Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 126982 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja interpuesta por el señor Defensor Oficial ajunto a favor de Brian Gabriel Ortega, con costas (arts. 486, 486 bis y ccds. del C.P.P.).
Secretaría Suprema Corte
Registrado bajo el N°606
P. 126.982-RQ - “Ortega, Brian Gabriel s/ Recurso de queja en causa N° 67.792 del Tribunal de Casación Penal, Sala III”.
///Plata, 19 de abril de 2017.-
La presente causa P: 126.982-RQ, caratulada: “Ortega, Brian Gabriel s/ Recurso de queja en causa N° 67.792 del Tribunal de Casación Penal, Sala III”,
1. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 18 de febrero de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad deducido contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal N° 6 del Departamento Judicial San Martín que había condenado a Brian Gabriel Ortega a la pena de diecinueve años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego (fs. 57/59).
2. Contra lo así resuelto, el señor Defensor Oficial adjunto ante la aludida instancia -doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi-, articuló recurso de queja (fs. 68/70 vta.).
Refirió que en el recurso de casación se cuestionó el monto de pena por resultar excesivo, en tanto que con tan solo dos agravantes y un solo atenuante se impuso una pena que excedía el 80 por ciento el mínimo legal. Manifestó que ante ello y, en virtud de lo normado por el art. 8.2.h de la C.A.D.H., “correspondía al Tribunal intermedio analizar la pena impuesta y los argumentos que la fundamentan (si se hubieran plasmado) y, finalmente revisar su razonabilidad otorgando respuesta a lo concretamente planteado” (fs. 70).
De seguido, explicó que el a quo no realizó una correcta revisión del monto de pena impuesto sino que se limitó a una afirmación dogmática sobre la insuficiencia del planteo.
Indicó que cuestionado que fue tal proceder mediante el recurso denegado “se insiste una vez más en la insuficiencia de la defensa en los planteos y se mantiene la falta de respuesta jurisdiccional ante el denunciado error judicial”.
Finalmente, expresó que “se considera insuficiente el recurso por cuanto no puede el [Tribunal de Casación Penal] desentrañar la pena que se pretende” y que “[c]onforme surge de los antecedentes, el recurso pidió el mínimo de pena y brindó argumentos para ello; el [a quo] en oportunidad de revisar no dio respuesta y el recurso extraordinario denunció la errónea revisión en los términos del art. 8.2.h CADH, por lo que en ningún momento el TCP se encontró imposibilitado de ‘desentrañar cual habría sido la solución correcta para la defensa’” (fs. 70 vta.).
3. La queja no prospera.
En efecto, el Tribunal de Casación luego de repasar los motivos de agravio llevados a su conocimiento y señalar que “si bien la sentencia impone una pena superior a diez años de prisión” y que el embate “se ciñe a la violación de las garantías referidas a la defensa eficaz y a la revisión amplia de la condena”, observó que “el recurso no abastece la carga de motivación que traen los artículos 484 y 495 del Código Procesal Penal”.
Así las cosas, entendió -por un lado- que la abundancia de citas jurisprudenciales “no ha sido relacionada en forma concreta con las circunstancias puntuales de autos, lo que equivale a afirmar que el peticionante no ha establecido, siquiera argumentalmente, cómo la sentencia que impugna habría violentado o desoído los preceptos que surgen de dichos precedentes”. Y, por el otro, dijo que “la crítica resulta teórica, pues no aborda, critica o refuta, los argumentos dados por la Sala para decidir como lo hizo, fundamentalmente, en cuanto a las razones por las que se confirmó la aplicación de la agravante contenida en el artículo 41 bis del Código Penal, y, puntualmente, en lo que atañe a los artículos 40 y 41 del mismo cuerpo legal, el hecho de que en autos se valoró una sola atenuante, y por el contrario, una pluralidad de agravantes”.
Remarcó que “las circunstancias concretas de autos no aparecen abordadas en el texto del recurso, que en consecuencia, tampoco las refuta o critica a los efectos de brindar a la presentación la suficiencia que exigen los artículos 484 y 495, y con ello, en palabras de [esta Corte] queda indemostrada la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso”. Sumo a ello que el cuestionamiento también se encuentra desprovisto de desarrollos argumentales y precisiones que permitan desentrañar los extremos por los que, atento la totalidad de las circunstancias evaluadas, a criterio de la parte la pena finalmente impuesta resultaría arbitraria (fs. 85 vta.).
Concluyó que el recurso se agota en la mera denuncia “al no expresar cuál habría sido la solución correcta para el caso, en qué habría consistido la arbitrariedad que pregona, frente a las constancia de la causa que silencia, y cómo habría afectado, en concreto, las garantías que dice conculcadas”.
b. Si bien de lo reseñado se desprende que el Tribunal efectuó algunas consideraciones que traspasaron los límites formales de la admisibilidad -punto sobre el cual el quejoso nada dijo-, lo cierto es que la defensa no se hace cargo de lo resuelto y elabora su crítica a partir de una reiteración de los agravios llevados a conocimiento de la instancia anterior, sin controvertir de modo concreto y razonado todos y cada uno de los argumentos sobre los cuales la casación cimentó la inadmisibilidad del recurso local.
En definitiva, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (cfe. arts. 486 y 486 bis del C.P.P.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja interpuesta por el señor Defensor Oficial ajunto a favor de Brian Gabriel Ortega, con costas (arts. 486, 486 bis y ccds. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Luis Esteban Genoud
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia