Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128138
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja deducida por la Defensa Oficial a favor de Héctor Omar Galarza, con costas (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. y art. 31 bis de la ley 5827).
P. 128.138-RQ - “Galarza, Héctor Omar s/ Recurso de queja, en causa n° 68.805 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”.
///Plata, 12 de julio de 2017.-
La presente causa P. 128.138-RQ, caratulada: “Galarza, Héctor Omar s/ Recurso de queja, en causa n° 68.805 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”,
I. La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante resolución del 29 de septiembre de 2016 (v. copia agregada a fs. 102/106 vta.), declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la señora Defensora Oficial Adjunta ante esa instancia -doctora Ana Julia Biasotti- a favor de Héctor Omar Galarza, contra la decisión de ese órgano que si bien rechazó el recurso de la especialidad deducido por la defensa, en lo que aquí importa, por aplicación del art. 435 del C.P.P., casó parcialmente la decisión del Tribunal en lo Criminal n° 2 de Azul. En consecuencia, obliteró la valoración de los antecedentes como circunstancia agravante -por infracción al art. 371 ibídem- y fijó la pena en seis años y cinco meses prisión, accesorias legales y costas, manteniendo la decisión del órgano de grado en torno a la declaración de reincidencia, la calificación legal y las restantes pautas mensurativas de la pena, que lo había considerado autor de los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego en grado de tentativa (tres hechos) abuso de armas (dos hechos) y lesiones leves, todos en concurso real (v. copia a fs. 59/73).
Para arribar a la desestimación del recurso extraordinario local, consideró que además de encontrarse insatisfechos los requisitos del art. 494 del C.P.P. -monto de pena y naturaleza de los agravios-, tampoco eran idóneas las pretensas cuestiones federales introducidas por la parte para habilitar ese escenario de excepción (conf. “Strada”, “Christou”, y “Di Mascio”).
En primer lugar, en respuesta a la crítica de la parte contra el rechazo de los agravios llevados en el memorial, afirmó que por su intermedio el recurrente -en rigor- cuestionaba la interpretación y aplicación de las normas que regulan la instancia casatoria (art. 451 y 458 del rito), temática de corte procesal, ajena por ello a la instancia federal. Agregó que los intentos de la parte por asignarle un cariz federal tampoco resultaban eficaces, pues había omitido exponer -de manera razonada y concreta- la afectación de las garantías constitucionales que le habría provocado la falta de tratamiento de los planteos allí contenidos (fs. 212 vta./213).
Luego, sostuvo que las objeciones contra la determinación de la pena sin tomar contacto previo con el imputado, se dirigían a poner en evidencia un déficit procesal anterior a la sentencia, vinculado -también- a temáticas de índole procesal. Adunó que la defensa no consiguió establecer adecuadamente el compromiso directo de las garantías constitucionales esgrimidas. Para así decidir, citó doctrina de esta Corte (P. 125.427, entre otras) -fs. 213.-
En orden a los restantes planteos dirigidos a objetar la determinación de la pena, estableció que si bien la parte había alegado en torno a su cariz federal, no habilitaban el pretendido escenario de excepción, pues la cuantificación de la pena en el caso concreto constituye un tópico propio del derecho común, marginado por ello de la instancia federal.
Prosiguió con el análisis del agravio relativo al planteo de inconstitucionalidad de los arts. 14 y 50 del C.P. En ese sentido, expuso que la defensa sustentó su reclamo en citas jurisprudenciales y teóricas que sostienen el criterio contrario al propiciado por ese órgano. Por ello, concluyó en que la mera exposición de un criterio contrario al fallado no abastecía la exigencia de establecer la relación directa e inmediata entre lo allí decidido y las garantías constitucionales invocadas por la parte. Ello en tanto había desentendido de las razones expuestas en el pronunciamiento para convalidar la legitimidad de la declaración de reincidencia.
Por lo expuesto, decidió que mantenían plena aplicación las limitaciones objetivas del art, 494 del C.P.P. (fs. 102/106 vta.).
II. Contra dicha decisión, la señora Defensora Oficial Adjunta dedujo el recurso de queja -cfe. art. 486 bis, según ley 14.647 -v. 109/116 vta.-.
Tildó de arbitrario el juicio de admisibilidad pues adujo haber planteado agravios que -contrariamente a lo sostenido por el a quo- excedían la temática procesal y de derecho común, y representaban cuestiones federales, que tornaban admisible el carril extraordinario interpuesto en los términos de la doctrina sentada en los precedentes “Strada“ y “Di Mascio” (fs. 110 vta./112).
De seguido, se encargó de reproducir cada uno de los agravios llevados en el recurso extraordinario local y de explicar su posición respecto de su naturaleza federal, además de la relación directa e inmediata que -a su juicio- guardan con lo decidido en el caso.
Así afirmó: a) haber objetado que el Tribunal de casación, al desestimar por extemporáneos los planteos llevados en el memorial, limitó el derecho de defensa, la utilidad de la defensa pública, la revisión en los términos del art. 8.2.h CADH y 14.5 PIDC y P (fs. 113 y vta.); b) que, cuando cuestionó la ausencia de reenvío para la imposición de la pena y la fijación por parte del Tribunal -sin tomar conocimiento de visu con el imputado- se negó la posibilidad de que la revisión de la misma en la instancia ordinaria (violación a la doble instancia) y el derecho a ser oído (art. 8.1. de la CADH; 18 C.N.) –fs. 113 vta.-; c) adujo haber demostrado la arbitrariedad y violación a la defensa en juicio y debido proceso en la que incurrió el órgano casatorio al descartar una agravante y fijar la pena sin explicar cómo arribó al nuevo monto (fs. 113 vta./114); d) en orden al planteo de inconstitucionalidad del art. 50 del C.P., sostuvo que puso en evidencia la colisión del instituto de la reincidencia con el principio de culpabilidad y el ne bis in idem (arts. 18 y 19, 33, 75 inc. 22 C.N; 8.4 CADH y 14.7 PIDC y P) -fs. 114-.
III. La queja intentada es improcedente (art. 486 bis del C.P.P.).
1. En lo que respecta al primero de los agravios traídos, el quejoso no logra conmover las bases argumentales sobre las que se cimentó el juicio de admisibilidad negativo efectuado por la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal.
De acuerdo a la reseña efectuada en el acápite I, el a quo juzgó dicho planteo y consideró que, bajo su amparo, lo que en definitiva se introdujo fue un tópico de naturaleza procesal. Tal aserto era el que debía controvertirse para remover el óbice adjetivo y lograr poner en juego un agravio federal, susceptible de habilitar la instancia. Las consideraciones vinculadas a la utilidad de la defensa pública, el derecho de defensa y a la conculcación del máximo esfuerzo revisor que la parte pretende reprochar al órgano intermedio, aparecen como manifestaciones dogmáticas que no logran evidenciar cual es la relación con lo acontecido en el sub lite.
A mayor abundamiento, y más allá de la ineficacia de los argumentos desarrollados por el quejoso para remover ese tramo del juicio de admisibilidad negativo, lo cierto es que -en línea con lo expuesto por el a quo- la defensa no logró evidenciar la relación directa e inmediata entre la limitación temporal impuesta por el art. 451 del C.P.P. y la pretensa afectación de la garantía prevista en los arts. 8.2.h de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C y P. (cfe. P. 78.901, sent. 7/XI/2001; P. 75.534, sent. 21/XI/2001; P. 77.329, sent. 10/IX/2003; P.81.725, sent. 16/IX/2003; P. 83.841, sent. 9/X/2003; P. 89.368, sent. 22/XII/2004; P. 99.549, sent. 8/VII/2008; e.o.; art. 31 bis de la ley 5827).
2. En lo que refiere al embate por el cual se agravia de la imposición de una nueva pena sin tomar previamente conocimiento de visu del imputado, en infracción -según lo afirma el quejoso- al debido proceso, la defensa en juicio y la doble instancia, tal como surge de la reseña efectuada, fue resuelto por el Tribunal de Casación de conformidad con la doctrina de esta Corte sobre el punto en discusión (cfe. P. 110.459, res. del 4/IV/2012; P. 109.331, res. del 9/XII/2010, P. 109.001, res. del 26/X/2010, P. 109.618, res. del 2/VII/2010, e.o.), por lo cual el temperamento debe ser mantenido.
3. En orden a los restantes planteos, la parte no logró remover los obstáculos formales en base a los cuales se declaró la inadmisibilidad de la vía extraordinaria.
a. En lo que respecta al cuestionamiento por el cual el quejoso objetó el tratamiento dispensado por el Tribunal de Casación al agravio referido a la determinación de la sanción impuesta, cabe recordar que fue desestimado por considerar que la cuantificación de la pena en el caso concreto constituye una temática propia del derecho común y ajena, por lo tanto, a una eventual cuestión federal.
En oposición a lo así decidido, la parte no hizo ningún esfuerzo por demostrar que sus agravios excedían el marco de una cuestión de ese tenor y -contrariamente a lo señalado por el a quo- involucraban un planteo federal directa e inmediatamente vinculado con lo resuelto en el caso; con lo cual, el quejoso se desentendió de lo resuelto.
b. En relación con el pedido de inconstitucionalidad de los arts. 14 y 50 del C.P., el argumento basal del rechazo radicó en que no se desarrollaron con la suficiencia y carga técnica necesarias, pues la defensa sólo había expuesto un mero criterio divergente con el temperamento adoptado, sin hacerse cargo de las respuestas brindadas.
El recurrente no logró controvertir de manera eficaz esa conclusión, pues se limitó a alegar en torno al cariz federal de los agravios llevados (ne bis in idem y principio de culpabilidad) sin desbaratar la falta de suficiencia endilgada por el a quo, ni evidenciar -por lo tanto- la relación directa e inmediata entre los agravios desarrollados en la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley y la sentencia casatoria.
En suma, la presentación directa se revela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo (arts. 486 y 486 bis del C.P.P.).
IV. Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja deducida por la Defensa Oficial a favor de Héctor Omar Galarza, con costas (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. y art. 31 bis de la ley 5827).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia