Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129107
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja traída por la señora Defensora Oficial Adjunta ante la sede casatoria a favor de Ariel Darío Díaz, César Daniel Hidalgo y Alberto Orlando Benítez; con costas (arts. 484, 486 bis y concs. del CPP).
La Plata, 6 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 129.107-RQ, caratulada: "Díaz, Ariel Darío; Hidalgo, César Daniel y Benítez, Alberto Orlando s/ Recurso de queja en causa n° 68.127 del Tribunal de Casación Penal, Sala II",
I. La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 22 de diciembre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad intentado frente a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 6 de Lomas de Zamora, que condenó a Ariel Darío Díaz y a César Daniel Hidalgo a la pena de seis años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas; y a Alberto Orlando Benítez a la pena de seis años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas, por hallarlos coautores penalmente responsables del delito de robo agravado por su comisión con armas (v. fs. 69/71 vta.).
II. Frente a ello, la señora Defensora Oficial Adjunta ante la aludida instancia -doctora Ana Julia Biasotti- dedujo recurso de queja (v. fs. 76/80).
Sostuvo que el medio extraordinario de inaplicabilidad de ley fue erróneamente desestimado. En este sentido, consideró inaplicables los presupuestos del art. 494 del Código Procesal Penal en virtud de la conculcación de derechos constitucionales y convencionales. En abono de su postura, trajo a colación lo resuelto por la Corte nacional en los precedentes "Strada", "Christou" y "Di Mascio" (v. fs. 78). Expuso que la resolución adoptada en la sede intermedia no sólo contraría los precedentes invocados, sino que también priva a este Tribunal del rol institucional básico -arts. 31 y 5 de la Const. nac.- (v. fs. cit.).
De seguido, explicó que por medio del carril extraordinario se cuestionó la inobservancia de lo dispuesto en los arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por haber omitido el Tribunal revisor tratar de modo adecuado los agravios expresados por la defensa, en orden a la arbitraria valoración de la prueba con relación a la materialidad ilícita y a la autoría de los encartados (v. fs. 78 vta.). En consecuencia, afirmó que los agravios postulados en el recurso de inaplicabilidad de ley son de índole federal, dado que se debatió en ellos que el Tribunal de Casación realizó una revisión aparente, aludiendo -además- a la oportunidad de los planteos y a la actualidad del gravamen originado (v. fs. 78 vta./79).
De seguido, alegó que en autos se negó erróneamente la concurrencia de una cuestión federal y su relación directa con la solución del caso. Refirió que en la vía extraordinaria local se tachó de arbitrario lo decidido por el revisor, al sostenerse que no llevó a cabo una revisión del fallo condenatorio con ajuste a las exigencias que impone la garantía del doble conforme, al no haberse cumplido con la tarea de verificar la aplicación correcta del método histórico por parte del tribunal de mérito (v. fs. cit. y vta.). Trajo a colación lo fallado por la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos en "Herrera Ulloa", por el Máximo Tribunal nacional en "Casal", y mencionó lo resuelto por esta Corte en P. 99.084 y P. 89.939 (v. fs. 79 vta.).
Como colofón, manifestó que los límites de recurribilidad establecidos en la norma de rito deben ser inaplicados o declarados inconstitucionales (v. fs. 80 vta.).
III. La queja no prospera.
1. En efecto, los desarrollos efectuados por la parte respecto del yerro del a quo en punto a la no concesión de la vía recursiva en cuestión, pese a la invocación de una cuestión federal -lo que hubiere generado la obligación de dejar de lado las limitaciones a la recurribilidad objetiva previstas en el art. 494 del Código Procesal Penal en pos de garantizar el adecuado tránsito de la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por aplicación de lo reglado en el art. 31 de la Constitución nacional y los precedentes "Strada" y "Di Mascio"-, no guardan relación directa e inmediata con lo efectivamente tratado y resuelto por el Tribunal de Casación Penal.
Ocurre que dicho órgano, luego de aludir a la definitividad del pronunciamiento impugnado, observó que no se encuentran abastecidos los presupuestos objetivos de la norma ritual, en tanto los encartados fueron condenados a penas que no exceden el quantum allí descripto, y los planteos esbozados por la parte escapan a la índole exigida (v. fs. 70 vta.).
Sentado ello, entendió que la recurrente no exhibió que estuviese involucrada de manera directa e inmediata una cuestión federal susceptible de excitar la competencia revisora del Superior Tribunal provincial, como tránsito adecuado para acceder eventualmente al remedio federal contemplado en el art. 14 de la ley 48 (v. fs. cit./71).
En dicho marco, juzgó que los embates llevados en la vía, constituyen la expresión de una opinión contraria a lo fallado, "sin explicaciones concretas dirigidas contra la motivación expuesta (...) las que de haber existido habrían viabilizado la formal apertura extraordinaria por la vía de excepción pretendida" (fs. 71).
Así, entendió que la generalidad de la argumentación de la defensa, sin atención precisa a los fundamentos de la decisión de ese Tribunal, no llegaba a poner de manifiesto las denunciadas afectaciones constitucionales y convencionales que padecería la motivación desarrollada al desestimarse el recurso de casación oportunamente deducido. Concluyó que en el sub lite no se halla involucrada de manera directa e inmediata una cuestión federal con aptitud para sortear las exigencias prealudidas (v. fs. cit.).
2. Tales argumentos no fueron rebatidos por la recurrente, quien insiste dogmáticamente en la configuración de planteos de pretenso cariz federal en su presentación.
Es que cuando el remedio local sólo se sustenta en agravios de tal índole, sobrepasando las exigencias de admisibilidad de la ley ritual, deben hallarse exteriorizados con suficiencia los recaudos que permitirían sortear con éxito su acceso a la instancia prevista en la ley 48 (arts. 14 y 15), pues únicamente así los planteos son aptos para previamente ser resueltos por este Tribunal (conf. Ac. 100.210, resol. del 14-XI-2007; e.o.).
Por lo demás cabe recordar que "el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN, Fallos t. 310: 234), y más allá de su discrepancia, no se pone en evidencia la existencia de esos graves defectos.
IV. Por último, la petición de inconstitucionalidad del art. 494 del Código Procesal Penal carece de virtualidad en la medida en que lo decidido no se funda, de modo dirimente, en las limitaciones allí establecidas, sino en que no se hallan exteriorizados de modo idóneo los recaudos que permitirían sortear con éxito el acceso de los reclamos de índole federal al conocimiento de esta Corte.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja traída por la señora Defensora Oficial Adjunta ante la sede casatoria a favor de Ariel Darío Díaz, César Daniel Hidalgo y Alberto Orlando Benítez; con costas (arts. 484, 486 bis y concs. del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
Lucia Jofre
Subsecretaria
Fin de la sentencia