Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 127779 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir la queja interpuesta por el Defensor Oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación y declarar mal denegado el carril del art. 494 del C.P.P. (art. 486 bis del C.P.P.).
2Rechazar, por improcedente, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado, con costas (arts. 496 del C.P.P. y 31 bis de la ley 5827).
P. 127.779-RQ - “Aranda, Leonardo Gustavo s/ Recurso de queja, en causa n° 68.809 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”.
///Plata, 12 de julio de 2017.-
La presente causa P. 127.779-RQ, caratulada: “Aranda, Leonardo Gustavo s/ Recurso de queja, en causa n° 68.809 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”,
I. La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 12 de mayo de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de Leonardo Gustavo Aranda, contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad intentado frente a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 de Lomas de Zamora, que -en lo que aquí interesa- lo condenó a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio (fs. 43/48 vta.).
Para así decidir, luego que halló abastecidos los recaudos del art. 482, como el vinculado el quantum punitivo reglado en el art. 494, ambos del C.P.P., advirtió que, en lo medular, “el recurrente reedita los planteos formulados oportunamente en el recurso casatorio -violación al principio de culpabilidad y del non bis in idem- y a los cuales se le han dado respuesta; en vez de rebatir los fundamentos brindados por es[e] Tribunal” (fs. 44 y vta.).
En ese raciocinio, juzgó que la impugnación no poseía la aptitud y carga técnica necesaria para argumentar que se encuentren involucradas de manera directa e inmediata cuestiones federales que deban ser atendidas por éste alto Tribunal (fs. cit.).
Destacó que la defensa expuso un mero criterio discrepante con el temperamento adoptado en el fallo de casación y reeditó los agravios oportunamente llevados ante esa instancia (fs. cit./45).
Por último, trajo a colación precedentes de esta Corte en los que se descartaron idénticos planteos y se resolvió que la valoración de la condena anterior como pauta agravante (arts. 40 y 41 del C.P.) no infringe el ne bis in idem ni el principio de culpabilidad (fs. 45 vta./46).
II. Frente a ello, se alzó el señor Defensor Oficial Adjunto ante la aludida instancia -doctor José María Hernández-, merced al recurso de queja que articuló a fs. 52/56 vta.
Luego de transcribir los antecedentes del caso (fs. 52 vta./53 vta.), adujo que el canal extraordinario reglado en el art. 494 del C.P.P. fue erróneamente desestimado, toda vez que resulta aplicable al presente la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos “Strada”, “Di Mascio” y “Christou”. En esa línea, afirmó que “...la decisión que origina esta queja importa una negación de la competencia apelada (…) que priva a [esta] Suprema Corte del rol institucional básico (…) de velar por la supremacía de la Constitución Nacional y el bloque federal todo” (fs. 53 vta.).
Asimismo, tildó de arbitraria la negativa del a quo por fundarse “de modo sólo aparente mediante la invocación de fórmulas genéricas y abstractas”. En ese discurrir, explicó que el caso se encontraba en condiciones de ser conocido por la Corte federal, en tanto los agravios postulados en el remedio local revestían carácter federal -la consideración de la condena anterior como agravante, en franca afectación a los principios de culpabilidad por el hecho y no bis in idem-, que la misma había sido oportunamente planteada, que se encontraba acreditada su relación directa e inmediata con la solución del caso, y que el gravamen era actual (fs. cit./54).
Agregó que resultaba aplicable en autos la doctrina de los fallos citados porque “...se hall[a] en juego el principio de supremacía del bloque federal... en una causa que es de jurisdicción provincial [donde] es deber de los Superiores Tribunales de provincia conocer sobre tales puntos regidos por el bloque federal antes de que lo haga la Corte Suprema de Justicia de la Nación” (fs. 54 y vta.).
De este modo, indicó que “...el límite que en razón de la materia (a la ley ‘sustantiva’) trae el art. 494 del CPP debe ser inaplicado o declarado inconstitucional frente a las normas federales [citadas] (vgr. 5, 31, 75 inc. 12, 116, 121, 124 y cc. de la Constitución Nacional) a fin de tutelar el principio de culpabilidad por el hecho y el principio de prohibición de la doble punición...” (fs. 55).
De seguido, transcribió una porción de la doctrina citada por el órgano casatorio y manifestó que “si bien se alude al desarrollo doctrinario que la Corte [f]ederal ha dado al (…) ne bis in idem, se evita especificar qué aspectos puntuales del [mismo] no fueron abordados por es[a] parte” (fs. cit. y vta.).
Señaló que el remedio local no sólo portaba la fundamentación mínima requerida para su admisibilidad, sino que también demostraba la procedencia y vinculación existente entre la declaración de las infracciones constitucionales denunciadas y su consecuencia directa. Así, cuestionó la conclusión del auto denegatorio que determinó la inexistencia de cuestiones federales (fs. cit./56).
Como colofón, consideró que el resolutorio dictado por el Tribunal de Casación, en forma arbitraria, negó la concurrencia en el caso de los requisitos que determinan la inaplicación del límite que en razón de la materia impone el art. 494 al recurso de inaplicabilidad de ley; que ha de ser inaplicado o declarada su inconstitucionalidad federal. Y coligió que “lo ha hecho bajo argumentaciones genéricas y abstractas que derivan en que (...) la Suprema Corte provincial se encuentre cegada a tutelar la supremacía de la Constitución Nacional y los Tratados de rango constitucional en los que la impugnación se fundaba” (fs. 56).
III. La queja es procedente (art. 486 bis del C.P.P.).
Así, conforme se reseñó en el considerando I de la presente, el Tribunal de Casación Penal se excedió en el juico de admisibilidad y se inmiscuyó en el fondo del reclamo.
En efecto, al desestimar los planteos de la defensa oficial en base a distintos precedentes de esta Corte, en los que se resolvió que la valoración de la condena anterior como pauta agravante no vulnera la garantía de prohibición a la doble persecución penal y el principio de culpabilidad, el a quo traspasó los límites formales del juico de admisibilidad que le es conferido a tenor de lo reglado por el art. 486 del digesto adjetivo.
IV. En función de lo expuesto, corresponde declarar mal denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y analizar, sin más, su procedencia, toda vez que este Tribunal se ha expedido en numerosos casos análogos al presente (art. 31 bis de la ley 5827).
V. Sentado ello, los cuestionamientos ensayados por el recurrente relativos a que el art. 41 del C.P., al contemplar la valoración de antecedentes penales como pauta agravante, quebranta el ne bis in idem y el principio de culpabilidad no pueden prosperar (v. fs. 37 vta./42 vta.).
Resulta pertinente recordar que esta Corte tiene dicho que el cómputo como agravante de la condena anterior no vulnera el principio de culpabilidad (cfe., en lo pertinente, P. 100.577, sent. del 22/X/2008, P. 102.267, sent. del 29/XII/2008, e/o). En igual sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Gago, Damián Andrés s/causa Nº 2175”, sent. de 6 de mayo de 2008 -por remisión al dictamen del señor Procurador Fiscal- ha resuelto -y ello también es aplicable en lo pertinente a la situación de autos- que “…el desprecio por la pena anterior se refleja en una mayor culpabilidad, que autoriza una reacción más intensa frente al nuevo hecho (Fallos: 311:1451)”.
En cuanto a la argüida violación del principio del non bis in idem sólo cabe indicar que la circunstancia de que las consecuencias gravosas que podrían surgir de la existencia de los ya referidos antecedentes condenatorios no implica que por ese sólo hecho constituyan una doble condena o doble imposición de pena (cfe. doct., en lo pertinente, P. 57.387, sent. del 1/XII/1999; P. 60.751, sent. del 31/VIII/1999; P. 61.738, sent. del 23/IV/2003; P. 86.048, sent. de 16/IX/2003; 95.225, sent. del 13/VI/2007, e.o.).
Al respecto, también cabe traer a colación lo expuesto en distintas oportunidades (Fallos: 311:1451; 311:552 y 248:232) por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de lo cual deriva que no existe el agravio constitucional denunciado pues el principio non bis in idem “no impide al legislador tomar en cuenta la anterior condena -entendida ésta como un dato objetivo y formal- a efectos de ajustar con mayor precisión el tratamiento penitenciario que considere adecuado para aquellos supuestos en los que el individuo incurriese en una nueva infracción criminal” (en referencia al art. 14 del C.P.). Y tampoco para individualizar la pena que merece un nuevo delito (arts. 40 y 41). Pues como ha señalado el Alto Tribunal, es extraña al ámbito de dicha tutela constitucional la circunstancia de que se compute como agravante la comisión de un delito anterior (Fallos: 248:232) (cfe. P. 70.498, sent. del 29/XII/2004; P. 86.679, sent. del 30/XI/2005).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Admitir la queja interpuesta por el Defensor Oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación y declarar mal denegado el carril del art. 494 del C.P.P. (art. 486 bis del C.P.P.).
2. Rechazar, por improcedente, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado, con costas (arts. 496 del C.P.P. y 31 bis de la ley 5827).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia