Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129193
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar -por inadmisible- la queja deducida por el señor Fiscal del Tribunal de Casación Penal -doctor Carlos Arturo Altuve- (art. 486 bis -según ley 14.647- y concs. del CPP).
"Altuve, Carlos Arturo -Agente Fiscal- s/ Recurso de queja en causa n° 68.362 seguida a Umeres, Ramón Antonio y acumuladas n° 68.733 seguida a Umeres, César Alberto; Rodríguez García, Claudio y Rojas Presidente, Daiana Solange; y n° 69.154, seguida a Magliore o Maglione, Héctor Horacio y Umeres, Marta Beatriz, del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Plata, 21 de marzo de 2018.-
La presente causa P. 129.193-RQ, caratulada: "Altuve, Carlos Arturo -Agente Fiscal- s/ Recurso de queja en causa n° 68.362 seguida a Umeres, Ramón Antonio y acumuladas n° 68.733 seguida a Umeres, César Alberto; Rodríguez García, Claudio y Rojas Presidente, Daiana Solange; y n° 69.154, seguida a Magliore o Maglione, Héctor Horacio y Umeres, Marta Beatriz, del Tribunal de Casación Penal, Sala V",
I. La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, el 16 de mayo de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el Fiscal del Tribunal de Casación Penal contra la decisión de ese mismo órgano que, en lo que aquí resulta relevante, casó parcialmente el fallo dictado por el Tribunal en lo Criminal n° 2 de Lomas de Zamora y declaró la nulidad por falta de competencia del órgano de juzgamiento respecto de los imputados Claudio Omar Rodríguez García, Ramón Antonio Umeres Ocampo y Fernando Emanuel Carísimo, ordenando al a quo que, firme la resolución, sustancie la correspondiente cuestión de competencia con el fuero federal (v. fs. 62/378 vta.).
Para así decidir, expresó que en el caso no se encontraba cumplido el recaudo establecido en el art. 482 del Código Procesal Penal, en atención a que el reenvío dispuesto en la sentencia atacada no impedía la continuación de la causa sino que -por el contrario- implicaba su prosecución.
Adunó que tampoco habían sido planteadas cuestiones de índole federal, y si bien la parte había aludido a la garantía de juez natural, tales referencias carecían de un específico desarrollo que -con la aptitud y carga técnica necesarias- permitiesen sortear los recaudos objetivos inexistentes en el caso, a fin de habilitar la instancia extraordinaria pretendida (v. fs. 62/64 vta.).
II. Frente a esa decisión se alzó el señor Fiscal del Tribunal de Casación Penal -doctor Carlos Arturo Altuve- merced a la queja que articuló a fs. 67/73.
Sostuvo que en el recurso denegado denunció que la decisión del Tribunal de Casación implicó un desplazamiento del juez natural de la causa y un arbitrario apartamiento de la doctrina emanada de los precedentes "Echevarría, Sandra Patricia s/ infracción a la ley 23.737" del 27-XII-2006 y "Constante, Ramón Ceferino s/ infracción a la ley 23.737" del 26-II-2008, ambos de la Corte federal, cuya aplicación al caso solicitó a efectos de habilitar la instancia extraordinaria (v. fs. 67/68).
Adujo que contrariamente a lo resuelto por el a quo , el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley portaba cuestiones federales suficientemente planteadas, por lo cual -de acuerdo a doctrina de esta Corte que transcribió- el recurso debió ser concedido (v. fs. 68 vta.).
Puntualizó que los planteos esgrimidos radicaron en la violación al debido proceso -en virtud del desplazamiento del juez natural de la causa de acuerdo a la doctrina federal citada- y la gravedad institucional -en atención a que la decisión adoptada por el tribunal revisor no sólo impactaba en el caso concreto sino que repercutía en otros procesos de trámite ante el fuero ordinario-. Además, dijo haber denunciado el apartamiento de doctrina sentada por este Tribunal en la causa P. 126.774 (v. fs. 68/72).
III. La queja es inadmisible.
El art. 486 bis del Código Procesal Penal, luego de la reforma de la ley 14.647 (BO 5/XII/2014), establece que el recurso de hecho debe presentarse con copia simple del recurso denegado, de la decisión que se pretende recurrir, de las respectivas notificaciones y de cualquier otra pieza que el peticionario considere útil para fundamentarlo.
En el caso, el señor Fiscal omitió adjuntar las piezas documentales respaldatorias de la pretensión en la que fundó la impugnación, que -tal como surge de la reseña de agravios- consistió en la aplicación al sub lite de la doctrina emergente de los precedentes "Echevarría, Sandra P. s/ inf. ley 23.737" y "Constante, Ramón Ceferino s/ inf. ley 23.737" ambos de la Corte federal.
En efecto, únicamente acompañó copia de la sentencia del Tribunal de Casación, del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y del auto denegatorio del mismo, lo cual impide analizar que en el caso se encuentren abastecidas las condiciones previstas en el art. 34 de la ley 23.737 -conforme la modificación introducida por la ley 26.052-, presupuesto ineludible para la aplicación de la doctrina federal invocada.
Es que, resultando prioritaria la jurisdicción federal en materia de estupefacientes (conf. art. 116 de la Const. nac. y art. 3° de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas), para asignar competencia local en los términos previstos por el citado art. 34 inc. 1° de la mentada legislación, resulta menester afirmar que las conductas endilgadas a los imputados -además de encuadrar en las hipótesis típicas allí indicadas- representan el último eslabón en la cadena de comercialización, extremo fáctico cuya constatación resulta imposible a partir de las actuaciones aportadas por el impugnante.
Dicha falencia impide el examen de admisibilidad del remedio articulado (conf. P. 125.385, resol. de 15-IV-2015; P. 125.669, resol. de 17-VI-2015; P. 125.911, resol. de 14-X-2015; P. 126.624, resol. de 30-III-2016; P.126.528, resol. de 20-IV-2016; P. 127.002, resol. de 24-VIII-2016; P. 127.404, resol. de 14-IX-2016; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar -por inadmisible- la queja deducida por el señor Fiscal del Tribunal de Casación Penal -doctor Carlos Arturo Altuve- (art. 486 bis -según ley 14.647- y concs. del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
HILDA KOGAN
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°305
Fin de la sentencia