Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128137
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por la señora Defensora Adjunta ante el Tribunal de Casación Penal contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que obra a fs. 43/45 vta. del presente legajo (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
P. 128.137-RQ - “Fernández Aranda, Eva Susana s/ Recurso de queja en causa n° 68.827 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”.
///Plata, 7 de junio de 2017.-
La presente causa P. 128.137-RQ, caratulada: “Fernández Aranda, Eva Susana s/ Recurso de queja en causa n° 68.827 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”,
1. Conforme surge de las piezas aportadas, la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 30 de septiembre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la sentencia de dicho órgano que confirmó la condena, dictada mediante juicio abreviado, de Eva Susana Fernández Aranda a la pena de cinco años de prisión, accesorias legales y costas, por el delito de robo agravado por el empleo de arma, en calidad de autora (fs. 43/45 vta.).
2. La Defensora Oficial Adjunta ante el órgano casatorio, Dra. Ana Julia Biasotti, dedujo queja por recurso extraordinario denegado (fs. 48/56 vta.).
Recordó que los agravios que sostuvieron la impugnación están constituidos por un lado, por la inobservancia de lo dispuesto en el art.18 y 75 inc. 22 de la C.N.; 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCyP en el marco del alcance que cabe otorgar al recurso de casación como garantía de la imputada a obtener una revisión amplia y eficaz del fallo condenatorio por haber omitido el tribunal revisor tratar de modo adecuado los agravios expresados por la defensa, en orden a la valoración y apreciación de las probanzas que sustentaron la sentencia en relación a la autoría de Fernández Aranda; y por el otro al planteo subsidiario de violación al principio del in dubio pro reo (fs. 50 vta./51 vta.).
Discrepó con la conclusión del a quo en que no medió relación directa e inmediata entre el caso y las garantías denunciadas, e insistió en el reproche de insuficiente revisión.
Sostuvo que la Alzada excedió sus facultades al realizar el juicio de admisibilidad en tanto se expidió sobre el fondo del asunto cuando sólo debió controlar los requisitos formales previstos por la ley (cfe. arts. 482, 483, 484, 484 y 494 del C.P.P.) o, en su defecto, certificar si se había alegado la conculcación de alguna cuestión federal (cfe. doct. “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la Corte nacional (fs. 52 vta./53).
Estimó que el a quo ingresó en la procedencia al expedirse sobre la aptitud y el mérito de los argumentos y, de este modo, privó a su asistido del acceso a la jurisdicción en el marco de la garantía de revisión amplia del pronunciamiento condenatorio (arts. 18 de la C.N. y 14.5. del P.I.D.C. y P.). En su apoyo, citó la causa P. 85.977 (fs. cit./54).
3. La queja debe ser desestimada por improcedente.
En primer lugar, en relación al agravio vinculado con el exceso en la extensión del control de admisibilidad de la vía descartada, corresponde recordar que el art. 483 del C.P.P. (t.o. según ley 14.647) prescribe que la interposición de los recursos extraordinarios “…se efectuará ante el órgano que dictó la resolución que se pretende impugnar…”, el que deberá realizar el primer juicio de admisibilidad de la manifestación recursiva, “de acuerdo a las disposiciones comunes y específicas” contenidas en el capítulo respectivo de ese digesto (cfe. art. 486 cód. cit.).
De ese modo, se ha establecido un sistema recursivo con un doble control de admisibilidad: el primero atribuido al tribunal que emite la resolución en crisis y, el segundo reservado a esta Corte, como Tribunal ad quem, que -además- como tribunal del recurso, tiene competencia privativa y excluyente en la decisión relativa a la fundabilidad de la impugnación (cfe. causas P. 125.630, res. del 17/VI/2015; P. 125.652, res. 24/VI/2015; P. 125.578, res. 12/VIII/2015; P.125.376, res. 14/X/2015 e/o).
En la especie, a fin de dar respuesta al planteo del recurrente es del caso distinguir las condiciones de admisibilidad de las de procedencia del proceso impugnativo, pues si bien la falta de cualquiera de ellas produce el fracaso de la impugnación extraordinaria, se trata de cuestiones que son esencialmente diversas, cuya decisión corresponde a dos órganos jurisdiccionales distintos.
Así, mientras la admisibilidad se vincula con los extremos meramente formales previstos por la ley adjetiva, y corresponde sucesivamente al tribunal a quo y al tribunal ad quem; el análisis de la procedencia hace a la fundabilidad del remedio que involucra el juicio sobre el acierto de la pretensión recursiva, y resulta de competencia privativa del tribunal del recurso.
El juicio de admisibilidad encomendado por el legislador al Tribunal que emite el pronunciamiento recurrido, alcanza a la verificación del abastecimiento de los recaudos formales “de acuerdo a las disposiciones comunes y específicas” del capítulo relativo a la impugnación extraordinaria (cfe. art. 486 C.P.P.).
De allí que, dicho control, habrá de ceñirse a verificar que la impugnada sea una sentencia definitiva a los fines del recurso extraordinario; que el embate haya observado las exigencias relativas a la forma, el lugar y el tiempo del recurso; haya sido deducido por quien tiene legitimación al efecto; se haya invocado alguno de los motivos casatorios taxativamente previstos para la vía de que se trate, y -eventualmente- a los fines de sortear la limitación objetiva a la recurribilidad que -en ciertos casos- ha estipulado el legislador ritual, articule con la suficiencia y cargas técnicas necesarias las cuestiones que autorizarían excepcionalmente su desplazamiento (cfe. arts. 482, 483, 484, 489, 491 y 494 C.P.P.; arts. 168 y 171 CBA y doct. causas P. 125.834, res. 9/IX/2015; P.120.984, res. 2/IX/2015; P. 121.818 res. del 26/VIII/2015 e/o).
El Tribunal de Casación, luego de afirmar la definitividad del fallo impugnado, observó que no se encuentran presentes los requisitos objetivos de la norma de rito, en tanto la imputada no ha sido condenada a una pena superior a los diez años, y los planteos de la parte escapan a la índole exigida.
Sentado ello, entendió que -en autos- la recurrente no exhibió que estuviese involucrada de manera directa e inmediata una cuestión federal susceptible de excitar la competencia revisora del Superior Tribunal provincial, como tránsito adecuado para acceder eventualmente al remedio federal contemplado en el art. 14 de la ley 48 (fs. 44 y vta..).
Explicitó que los planteos desarrollados “no pasan de constituir la expresión de una opinión contraria al pronunciamiento recurrido, sin explicaciones concretas dirigidas contra la motivación expuesta en el fallo en crisis”.
Adunó que “la argumentación de la imputada no llega a poner de manifiesto de que modo la motivación desarrollada en la sentencia casatoria habría producido las afectaciones constitucionales y convencionales que denunció” y que la crítica “fue cimentada en una diferente y particular valoración de la prueba, lo que constituye una temática e excepción que se encuentra en el caso por fuera de los supuestos legales y convencionales que posibilitarían su formal introducción en la vía extraordinaria en tratamiento” (arts. 494, C.P.P.; 18 y 75 inc. 22, C.N.; 14 y 15, Ley 48)”-fs. cit.-
En ese contexto puede colegirse que el tribunal recurrido no incurrió en exceso alguno en el juicio negativo efectuado.
4. Por lo demás, los desarrollos efectuados en el recurso no controvierten las bases argumentales en las que la Casación sustentó la inadmisibilidad del recurso.
Es que las dogmáticas referencias efectuadas en relación a la forma en que debe desarrollarse la revisión de la sentencia de condena para garantizar la doble conformidad judicial no pasa de ser una mera discrepancia subjetiva que -desde el andarivel de la técnica de la impugnación- no resulta un mecanismo idóneo de censura, en la medida del recurso presentado ante el órgano intermedio.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la señora Defensora Adjunta ante el Tribunal de Casación Penal contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que obra a fs. 43/45 vta. del presente legajo (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia