Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128153
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, con costas, la queja interpuesta por la Defensora Oficial adjunta ante el a quo a favor de Matías Alejandro Picapietra (arts. 484, 486 bis, 494 y ccds. del C.P.P.).
P. 128.153-RQ - “Picapietra, Matías Alejandro s/ Recurso de queja en causa N° 68.800 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”.
///Plata, 3 de mayo de 2017.-
La presente causa P. 128.153-RQ, caratulada: “Picapietra, Matías Alejandro s/ Recurso de queja en causa N° 68.800 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”,
1. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 2 de junio de 2016 -en lo que importa-, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial contra la decisión de dicha Sala que rechazó el recurso de la especialidad deducido contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Pergamino que condenó a Matías Alejandro Picapietra a la pena de cinco años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor responsable del delito de robo agravado por el uso de arma (fs. 36/41)
2. Frente a ello, la señora Defensora Oficial adjunta ante la aludida instancia, doctora Ana Julia Biasotti, articuló recurso de queja (fs. 44/48 vta.).
Afirmó que el órgano desestimó de modo erróneo la vía incoada (fs. 45 vta.).
Expuso que se tornan inaplicables los recaudos del art. 494 del C.P.P. en virtud de la conculcación de derechos constitucionales y convencionales. Trajo a colación la doctrina emanada de la Corte federal en “Strada”, “Christou” y “Di Mascio” (fs. cit./46).
Esgrimió que lo fallado por el a quo contraría lo allí dispuesto, y priva a este Tribunal del rol institucional básico -arts. 31 y 5 de la C.N.- (fs. 46 cit.).
En confronte con lo resuelto, entendió que el recurso extraordinario demostró suficientemente el quebranto prealudido que se debate la aparente revisión de la sentencia de condena -arts. 8.2.h de la C.A.D.H y 14.5 del P.I.D.C. y P.- y postuló su oportuno planteo y la actualidad del gravamen (fs. cit. y vta.).
Estimó que se ha negado erróneamente la concurrencia de una cuestión federal y su relación directa con la solución del caso. Detalló que en la vía extraordinaria se tachó de arbitrario lo decidido por el revisor, al sostenerse que no llevó a cabo una revisión amplia e integral el fallo condenatorio. Trajo a colación lo fallado por la Corte I.D.H. en “Herrera Ulloa”, por el Máximo Tribunal nacional en “Casal”, y mencionó lo resuelto por esta Corte en P. 99.084 y P. 89.939, que fueran citados en su oportunidad (fs. 47).
Por lo expuesto, concluyó que los límites de la norma de rito deben ser inaplicados o declarados inconstitucionales (fs. 48).
3. La queja formalizada no prospera en atención a que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado ha sido bien denegado.
En efecto, los desarrollos efectuados por la parte respecto del yerro del a quo en punto a la no concesión de la vía recursiva en cuestión pese a la invocación de una cuestión federal, lo que hubiere generado la obligación de dejar de lado las limitaciones a la recurribilidad objetiva previstas en aquella norma en pos de garantizar el adecuado tránsito de la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por aplicación de lo reglado en el art. 31 de la C.N. y los precedentes “Strada” y “Di Mascio”, no guardan relación directa e inmediata con lo efectivamente tratado y resuelto por el Tribunal de Casación Penal.
Es que dicho órgano, luego de aludir a la definitividad del pronunciamiento impugnado, observó que no se encontraban presentes los requisitos objetivos de la norma de rito, en tanto Matías Alejandro Picapietra no fue condenado a una pena superior a los diez años y los planteos de la parte escapaban la índole exigida.
Sentado ello, entendió que la recurrente no había demostrado que estuviese involucrada de manera directa e inmediata una cuestión federal susceptible de excitar la competencia revisora de este Superior Tribunal provincial, como tránsito adecuado para acceder eventualmente al remedio federal contemplado en el art. 14 de la ley 48 (fs. 40.).
En dicho marco, juzgó que los embates llevados en la vía, constituían la expresión de una opinión contraria a lo fallado, con los que pretendió esbozar una particular interpretación sobre la prueba, sin conseguir viabilizar la formal apertura extraordinaria por la vía de excepción intentada (fs. cit. y vta.).
En virtud de las características de los reclamos, concluyó que no se hallaba involucrada de manera directa e inmediata una cuestión federal a los fines de sortear las exigencias prealudidas (fs. 40 vta. cit.).
4. Tales argumentos no fueron rebatidos por la recurrente, quien insiste dogmáticamente en la configuración de planteos de pretenso cariz federal en su presentación.
Es que cuando el remedio local sólo se sustenta en agravios de tal índole, sobrepasando las exigencias de admisibilidad de la ley ritual, deben hallarse exteriorizados con suficiencia los recaudos que permitirían sortear con éxito su acceso a la instancia prevista en la ley 48 (arts. 14 y 15), pues únicamente así los planteos son aptos para previamente ser resueltos por este Tribunal (cf. Ac. 100.210, res. del 14/XI/2007; e.o.).
Por lo demás cabe recordar que "el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (C.S.J.N., Fallos t. 310: 234), y más allá de su discrepancia, no se pone en evidencia la existencia de esos graves defectos.
5. Por último, la petición de inconstitucionalidad del art. 494 del C.P.P. carece de virtualidad en la medida en que lo decidido no se funda, de modo dirimente, en las limitaciones allí establecidas, sino en que no se hallan exteriorizados de modo idóneo los recaudos que permitirían sortear con éxito el acceso de los reclamos de índole federal al conocimiento de esta Corte.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar, con costas, la queja interpuesta por la Defensora Oficial adjunta ante el a quo a favor de Matías Alejandro Picapietra (arts. 484, 486 bis, 494 y ccds. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia