Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 127272
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar -por improcedente- la queja traída por el señor defensor oficial Adjunto de Casación a favor de M.R.R., con costas (art. 486 bis del CPP).
"M.R.R. S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 68.173 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA I".
La Plata, 28 de febrero de 2018.-
La presente causa P. 127.272-RQ, caratulada: "M.R.R. s/ recurso de queja en causa N° 68.173 del Tribunal de Casación Penal, Sala I",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante auto dictado 1 de marzo de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa oficial contra el decisorio de dicho órgano que -rechazando la vía homónima- confirmó el fallo del Tribunal en lo Criminal n° 2 de Mercedes en cuanto condenó a M.R.R. a la pena de trece años de prisión, accesorias legales y costas por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado por resultar gravemente ultrajante en función de su duración y por acceso carnal cometido por ascendiente aprovechando la convivencia con la menor de edad (v. fs. 41/46 vta.).
II. Contra lo así decidido, interpuso recurso de queja el señor defensor oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal -doctor José María Hernández- (v. fs. 53/59 vta.).
Efectuó un pormenorizado detalle de los antecedentes de la causa, con especial énfasis en la crítica al plexo cargoso llevada en las instancias previas (v. fs. 53 vta./56).
De seguido, señaló que el recurso de inaplicabilidad de ley fue erróneamente desestimado (v. fs. 56 vta.). Advirtió que el decisorio contradice lo dispuesto por la Corte federal en los precedentes "Strada", "Christou" y "Di Mascio", en tanto importa una negación de la competencia apelada de la Corte provincial, que priva a este Tribunal de velar por la supremacía de la Constitución nacional y el bloque federal -arts. 5 y 31 de la Const. nac.- (v. fs. cit.). En ese marco, tachó de arbitraria la decisión en crisis por cimentarse en fórmulas genéricas y abstractas (v. fs. cit. in fine ).
Sostuvo que el caso se encuentra en condiciones de ser conocido por el Máximo Tribunal, pues sus agravios revisten la naturaleza aludida -derecho a la revisión de la sentencia condenatoria, conforme los parámetros de la Corte federal y el Tribunal del sistema interamericano, y en pos del in dubio pro reo , y en resguardo del derecho de defensa en juicio- (v. fs. 57). Agregó, que dichas cuestiones se vincularon de manera directa con la solución del caso, y que han sido planteadas oportunamente, en tanto dimanan del fallo del Tribunal de Casación. Finalmente, aseveró que el gravamen guarda actualidad (v. fs. cit. in fine ). Coligió en que se encuentran dadas las condiciones para el conocimiento del Máximo Tribunal, por lo que instó a la aplicación de la doctrina mencionada ut supra a los fines del tránsito necesario ante esta Corte (v. fs. cit. y vta.).
En virtud de lo expuesto, señaló que las limitaciones que el art. 494 del código ritual establece en razón de la materia deben ser inaplicadas o declaradas inconstitucionales, a fin de tutelar el derecho al doble conforme (v. fs.57 vta. in fine /58).
Refutó que el órgano casacional le reprochase, además, la falta de relación directa de las cuestiones federales denunciadas con la solución del caso (v. fs. 58). Advirtió que no aprecia qué otra fundamentación podría portar la vía rechazada, y repasó lo llevado. Señaló que no sólo tenía la fundamentación mínima requerida para su admisibilidad, sino que también demostraba su procedencia y la vinculación entre lo resuelto y la frustración del control -sustancia del derecho a la doble instancia- (v. fs. 58).
Reafirmó que se demostró que el revisor incumplió con la revisión, omitiendo analizar la fiabilidad del único elemento de prueba que permite certificar la materialidad atribuida, esto es, la declaración de la víctima (v. fs. cit. in fine y vta.). Especificó que al efectuar el examen en los términos del art. 450 del Código de rito, el órgano descartó la hipótesis de la defensa afirmando el peso de la prueba de cargo por sobre la de descargo. Específicamente hizo hincapié en que se ratificó el peso convictivo de la declaración sin efectuar un control del método histórico y el in dubio pro reo (v. fs. 58 vta.). En virtud de ello, postuló que fue denunciado el tránsito aparente en frustración del derecho al doble conforme (v. fs. cit.).
Confrontó con el desconocimiento y el caso omiso que le adjudicó el auto adverso, pues afirmó que al no haber razón alguna sobre el punto "no había de qué apartarse" (fs. cit.). Adjetivó la respuesta como "genérica, abstracta, inaplicada e inaplicable" a las constancias de la causa (v. fs. cit.).
Aseveró que el órgano restringió su análisis a la concurrencia de un supuesto de absurdo, de carácter mucho más limitado que el control que exige el derecho a la doble instancia (v. fs. cit. in fine /59). Expuso que dicha circunstancia no mereció pronunciamiento por el a quo en el decisorio adverso (v. fs. cit.). Entendió que el quebranto al derecho a la doble instancia -y el desmedro a la duda en favor del reo-, guardan vinculación de manera directa e inmediata con la solución del caso, exigiendo una nueva revisión que satisfaga el alcance de la garantía en cuestión (v. fs. 59).
Para finalizar, reiteró la tacha de arbitrariedad y sindicó que los límites del art. 494 del Código ritual deben ser inaplicados o declarada su inconstitucionalidad (v. fs. 59).
III. La queja no prospera (art. 486 bis , CPP).
1. Más allá de la técnica utilizada para desestimar la vía, esto es, la cita esquemática de precedentes de esta Suprema Corte, lo cierto es que el a quo si bien señaló que la parte denunció la revisión aparente de la sentencia de condena -en quebranto a los arts. 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP- a fin de sortear la limitación referida al motivo de impugnación que prevé el art. 494 del ritual; razonó que -en puridad- esgrimía una opinión personal discrepante, reeditando agravios ya tratados (v. fs. 42 y vta.).
A continuación, si bien reconoció que la denuncia de absurdo o arbitrariedad permitiría sortear el valladar ritual, afirmó que el impugnante no logró demostrar que se encuentre configurada alguna de dichas causales, y recordó el carácter excepcional que reviste la doctrina de mención. Sobre el punto, trajo a colación lo fallado en P.125.919 por esta Corte (v. fs. 42 vta./43).
En ese marco, indicó que el carril no presentaba la aptitud y carga técnica necesarias para argumentar que, en el caso, estuviesen involucradas de manera directa o inmediata cuestiones federales que debieran ser atendidas por el superior tribunal de la causa, excepcionando el valladar de cita (v. fs. 43). Sobre el punto, transcribió parcelas de lo decidido en P. 108.624 (v. fs. cit. y vta.),
Asimismo, señaló que la parte no puso en evidencia la asimilación y la aplicación al caso de los precedentes de la Corte federal que citó. Mencionó lo fallado en P. 106.222, y -para finalizar- halló que no correspondía efectuar ninguna consideración en punto a la validez constitucional el art. 494 del código de rito, pues el obstáculo a su admisibilidad se cimentó en la falta de demostración de una cuestión de naturaleza federal excepcionante (v. fs. 43 vta./44 vta.).
2. Frente a ello, la defensa dirigió sus esfuerzos a reiterar los cuestionamientos llevados en la vía extraordinaria, y aseverar que revisten entidad para ser tratados, lo que no logra contrarrestar la falta de aptitud del planteo federal cimentado en que no consiguió demostrar que se encuentren involucradas de manera directa e inmediata cuestiones federales que habiliten la excepción.
3. De lo expuesto se advierte que el auto impugnado cuenta con fundamentación suficiente que lo deja a salvo de la tacha de arbitrariedad esgrimida por la parte.
4. Finalmente, el pedido de inconstitucionalidad del art. 494 del Código Procesal Penal no puede prosperar, en tanto -conforme lo especificó el auto adverso- dicha norma no ha sido obstáculo para la concesión del carril extraordinario. Por el contrario, fue la propia técnica que el impugnante utilizó en el recurso lo que derivó en la inadmisibilidad decretada por el Tribunal de Alzada y confirmada por esta Corte.
Por ello, la Suprema corte de Justicia,
Rechazar -por improcedente- la queja traída por el señor defensor oficial Adjunto de Casación a favor de M.R.R., con costas (art. 486 bis del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°142
Fin de la sentencia