Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 127884
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja traída por el señor defensor oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, con costas (arts. 484, 486, 486 bis y concs. del CPP -según ley 14.647-).
La Plata, 8 de noviembre de 2017.
La presente causa P. 127.884-RQ, caratulada: "González, Edgar Amílcar s/ Recurso de queja en causa N° 68.321 del Tribunal de Casación Penal, Sala I".
I. Conforme surge de las piezas aportadas, la Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante pronunciamiento dictado el 19 de abril de 2016, (v. fs. 27/32vta.) declaró inadmisible la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley intentada por la defensa de Edgardo Amílcar González contra la sentencia del mismo órgano que había rechazado el recurso de casación presentado en oposición a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de San Martín que lo condenó a la pena de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo y costas, por encontrarlo coautor penalmente responsable del delito de robo con armas en grado de tentativa.
II. Contra lo así resuelto se alzó el Defensor Adjunto, doctor José María Hernández, mediante queja por recurso extraordinario denegado (v. fs. 36/43).
Para sostener su fundabilidad, argumentó que el recurso de inaplicabilidad de ley fue erróneamente descartado en tanto si bien la pena de dos años y seis meses de prisión es inferior al límite de diez, resulta aplicable al caso la doctrina de "Strada", "Christou", "Di Mascio" y su prole, habida cuenta que los agravios postulados en el recurso extraordinario son de índole federal pues se debatió en él la frustración por el Tribunal de Casación del derecho a la revisión de la sentencia -arts. 8.2.h. y 14.5 PIDCP-, se planteó que "...el mero tránsito aparente por la instancia atentó contra el derecho a ser oído y al derecho de defensa del que se desprende -art. 18 y cc. CN-; y tanto se demostró que la sentencia casatoria constituye una infracción a la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales que deriva de la razonabilidad republicana" (fs. 40 vta.).
Indicó que esa cuestión federal se vincula de manera directa con la solución del caso, lo que amerita la anulación de la sentencia atacada y el reenvío de los autos a casación por el dictado de un nuevo pronunciamiento, atendiendo a las constancias de la causa, resolviendo adoptar una pena de ejecución condicional (v. fs. 41 vta.).
En ese entendimiento, sostuvo que la cuestión fue oportunamente planteada, pues si bien se la presentó por primera vez en el recurso de inaplicabilidad de ley ello se debe a que la indebida restricción del derecho a la doble instancia se consagró de manera originaria en la sentencia casatoria, que es la que origina la cuestión planteada (v. fs. 40 vta./41)
Avanzó en la crítica del auto denegatorio poniendo de manifiesto que el a quo no sólo aplicó las limitaciones de la fuente local negando la concurrencia de los requisitos exigidos por la doctrina de "Di Mascio" sino que sostuvo "la falta de relación directa de las cuestiones federales denunciadas con la solución del caso, se trata de una fórmulas genéricas y abstractas" (v. fs. 41 vta.).
Para sostener su denuncia, cita los precedentes "Squilario" "Ramírez" y "Romano" entre otros (v. fs. 41 vta. /43).
También se disconformó con el juicio del a quo que consideró impertinentes las citas jurisprudenciales que fundan su resolución y que omitió hacer referencia al contenido del texto recursivo (v. fs. 42 vta.).
En esas condiciones, requirió la procedencia de la vía intentada y la admisión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado a favor de Edgar Amílcar González.
III. La queja no prospera.
III.1. De la compulsa del auto que denegó la vía intentada surge que el Tribunal intermedio sostuvo que en el caso no se encontraban reunidos los presupuestos exigidos por el art. 494 del Código Procesal Penal, en tanto el encausado había sido condenado a una pena inferior a diez años.
No obstante, en virtud de los precedentes "Strada", "Di Mascio" y "Christou" de la Corte federal, analizó la existencia de alguna cuestión federal en el reclamo, susceptible de excitar la competencia de éste Tribunal como recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal (art. 14, ley 48).
Sin embargo, estimó que la denuncia de arbitrariedad, revisión aparente del fallo y transgresión al derecho a ser oído que formulaba la defensa, partía de un análisis desvinculado de lo resuelto efectivamente en el caso, esgrimiendo sólo una opinión discrepante y reeditando los agravios que ya habían sido tratados por esa sede (v. fs. 55 vta.).
III.2. En la presentación directa articulada, la defensa no se hace cargo de los fundamentos sobre los cuales la sede casacional basó la inadmisibilidad del remedio extraordinario deducido.
En efecto, las críticas ahora esgrimidas no pasan de ser una opinión discrepante con el criterio sustentado por el a quo, en tanto se limita a decir que en aquel medio impugnativo se hallaba en juego una cuestión federal y que la misma guardaba relación directa e inmediata con la materia del juicio.
Para más, centra su discordancia en la alegación de que el órgano intermedio resolvió a partir de afirmaciones dogmáticas que ni siquiera intenta identificar ni desbaratar.
En definitiva, el autor de la queja no logra demostrar la relación directa e inmediata entre garantías constitucionales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, motivo por el que su presentación se devela inidónea para conmover el juicio de admisibilidad negativo desplegado (arts. 486 y 486 bis del CPP).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja traída por el señor defensor oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, con costas (arts. 484, 486, 486 bis y concs. del CPP -según ley 14.647-).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia