Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128269
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja impetrada por el doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, a favor de Gabriel Damián Muñoz con costas (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. y art. 31 bis de la ley 5827).
P. 128.269 -RQ - “Muñoz Gabriel Damián s/ Recurso de queja, en causa n° 68.817, y sus acumuladas N° 68.815 y 68.800 por ante el Tribunal de Casación Penal, Sala II”.
///Plata, 3 de mayo de 2017.-
La presente causa P. 128.269 -RQ, caratulada: “Muñoz Gabriel Damián s/ Recurso de queja, en causa n° 68.817, y sus acumuladas N° 68.815 y 68.800 por ante el Tribunal de Casación Penal, Sala II”,
I. La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal -mediante resolución del 2 de junio de 2016 (v. copia agregada a fs. 52/57)- declaró inadmisible -en lo que interesa destacar- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor Defensor Oficial Adjunto ante esa instancia -doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi- a favor de Gabriel Damián Muñoz contra la decisión de ese órgano que -descartando el remedio de la especialidad- confirmó el fallo del Tribunal en lo Criminal N° 1 de Pergamino que condenó al nombrado a la pena de cinco años de prisión, accesorias legales y costas, como coautor del delito de robo calificado por el uso de arma blanca (fs. 38/44 vta.).
Para así resolver, consideró que además de encontrarse ausentes los requisitos del art. 494 del C.P.P. -monto de pena y materia de impugnación-, tampoco era idónea la pretensa cuestión federal introducida por la parte para habilitar la vía de excepción (conf. “Strada”, “Christou”, y “Di Mascio”). En efecto, estimó que “bajo la apariencia” de una cuestión de tal naturaleza, “la disconformidad del impugnante con el fallo”, involucraba en rigor “planteos vinculados con la interpretación de normas de orden local (art. 451 C.P.P.), materia “ajena a la instancia federal”, conforme la inveterada doctrina de la C.S.J.N., concluyendo en que la argumentación ensayada por la parte “no autoriza a entender” que pudiera estar involucrada de manera directa e inmediata una cuestión federal con aptitud para sortear los mencionados requisitos (v. fs. 54 vta./55).
II. Contra dicha decisión, el citado Defensor Oficial Adjunto dedujo el recurso de queja -cfe. art. 486 bis, según ley 14.647- que obra glosado a fs. 64/69 vta.
Allí -luego de aludir al cumplimiento de los recaudos formales- se disconformó con el juicio de admisibilidad de la vía extraordinaria realizado por el tribunal recurrido -transcripto en lo pertinente-, en cuanto negó entidad a la cuestión constitucional articulada en esa postulación, a los fines de habilitar el tránsito recursivo por ante la Corte federal (fs. 65 vta./66).
De seguido, destacó la naturaleza federal de sus planteos, ligados a la violación de la utilidad de la defensa pública (art. 18 C.N.), con afectación de la garantía a una revisión integral, conforme lo prescriben los art. 8.2.h de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C. y P. (fs. cit./67).
Se refirió a la doctrina de la revisión amplia, conforme el precedente “Casal” de la C.S.J.N., los casos “Herrera Ulloa” y “Mohamed” de la Corte I.D.H., y lo decidido por este Tribunal en las causas P. 92.143 y P. 117.659 (fs. cit. vta./68).
Afirmó que lo decidido desnaturaliza “la utilidad del trámite del recurso” y “desconsidera la reforma del art. 451 del C.P.P., 4° párrafo”, convirtiendo el acto en un mero proceso formal que lleva a la frustración de la defensa (fs. cit. vta./69).
Como colofón, señaló que sus agravios habilitan la apertura de la jurisdicción de esta Corte, en orden a dar satisfacción a la doctrina derivada de los precedentes “Strada” y “Di Mascio” del cimero Tribunal (fs. cit.).
III. La queja intentada no logra socavar las bases argumentales sobre las que se cimentó el juicio de admisibilidad negativo sobre el tópico que aquí nos ocupa.
Ocurre que, conforme se reseñó en el considerando I° de la presente -al que cabe remitirse en honor a la brevedad-, el Tribunal intermedio, si bien advirtió que el libelo recursivo portaba una denuncia de cuestiones constitucionales, reprochó a la parte que su planteo -vinculado a la utilidad de la defensa pública ante esa instancia y la revisión integra de la condena- implicó, en rigor, una cuestión procesal.
Ello puesto que no es cierto que el a quo no haya advertido la alegación de una cuestión federal sino que, al contrario de lo afirmado en la queja, la sede casatoria juzgó dicho planteo y consideró que, bajo su amparo, lo que en definitiva se introdujo fue un tópico de naturaleza procesal.
Tal aserto era el que debía controvertirse para remover el óbice adjetivo y lograr poner en juego un agravio federal, susceptible de habilitar la instancia. Pues las consideraciones vinculadas a la utilidad de la defensa pública y a la conculcación del máximo esfuerzo revisor que la parte pretende reprochar al órgano intermedio, aparecen como manifestaciones dogmáticas que no logran evidenciar cual es la relación con lo acontecido en el sub lite .
IV. A mayor abundamiento, y más allá de la ineficacia de los argumentos desarrollados por el quejoso para remover el juicio de admisibilidad negativo, lo cierto es que –en línea con lo expuesto por el a quo- la defensa no logró evidenciar la relación directa e inmediata entre la limitación temporal impuesta por el art. 451 del C.P.P. y la pretensa afectación de la garantía prevista en los arts. 8.2.h de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C y P. (cfe. P. 78.901, sent. 7/XI/2001; P. 75.534, sent. 21/XI/2001; P. 77.329, sent. 10/IX/2003; P.81.725, sent. 16/IX/2003; P. 83.841, sent. 9/X/2003; P. 89.368, sent. 22/XII/2004; P. 99.549, sent. 8/VII/2008; e.o.; art. 31 bis de la ley 5827).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja impetrada por el doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, a favor de Gabriel Damián Muñoz con costas (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. y art. 31 bis de la ley 5827).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia