Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129145
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por el Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal a favor de Héctor Javier Carriego (arts. 486 bis -según ley 14.647- y concs. del CPP).
La Plata, 21 de marzo de 2018.
La presente causa P. 129.145-RQ, caratulada: "Carriego, Héctor Javier s/ Recurso de queja en causa n° 68.463 y sus acumuladas caratulada Rodríguez Cerbeiros Gustavo Ángel s/Recurso de casación, N° 68.450 y Martínez Juan Carlos s/recurso de casación N° 68.463, del Tribunal de Casación Penal, Sala III",
I. La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, el 27 de abril de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Javier Héctor Carriego contra el pronunciamiento de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, hizo lugar al recurso de la especialidad articulado y condenó al nombrado a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales, costas de primera instancia, manteniendo la declaración de reincidencia, por resultar partícipe necesario del delito de homicidio simple (v. 93/95 vta.).
II. Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial Adjunto ante la aludida instancia, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, interpuso queja (v. fs. 99/104 vta.).
En primer término, luego de trascribir el temperamento adoptado por la Casación, señaló que en el recurso extraordinario local se había denunciado correcta y acabadamente la arbitrariedad de la sentencia por entender que la misma menoscababa la presunción de inocencia y afectaba el principio in dubio pro reo (v. fs. 101).
Recordó que en el supuesto de autos el órgano intermedio hizo caso omiso al tratamiento de los planteos de la defensa, limitándose a reproducir lo ya expresado por el Tribunal en lo Criminal n° 5 de San Martín y a confirmar arbitrariamente la participación de su asistido basándose puntualmente en el testimonio del hermano de la víctima, el cual -a su entender- resultaba insuficiente -por sus notorias contradicciones e inconsistencias- para derruir la presunción de inocencia (v. fs. cit. y vta.). Indicó que de las contradicciones del testimonio en cuestión se advertía la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso (v. fs. 101 vta.).
Por otra parte, expuso que la pretendida defensa que efectuara el a quo de su propia sentencia, excediendo -a su juicio- su competencia limitada a la verificación de los requisitos de admisibilidad del recurso en cuestión, en nada afecta la incertidumbre y parcialidad de la misma (v. fs. 102).
De seguido, explicó que, frente a la fragmentada interpretación que efectuara el Tribunal de Casación del escaso -por no decir nulo- caudal probatorio aportado en autos, el remedio extraordinario buscaba acceder a esta Suprema Corte a fin de garantizar el acceso al recurso eficaz contemplado en el art. 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, alegando que a contrario de lo resuelto la parte había cuestionado -suficiente y satisfactoriamente- los argumentos brindados por la Sala, encontrándose actualmente avasallados los derechos y garantías de su asistido en lo que obedece al debido proceso, la defensa en juicio, el principio de inocencia y el in dubio pro reo (v. fs. 102 vta.).
Asimismo, consideró sorpresiva la afirmación que en el caso de autos se había arribado a la sentencia requerida por la ley para dictar sentencia, pues la defensa había señalado en el recurso extraordinario interpuesto la arbitrariedad en la que incurriera ese Tribunal al valorar dichas circunstancias (v. fs. 103).
Señaló que la desidia estatal en cuanto a la seguridad de las personas que se encuentran bajo su exclusiva tarea y responsabilidad fue ponderada por el Tribunal de Casación en perjuicio de su asistido, concluyendo que la decisión del órgano casatorio que declaró la inadmisibilidad del remedio local con base en un supuesto planteo incorrecto de la cuestión federal, no puede considerarse válida y suficiente, vedando a su asistido el acceso a la jurisdicción en el marco de la garantía de la revisión amplia del fallo de condena (v. fs. 104).
III. La queja no prospera en tanto la defensa no logró conmover los motivos por los cuales la Casación desestimó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
1. El Tribunal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado. Para arribar a tal decisión, luego de señalar que no se encontraban abastecidos los recaudos requeridos por el art. 494 del Código Procesal Penal, consideró que en el caso no se había verificado el correcto planteamiento de una cuestión de naturaleza federal en tanto entendió que la defensa no lograba demostrar la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso (v. fs. 94 y vta.).
Destacó que no era real que se invirtiera la carga de la prueba, ni que se prescindiera de los derechos y garantías de los acusados por el contexto de ocurrencia de los hechos endilgados, afirmando que se había aseverado pese a la reticencia de algunos testigos y deficiencias en los controles la certeza que requiere la ley para el dictado de una sentencia (v. fs. cit.).
Por último, efectuó diversas consideraciones vinculadas al testimonio de Enrique Alejandro Figueroa y juzgó que mantenían plena aplicación las limitaciones contenidas en el mentado art. 494 en tanto la defectuosa formulación de los planteos de pretendida índole federal efectuados permitía descartar la concurrencia de algún supuesto de excepción en los términos de la doctrina de la Corte federal emergente de los fallos "Strada", "Christou" y "Di Mascio" (v. fs. 95).
2. Si bien es cierto que el a quo efectuó ciertas consideraciones que traspasaron los límites del art. 486 del Código Procesal Penal, sin embargo, el argumento basal que le dio sustento al juicio de admisibilidad negativo radica en la falta de carga técnica de los agravios de pretensa índole federal.
Frente a ello, las manifestaciones de la parte no resultan eficaces para remover dicho obstáculo formal pues no se hizo ningún esfuerzo por evidenciar la relación directa e inmediata entre los agravios desarrollados en la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley (v. fs. 83/91) y la sentencia casatoria (v. fs. 59/77 vta.), reeditando argumentos expuestos en el carril extraordinario desestimado.
En efecto, a pesar de los esfuerzos realizados por la parte dirigidos a probar la suficiencia de los embates llevados en la vía del art. 494 del ritual, no demostró que los mismos trascendieran de un mero criterio discordante con la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de Casación Penal y configuraran tópicos de índole constitucional desarrollados con la carga técnica necesaria para superar la etapa de admisibilidad ("Strada", "Di Mascio" y "Christou" de la Corte nacional a contrario sensu ).
En definitiva, la presentación directa se revela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (conf. arts. 486 y 486 bis del Código Procesal Penal).
Por ello la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por el Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal a favor de Héctor Javier Carriego (arts. 486 bis -según ley 14.647- y concs. del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°327
Fin de la sentencia