Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 127720 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja traída por el señor Defensor Oficial Adjunto de Casación a favor de M.O.A., con costas (arts. 486, 486 bis y ccds. del C.P.P.).
P. 127.720 RQ - “Moreyra, Oscar Alfredo s/ Recurso de queja en causa n° 68.826 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV”.
///Plata, 12 de julio de 2017.-
La presente causa P.127.720-RQ, caratulada: “M.O.A. s/ Recurso de queja en causa n° 68.826 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV”,
1. La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, el 31 de mayo de 2016, desestimó -por inadmisible- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial de M.O.A. contra la decisión de dicho órgano jurisdiccional que, a su vez, confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Pergamino que lo condenó a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas por reprocharle la autoría del delito de abuso sexual calificado por la calidad del autor de encargado de la guarda de la víctima (fs. 38/41).
2. El Defensor Oficial Adjunto, doctor Nicolás Agustín Blanco, presentó queja por recurso extraordinario denegado -art. 486 bis del C.P.P.- (fs. 46/54 vta.).
Postuló que los agravios versan sobre la interpretación y aplicación de reglas de rango supremo, lo que impone la apertura de la competencia apelada de esta Corte -cfe. lo fallado por la C.S.J.N. en “Strada”, “Christou” y “Di Mascio”- (fs. 48 vta.).
Consideró que la resolución que motiva la queja en trato importa privación del rol institucional básico que le asiste a este Tribunal, ello es, velar por la administración de justicia -arts. 5 y 31 de la C.N.-. Tachó de arbitrario lo decidido, y denunció que se funda “de modo sólo aparente mediante la invocación de fórmulas genéricas y abstractas” (fs. 49).
Manifestó que el caso se encuentra en condiciones de ser conocido por la Corte nacional, toda vez que los agravios postulados en el recurso de inaplicabilidad revisten naturaleza federal -vulneración del derecho de defensa y debido proceso, “al tornar ilusorio el derecho al doble conforme”-; que la cuestión aludida se vincula de manera directa con la solución del caso; que fue oportunamente planteada y que el gravamen originado -en consecuencia- es actual (fs. 49 y vta.). Adunó que esta Suprema Corte está obligada a tratar la cuestión federal -art. 5 de la C.N.-, y -a todo evento- dejó planteada la inconstitucionalidad de las limitaciones del art. 494 del C.P.P. (fs. 50 vta.).
Puso de resalto que la sede intermedia, mediante la formulación de consideraciones dogmáticas, no halló asidero en las denuncias constitucionales esbozadas al amparo de los precedentes de la Corte federal aludidos, defendiendo su propia interpretación restrictiva sobre el alcance de su competencia e ingresando en aspectos que excedieron el mero examen de admisibilidad formal; lo que -destacó- desnaturaliza la función asignada por el art. 486 del C.P.P.. Citó lo resuelto en causa P. 85.977 (fs. 50 vta./51).
Reiteró la cuestión federal alegada -infracción al derecho a la revisión amplia, arts. 8.2.h de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C. y P.-, y expuso que a pesar de las deficiencias apuntadas respecto de la valoración de las pruebas, el a quo “se desentendió de realizar la revisión de fallo efectuando un análisis integral de la prueba producida” (fs. 52 vta.). Insistió sobre el carácter genérico y dogmático de sus afirmaciones y señaló que no se condicen con las circunstancias del caso concreto. Extendió dicha falencia “[a]l planteo referido al excesivo monto de pena y la ausencia de fundamentación del mismo” (fs. cit.).
Postuló que el quebranto al derecho de defensa que la parte denunció en la vía casatoria “aparece manifiesto”, al convalidar el órgano “de manera arbitraria” su propia decisión “que dio por acreditada la materialidad ilícita y la calificación legal”, en franca vulneración del in dubio pro reo (fs. 53 vta.).
Finalmente, requirió que se declare procedente la queja y admisible la vía extraordinaria denegada (fs. 54).
3. La queja no prospera.
El Tribunal de Casación Penal, luego de señalar -en el caso- incumplidas las exigencias objetivas del art. 494 del C.P.P., afirmó que el mismo constituye el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas, de conformidad con los precedentes “Strada”, “Christou” y “Di Mascio”, seguido a lo cual, aclaró que dicha circunstancia no se abastece con su mera invocación sino que es menester su correcto planteamiento (fs. 39 y vta.).
A renglón seguido razonó que “[t]ampoco existió agravio en cuanto al monto de pena deducido, no obstante lo cual este Tribunal la encontró ajustada a derecho” (fs. 39 vta.).
Agregó que -sin perjuicio del modo en que la parte esgrime su agravio- “lo cierto es que sus desarrollos refieren a cuestiones relativas a la determinación del hecho y a la valoración de la prueba”, asuntos que -por regla- no son de conocimiento de esta Suprema Corte, salvo supuestos excepcionales “que no han sido denunciados ni evidenciados” (fs. cit. in fine).
Vinculó lo expuesto con la denuncia de revisión aparente (fs. 40) y estimó que la parte se limitó a esbozar un criterio divergente respecto de la revisión de la valoración probatoria “produciendo aquí una mera reedición de los argumentos vertidos en el recurso de casación y fundadamente contestados” (fs. cit.).
Agregó que si bien la impugnante argumentó una cuestión federal, ello no fue acompañado de “la debida explicitación acerca de su relación directa e inmediata con lo resuelto en el fallo impugnado”, y concluyó en que no logra demostrar por qué lo decidido no constituye una derivación razonada del derecho vigente (fs. cit.).
Finalmente, recordó el objeto la doctrina de la arbitrariedad, con cita del Fallo 310:234 de la Corte federal- y afirmó que “más allá que la parte expresa su oposición a la actividad valorativa no evidencia que el reproche practicado contra el imputado sea fruto de la mera voluntad de los juzgadores o se asiente en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables con la lógica y la experiencia” (fs. 40 y vta.).
Concluyó en que mantienen plena aplicación los límites del art. 494 del C.P.P., en virtud de la defectuosa formulación de los planteos de índole federal (fs. 40 vta.).
4. Como se aprecia de los párrafos anteriores, la defensa no se hace cargo de los fundamentos sobre los cuales la sede casacional basó la inadmisibilidad del remedio extraordinario deducido.
En efecto, las críticas ahora esgrimidas no pasan de ser una opinión discrepante con el criterio sustentado por el a quo, en tanto se limita a decir que en aquel medio impugnativo se hallaba en juego una cuestión federal y que la misma guardaba relación directa e inmediata con la materia del juicio, mas sin tener en consideración la respuesta brindada en el resolutorio aquí en crisis.
Para más, centra su discordancia en la mera alegación de que el órgano intermedio resolvió a partir de afirmaciones dogmáticas que ni siquiera intenta identificar ni desbaratar.
En definitiva, el autor de la queja no logra demostrar la relación directa e inmediata entre los derechos que dice vulnerados y lo debatido y resuelto en el caso (art. 15 de la ley 48), falencia sobre la que el auto denegatorio basó su respuesta, sin que la parte se esfuerce en rebatir.
En función de lo indicado, queda sin sustento -también- la mentada arbitrariedad que intentó endilgarle al decisorio en crisis.
5. Resta agregar que la denuncia de exceso por apartamiento de lo normado por el art. 486 del C.P.P. -v. fs. 52-, tampoco es de recibo. Pues, tiene dicho esta Suprema Corte que el análisis de la suficiencia y carga técnica de la cuestión federal es parte integrante del juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (cfe. doct. arts. 483, 486, 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647; P. 125.455, resol. del 13/V/2015; P. 125.630, resol. del 17/VI/2015, P. 126.793, resol. del 15/VI/2016; P. 126.939, resol. del 28/IX/2016).
En definitiva, en contra del reproche efectuado por la parte, el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor sino simplemente compulsó la alegación de un motivo casatorio que habilite su admisibilidad.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja traída por el señor Defensor Oficial Adjunto de Casación a favor de M.O.A., con costas (arts. 486, 486 bis y ccds. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia