Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128433
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar, con costas, la queja interpuesta a favor de M.F.E. (arts. 486 bis y ccds. del C.P.P., según ley 14.647).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Sergio Andrés Santapa por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
P. 128.433-RQ - “M.F.E. s/ Recurso de queja en causa N° 68.583 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”.
///Plata, 14 de junio de 2017.-
La presente causa P. 128.433-RQ, caratulada: “M.F.E. s/ Recurso de queja en causa N° 68.583 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”,
1. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Segunda del Tribunal de Casación, mediante el pronunciamiento del 5 de julio 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado contra la sentencia de ese órgano que resolvió -en lo que interesa-casar parcialmente el fallo del Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial Zárate-Campana, y en dicho marco, excluir como pauta agravante de la sanción la “efectiva utilización de armas de fuego” respecto del sindicado “Hecho n° 3” y fijar el monto de la pena en relación a M.F.E. en veinte años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor y coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante, agravado por su condición de ascendiente y por encontrarse la víctima bajo su cuidado, y portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, todos en concurso real entre sí (fs. 8/13).
2. Contra lo así decidido, el letrado de confianza del nombrado, doctor Sergio Andrés Santapa, articuló recurso de queja (fs. 29/36).
Expuso que el a quo se abocó “a plantear formalismos y excesos rituales que deberían ser dejados de lado ya que lo único que hacen es tornar de arbitraria la sentencia dictada” (fs. 30 vta.).
Invocó la violación de garantías constitucionales “toda vez que se han tomado en cuenta testimonios y pruebas relevantes de manera parcial para la resolución del caso, sin tener en cuenta la declaración del imputado”. Asimismo, apuntó que existe error en la apreciación del hecho y el material de prueba “lo cual torna el fallo impugnado arbitrario pues e[s]a parte entiende que no fueron considerados los argumentos invocados tendientes a la correcta solución del caso, en detrimento de la defensa de [su] asistido y de su derecho a recurrir ante un Tribunal superior” (fs. cit.).
Luego, alegó la violación a lo normado por los arts. 210 y 373 del Código Procesal Penal.
Sucintamente, trajo a colación lo dicho oportunamente en el recurso de casación y lo llevado en el recurso denegado (fs. 31 y vta.).
Resaltó que “no se desentiende de lo decidido, ni confunde la improcedencia del reclamo”, sino que planteó desde el primer momento ante el a quo , y mantiene a pesar de la inadmisibilidad, que no existe ningún elemento de prueba que permita afirmar que su defendido es autor de los hechos que se le endilgan.
Más adelante dijo que el Tribunal intermedio se ciñó estrictamente a verificar la concurrencia de los requisitos que exige el art. 494 del C.P.P., soslayando la inveterada doctrina de esta Corte que sostiene que cuando no estén abastecidos dichos recaudos, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley constituye el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas (fs. 34).
En dicho marco, expuso que en ninguno de los hechos juzgados se ha podido demostrar “la certeza positiva necesaria que requiere la etapa de debate para arribar a una sentencia condenatoria”. Así, por un lado, el Tribunal de Casación, no consideró lo planteado en punto a que el órgano de mérito no valoró las declaraciones en su totalidad “realizando una valoración parcial”. Por el otro, en relación al homicidio, “tampoco pudo determinarse que haya sido [su] asistido quien hirió y dio muerte a una de las víctimas o haya herido a la otra” (34 vta./35).
3. La queja no prospera.
a. En lo que aquí interesa, el Tribunal a quo , en primer lugar, dijo que si bien M.F.E. Fue condenado a una pena superior a diez años de prisión “la índole de los agravios no se encuentra dentro de la materia en la que ‘únicamente’ puede sustentarse la impugnación en análisis”. De seguido, predicó que, en el caso, el recurrente “tampoco ha desarrollado sus agravios en términos de excepción para abrir la instancia extraordinaria pretendida, toda vez que ellos carecen de aptitud para viabilizar formalmente la vía excepcional de naturaleza federal” (fs. 12).
En dicho marco indicó que los planteos de la defensa no refieren en concreto a lo resuelto en el fallo impugnado “quedando entonces sin establecerse la imprescindible relación directa e inmediata entre lo decidido en el fallo recurrido, del que la defensa se desentendió, y la invocada afectación constitucional que meramente fue citada en su presentación”. Destacó que el impugnante se atuvo a cuestionar, desde su visión particular, la valoración de la prueba efectuada por el a quo “sin atender a la motivación expuesta en la sentencia casatoria al momento de rechazar su impugnación sobre ese extremo” (fs. cit.).
Concluyó que la vía deducida no reunía los requisitos del art. 494 citado ni presentaba la aptitud y carga técnica necesaria para argumentar que podrían estar involucradas de manera directa e inmediata cuestiones federales.
b. Tales, las bases que debió impugnar la defensa a los fines de acceder a esta instancia.
De lo reseñado se advierte que el recurrente reprodujo en la queja las alegaciones que fundaron el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. De este modo, no controvirtió de modo eficaz los argumentos de la resolución en crisis.
Este Tribunal ha señalado, reiteradamente, que no es de recibo la presentación directa que no cuenta con específica fundamentación según el objeto y finalidad del medio revisor (cfe. art. 484, C.P.P.), si sus desarrollos constituyen una mera reedición de los llevados en el recurso extraordinario (cfe. causa P. 125.483, resol. del 13/V/2015).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Desestimar, con costas, la queja interpuesta a favor de M.F.E. (arts. 486 bis y ccds. del C.P.P., según ley 14.647).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Sergio Andrés Santapa por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia