art. 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCP) por apartarse de la doctrina fijada en los precedentes "Casal", "González Arroyo", "Martínez Caballero" de la Corte nacional y "Herrera Ulloa" de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, no puede ser resuelta por la Cámara por ser justamente dicho órgano el que dictó la resolución que se impugna (v. fs. 50 vta.).
III. La queja no prospera.
1. Ocurre que el Tribunal de Alzada al resolver la impugnación extraordinaria, sostuvo, luego de señalar que el caso no encuadraba en las previsiones del art. 494 del Código Procesal Penal, que si bien el recurso de inaplicabilidad de ley constituye el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones de índole federal que pudiesen encontrarse involucradas -de conformidad con los precedentes "Strada" y "Di Mascio" de la Corte federal- la mera invocación de afectación a garantías y principios constitucionales por entender que se ha efectuado una errónea revisión de la determinación de la pena, sin precisar el agravio concreto, no resulta suficiente para habilitar la vía recursiva intentada (v. fs. 41 y vta.).
En ese derrotero, señaló que las cuestiones constitucionales llevadas por el recurrente no resultaban eficaces a esos efectos, no advirtiéndose que la sentencia impugnada padezca de algún vicio que bajo el prisma de la pretoriana jurisprudencia del máximo Tribunal federal, encasille en el elenco de supuestos que se incluyen en el amplio catálogo de la arbitrariedad denunciada, quedando a salvo de la tacha atribuida (v. fs. cit.).
Por último, agregó que las críticas esgrimidas en el recurso no pasaban de ser una opinión personal discrepante con el criterio brindado por el a quo, no advirtiéndose argumentación alguna respecto de la pretendida arbitrariedad, sino una disidencia que pretende convertir el recurso en una inadmisible tercera instancia sobre los hechos juzgados (v. fs. 42 vta.).
2. La denuncia de exceso en la jurisdicción alegada por la defensa no es de recibo.
Cabe aquí recordar que el análisis de la suficiencia y carga técnica de la cuestión federal es parte integrante del juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (conf. doctr. arts. 483, 486, 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647; P.125.455, resol. del 13-V-2015, P. 125.523, resol. del 20-V-2015, P. 125.506, resol. del 3-VI-2015, P.125.630, resol. del 17-VI-2015, P. 125.577, resol. del 17-VI-2015, e.o.).
Es que, en contra del reproche efectuado, surge evidente que el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor sino que, simplemente, compulsó la alegación de un motivo casatorio que habilite su admisibilidad.
De tal modo, el autor de la queja no desarrolló ningún argumento eficaz tendiente a remover el aludido óbice formal sobre el cual se edificó la decisión denegatoria del carril impugnativo escogido.
3. Finalmente, la denuncia de violación de las garantías de juez natural, debido proceso e imparcialidad tampoco logra revertir el sentido de lo resulto, pues no se demostró la relación directa e inmediata entre los derechos que la parte dice vulnerados y lo debatido y resuelto en el caso (art. 15 de la ley 48).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar la queja interpuesta por el señor Defensor General del Departamento Judicial de Dolores a favor de Hugo Nicolás Vallejos; con costas (art. 486 bis y concs. del CPP, según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia