Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 127116
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar, con costas, la queja interpuesta por el defensor de Néstor Jesús Rodríguez y Edgardo Daniel Constancio contra el auto denegatorio de la concesión de los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad (art. 486 bis y concs. del Código Procesal Penal según ley 14.647).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Sebastián Daniel Barletta por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
La Plata, 15 de noviembre de 2017.-
La presente causa P. 127.116-RQ, caratulada: "Rodríguez, Néstor Jesús y Constancio, Edgardo Daniel s/ Recurso de queja en causa n° 68.349 del Tribunal de Casación Penal, Sala II",
1. La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 31 de marzo de 2016, desestimó -por inadmisibles- los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley interpuestos por el defensor particular de Néstor Jesús Rodríguez y Edgardo Daniel Constancio contra la decisión de dicho órgano jurisdiccional que, a su vez, había rechazado el recurso de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Azul que condenó al primero de los nombrados a la pena de dieciséis años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para desempeñar funciones públicas, accesorias legales y costas, como coautor del delito de torturas y autor de falsificación ideológica de documento público, y al segundo de los mencionados a la pena de cuatro años y seis meses de prisión, más inhabilitación absoluta y perpetua para desempeñar funciones públicas, accesorias legales y costas, como partícipe secundario del delito de torturas (v. fs. 2/8, en función de fs. 66/72 vta.).
2. El defensor particular, doctor Sebastián Daniel Barletta, presentó recurso de queja por recursos extraordinarios denegados en favor de Néstor Jesús Rodríguez y Edgardo Daniel Constancio (v. fs. 73/100 vta.).
a. Luego de repasar los antecedentes de la causa (v. fs. 73 vta./ 91 vta.), el recurrente sostuvo que se ha vulnerado el derecho de sus asistidos a ser juzgados por un juez independiente e imparcial -garantías consagradas en el art. 18 de la Constitución nacional y Pactos Internacionales de igual jerarquía- (v. fs. 92).
Señaló que "cualquier juez que analice la eventual concesión de una impugnación contra su propia resolución, habrá naturalmente de carecer de la necesaria y constitucionalmente deseable imparcialidad, porque el recurso está dirigido hacia aquello que él mismo ya ha dicho, por lo cual, el análisis que realice de dicho recurso debe estar severamente limitado a las cuestiones meramente formales, sin introducirse en el acierto o desacierto de los agravios vertidos" (fs. 92 vta.).
Luego manifestó que, sin perjuicio de lo dicho anteriormente, también resulta arbitraria la decisión de denegar el recurso de inaplicabilidad de ley sobre la base de los requisitos formales establecidos por el art. 494 del Código Procesal Penal y postuló la declaración de inconstitucionalidad de la referida norma (v. fs. 94 vta.).
Seguidamente, denunció la violación al principio de proporcionalidad de las penas y la configuración de un supuesto de arbitrariedad del fallo recurrido, por lo que -sostuvo- la Casación debió admitir el recurso y tratar las cuestiones federales planteadas, sin ampararse en impedimentos formales (v. fs. 95).
Indicó que las limitaciones que impone el art. 494 del Código Procesal Penal para la interposición del recurso de inaplicabilidad de ley, no pueden impedir a esta Corte ejercer el control de constitucionalidad que emerge del art. 31 de la Constitución nacional cuando lo que se está sometiendo a su conocimiento es una cuestión federal (v. fs. 97 vta.).
Posteriormente, adujo que la Casación se ha limitado a decir que esa parte no hizo más que discrepar con lo decidido por ella y que los planteos de esa defensa son cuestiones meramente procesales que no configuran a su criterio un supuesto de arbitrariedad ni cuestión federal alguna, y que esa forma de resolver es contraria al principio de imparcialidad (v. fs. 99).
b. Finalmente criticó la desestimación del recurso extraordinario de nulidad, en tanto el Tribunal de Alzada omitió el tratamiento de cuestiones esenciales oportunamente planteadas mediante el recurso de casación lo que descalifica la resolución del tribunal homónimo como acto jurisdiccional válido (v. fs. cit.) y reprochó que al indicar el resolutorio atacado que la vía extraordinaria de nulidad no se ha estructurado de acuerdo a lo establecido por los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial "no puede explicar cómo es que las omisiones que ha tenido [la] propia resolución impugnada, en cuestiones esenciales a decidir, no estarían abarcadas por los arts. de nuestra constitución provincial" (fs. 99 vta.).
3. El recurso de queja no prospera.
a. Ocurre, que en primer lugar la Casación se ocupó de la vía extraordinaria de nulidad deducida en favor de los coimputados Rodríguez y Constancio y señaló que "[l]os embates [allí] articulados no se estructuraron de acuerdo a las prescripciones que la Constitución provincial (esto es, infracciones a los arts. 168 y 171 que pudieran padecer las sentencias definitivas de última instancia) y el Código Procesal Penal establecen para el remedio en cuestión" (fs. 12 vta.).
Señaló que "las críticas de la defensa sobre las respuestas formuladas por [ese] Tribunal lejos de constituir la denuncia de incumplimiento de los arts. 168 y 171 de la Constitución Provincial, se limitan, en rigor, a controvertir aspectos del fallo vinculados con el acierto o sentido de lo resuelto, extremoséstos que se encuentran apartados del acotado marco del recurso en tratamiento" (fs. 12 vta.).
Agregó que "si bien se alegó violación del art. 171 de la Constitución de la Provincia, de los desarrollos de la presentación resulta que la defensa, no se refirió a la falta de fundamentación legal en los términos que viabilizarían formalmente la articulación extraordinaria intentada" (fs. cit. y 13).
Concluyó que la denunciada arbitrariedad de la decisión y la alegada afectación de garantías constitucionales reafirman que el remedio interpuesto no ha sido estructurado de acuerdo a las prescripciones que la Constitución de la Provincia y el Código Procesal Penal prescriben para el recurso de nulidad, el que resulta inadmisible.
b. Luego, respecto al remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley el órgano casatorio distinguió las situaciones de los coimputados.
b. I. Con relación a Rodríguez indicó que "si bien está presente el requisito objetivo referido al monto de la pena, pues viene condenado a dieciséis años de prisión, los agravios no han sido sustentados estrictamente en la inobservancia de la ley sustantiva" (fs. 13, último párrafo y 13 vta., primer párrafo).
Sostuvo que "aun cuando el recurrente alegó la naturaleza federal de sus agravios para abrir la instancia extraordinaria pretendida, en realidad ellos no presentan tal carácter pues refieren esencialmente a una temática de neto corte procesal, como es la valoración de la prueba, que conforme su naturaleza y la inveterada doctrina de la C.S.J.N. resulta impropia de una eventual cuestión federal" (fs. vta.).
Agregó que "tampoco las críticas dirigidas contra la pena impuesta abastecen los requisitos de admisibilidad pues, pese a la cita de los arts. 40 y 41 del Código Penal, el recurrente se desentendió por completo de lo resuelto en el fallo casatorio" (fs. 13 vta., último párrafo y 14, primer párrafo).
b. II. Con respecto a Constancio señaló que "el monto de pena impuesto, cuatro años y seis meses de prisión, no satisface el recaudo establecido en el art. 494 del C.P.P." (fs. 14).
Seguidamente, indicó que "si bien es aceptado por todos que ese principio debe ceder -en casos excepcionales- cuando se hubiere puesto en tela de juicio de manera suficiente alguna cláusula constitucional aprehensiva de una típica cuestión federal, en este supuesto, el recurrente no logra demostrar que se encuentre involucrada de manera directa e inmediata una cuestión de tal naturaleza susceptible de excitar la competencia revisora del Superior Tribunal provincial, como tránsito adecuado para acceder eventualmente al remedio federal contemplado en el art. 14 de la ley 48" (v. fs. cit.).
Puntualizó que "[l]os desarrollos contenidos en la articulación extraordinaria, en rigor, resultan ser una reedición de los agravios casatorios y, más allá de la discrepancia expresada con lo resuelto en el fallo de esta instancia, están ausentes las críticas concretas dirigidas contra la motivación expuesta para desestimar el recurso de casación deducido" (fs. 14 vta.).
Posteriormente, añadió "que la argumentación del recurrente fue cimentada en una diferente y particular valoración de la prueba, temática de excepción que, vale reiterar, se encuentra en el caso por fuera de los supuestos legales y convencionales que viabilizarían su formal introducción en la vía extraordinaria en tratamiento (arts. 494, CPP; 18 y 75 inc. 22°, Const. nac.; 14 y 15, ley 48" (fs. cit.).
4. Si bien de la reseña efectuada en el punto 3 surge que el Tribunal revisor efectuó consideraciones que traspasaron los límites formales del examen de admisibilidad, el juicio negativo debe ser confirmado.
a. Por un lado, la parte omitió refutar de modo concreto y razonado los argumentos que le dieron sustento a la declaración de inadmisibilidad del recurso extraordinario de nulidad articulado en favor de los imputados Constancio y Rodríguez.
En el caso, la defensa particular no removió los obstáculos formales en base a los cuales el Tribunal intermedio denegó el recurso extraordinario de nulidad deducido y que han sido suficientemente reseñados -en lo medular- en el punto 3 a) de la presente.
Cabe recordar que la decisión denegatoria (la que no concede el recurso) es el exclusivo objeto impugnable y la motivación de la presentación directa no puede tener otro que no sea la censura a la errónea inadmisión del recurso.
b. Por el otro, el argumento basal por el cual se declaró la inadmisibilidad de la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley radica en que las pretensas cuestiones federales no se desarrollaron con la suficiencia y carga técnica necesarias. Asimismo porque las críticas a la determinación de la pena -respecto de Rodríguez- se desentendían de lo resuelto.
Frente a ello, el quejoso no logró remover con eficacia dicho obstáculo formal en tanto se limitó a reeditar los argumentos expuestos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Y, una vez más, planteó las pretensas cuestiones federales de modo genérico sin vincularlas con las particulares características del caso. En definitiva, no demostró la relación directa e inmediata entre éstas y lo debatido y resuelto (art. 14 de la ley 48).
c. En función de lo expuesto, la petición de inconstitucionalidad del art. 494 del Código Procesal Penal carece de virtualidad en la medida en que lo decidido por el Tribunal de Casación, ratificado por esta Corte, no se fundó, de modo dirimente, en las limitaciones allí establecidas, sino en que no se exteriorizaron de modo idóneo los recaudos que permitirían sortear con éxito el acceso de los reclamos de índole federal al conocimiento de esta Corte (art. 15 de la ley 48).
5. Con relación a la regulación de honorarios y conforme los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Desestimar, con costas, la queja interpuesta por el defensor de Néstor Jesús Rodríguez y Edgardo Daniel Constancio contra el auto denegatorio de la concesión de los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad (art. 486 bis y concs. del Código Procesal Penal según ley 14.647).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Sebastián Daniel Barletta por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia