Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 127687
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, con costas, la queja interpuesta por la Defensora Oficial adjunta ante el Tribunal de Casación a favor de Walter Justo Zárate (arts. 486 bis y ccds. del C.P.P., según ley 14.647).
P. 127.687-RQ - “Zárate, Walter Justo s/ Recurso de queja en causa N° 68.581 y su acumulada N° 68.583 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”.
///Plata, 14 de junio de 2017.-
La presente causa P. 127.687-RQ, caratulada: “Zárate, Walter Justo s/ Recurso de queja en causa N° 68.581 y su acumulada N° 68.583 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”,
1. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Segunda del Tribunal de Casación, mediante el pronunciamiento del 3 de marzo de 2016, hizo lugar al recurso de la especialidad incoado contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial Zárate Campana que había condenado -en lo que interesa- a Walter Justo Zárate a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso real. En consecuencia, casó parcialmente dicho fallo, excluyó como pauta agravante de la sanción la “efectiva utilización de armas de fuego" respecto del sindicado “Hecho n° 3” y, fijó la pena teniendo en cuenta para ello como pauta diminuente de la sanción los buenos informes ambientales con los que cuenta el imputado y, como circunstancias aumentativas de la pena por el hecho reprochado al acusado la pluralidad de intervinientes (Hecho III) y los antecedentes condenatorios que registra, en los términos de los arts. 40 y 41 del Código Penal, en trece años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso (fs. 38/66).
Frente a ello se dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 69/77), el que fue declarado inadmisible con fecha 5 de julio de 2016 (fs. 78/83).
2. Contra lo así decidido, la señora Defensora Oficial adjunta ante la aludida instancia, doctora Ana Julia Biasotti, articuló recurso de queja (fs. 86/90).
Expuso que el a quo, ante los agravios planteados, determinó la inadmisibilidad del recurso en virtud de dos motivos: por un lado, que la alegada omisión de la audiencia de visu prevista en el art. 41 del C.P constituía un supuesto vicio de procedimiento anterior a la sentencia que se vinculaba con una típica cuestión procesal y, por el otro, que la crítica a la determinación de la pena impuesta era una cuestión de derecho común, siendo los argumentos expuestos en el recurso insuficientes para abastecer la configuración de una cuestión federal que habilitase la apertura de la vía de excepción (fs. 87 vta.).
Sostuvo que el presente se encuentra en condiciones de ser conocido por la Corte Federal por vía del recurso extraordinario en atención a que los agravios postulados en el recurso contemplado en el art. 494 son de índole federal, pues se debate en él que el Tribunal de Casación: a) incumplió el derecho del imputado a ser oído antes de la imposición de la pena recaída, la que resultó determinada en un proceso limitado, cercenando el doble conforme al omitirse el reenvío que hubiera posibilitado la revisión amplia de la cuestión; y b) impuso una pena arbitraria, en violación a los principios del debido proceso y la defensa en juicio, por la ausencia de fundamentación en la determinación de la pena impuesta (fs. 88).
Adujo que se negó erróneamente la concurrencia de una cuestión federal y su relación directa con la solución del caso. Ello, en tanto, en primer lugar, fue cuestionada la frustración de los derechos del encartado a ser oído y a que se revise la cuestión de la pena mediante un examen integral y amplio, que deriva del art. 18 de la C.N. y de los arts. 8.2.h de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C.yP..
A renglón seguido explicó que [l]a omisión del ‘visu’ del imputado es el presupuesto táctico de la infracción constitucional, o si se prefiere, la situación de hecho en la que se asienta aquélla, pero no la cuestión normativa constitucional federal en debate”.
En dicho marco, alegó que el sentenciante no se refirió a esa infracción constitucional y se limitó a aludir a esa cuestión -por cierto procedimental- como una cuestión típicamente procesal. Frente a ello, la quejosa señaló que fue con transcripción del considerando 19 del precedente “Maldonado” y la cita del caso “Pin” que se demostró que el contacto con el imputado antes de fijar la pena integra el derecho a ser oído que emerge de los arts. 18 de la C.N. y 8.1 de la C.A.D.H., y que el art. 41 inc. 2 del C.P., en cuanto alude al deber del juez de tomar conocimiento de visu del imputado, resulta reglamentación directa de ese derecho constitucional y convencional (fs. 88 vta.).
Postuló que el gravamen actual es claro pues el derecho federal en juego (a ser oído) fue lisa y llanamente suprimido en la instancia de mensura de la pena; que el planteo de la cuestión federal se efectuó oportunamente y que la fijación de dicha audiencia debió hacerse de oficio (fs. 89).
Concluyó que las pretendidas limitaciones en razón de la materia deben ser inaplicadas o declaradas inconstitucionales (arts. 8.2.h, de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C. y P.; 5, 31, 75 inc. 22, 116, 121, 124 y ccds. de la C.N.) -fs. 90 vta.-.
3. La queja es improcedente.
a. En efecto, el Tribunal a quo, luego de referirse a lo normado por el art. 494 del Código Procesal Penal, indicó que “[e]n la situación en análisis está presente el requisito objetivo referido al monto de pena, desde que Zarate fue condenado a trece años y ocho meses de prisión, pero la índole de los agravios, en rigor, trasunta planteos que escapan al restante requisito” (fs. 80).
Asimismo, remarcó que si bien es aceptado que ese principio debe ceder en ciertas ocasiones, en el caso, “el intento de la señora Defensora de sortear aquella exigencia legal, no habilita vía alguna de excepción”, ya que “[a]un cuando la recurrente manifestó la supuesta naturaleza federal de sus agravios (…) en realidad ellos carecen de esa nota de excepción”.
En tal sentido, puntualizó que el reclamo atinente a la determinación de la pena sin tomar previo conocimiento de visu del encartado “se dirige, en lo esencial, a poner en evidencia un supuesto defecto procedimental anterior a la sentencia que se vincula -en rigor- con cuestiones típicamente procesales que resultan ajenas a la vía deducida, sin que la defensa haya conseguido formular adecuadamente el compromiso directo de las garantías constitucionales citadas en la impugnación que impondría su conocimiento por la Suprema Corte provincial (conf. doctr. S.C.B.A. en P. 125.427, res. del 24-6-2015, entre otras)” -fs. 80 vta.-.
Seguidamente indicó que la índole de los otros planteos también se aparta de la materia en la que únicamente puede sustentarse la impugnación en trato; ya que si bien se alegó igualmente sobre su supuesta naturaleza federal “los términos de la presentación tampoco habilitan vía alguna de excepción pues suponen una temática de derecho común, cuál es la determinación de la pena en concreto, la que a tenor de su naturaleza resulta igualmente impropia de una eventual cuestión federal, argumento expuesto pero sin debida explicación a los fines perseguidos por la defensa” (fs. cit.).
Finalmente dijo que ha quedado sin establecerse la relación directa e inmediata entre lo decidido en el fallo y las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, quien “desde su posición subjetiva se ha ocupado de exponer su disenso con el monto punitivo establecido en la decisión casatoria, sin conseguir de ese modo abastecer con suficiencia los recaudos propios de la vía de excepción pretendida”.
b. De lo reseñado, se aprecia que los agravios traídos en la queja no logran conmover el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio.
Ello, por cuanto la defensa ha circunscrito la vía directa a insistir sobre el pretendido cariz federal de sus agravios desentendiéndose de los motivos por los cuales aquél obturó su progreso.
c. Asimismo, la parte no evidenció de qué manera los precedentes jurisprudenciales citados (v. fs. 88 vta.), en especial “Maldonado”, resultarían aplicables al caso a pesar de las notorias diferencias causídicas entre aquéllos y el presente.
Para más, huelga poner de resalto que el temperamento adoptado por el a quo se corresponde con el criterio fijado por esta Corte sobre el punto (cfe. P. 110.459, resol. del 4/IV/2012; P. 109.331, resol. del 9/XII/2010, P. 109.001, resol. del 26/X/2010, P. 109.618, resol. del 2/VII/2010; P. 112.060, resol. del 12/XII/2012; P. 115.615, resol. del 3/VII/2013; P. 122.167, resol. del 17/XII/2014; P. 125.701, resol. del 15/VII/2015; P. 126.061, resol. del 11/XI/2015; P. 122.488, resol. del 6/IV/2016; P. 126.742, resol. del 1/VI/2016; P. 126.910, resol. del 22/VI/2016; P. 126.868, resol. del 13/VII/2016; P. 122.255, resol. del 21/IX/2016; P. 123.519, resol. del 5/X/2016; P. 122.853, resol. del 26/X/2016; P. 123.935, resol. del 30/XI/2016; P. 124.797, resol. del 21/XII/2016; e.o.).
4. En función de todo lo expuesto, la petición de inconstitucionalidad del art. 494 del C.P.P. carece de virtualidad en la medida en que lo decidido por el Tribunal de Casación, ratificado por esta Corte, no se fundó, de modo dirimente, en las limitaciones allí establecidas, sino en que no se exteriorizaron de modo idóneo los recaudos que permitirían sortear con éxito el acceso de los reclamos de índole federal al conocimiento de esta Corte (art. 15 de la ley 48).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar, con costas, la queja interpuesta por la Defensora Oficial adjunta ante el Tribunal de Casación a favor de Walter Justo Zárate (arts. 486 bis y ccds. del C.P.P., según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia