Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 126377
En la ciudad de La Plata, a 19 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari , Soria , Negri , Genoud , Kogan , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 126.377, "Orellana, Nahuel Sebastián s/ Recurso de queja en causa nº 68.232 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 7 de julio de 2015, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de Morón que -en lo que también interesa destacar- condenó a Nahuel Sebastián Orellana a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego, homicidio agravado por ser criminis causa e y por la condición de miembro de la fuerza de seguridad de la víctima y autor del delito de portación de arma de guerra sin la debida autorización legal, todos en concurso material entre sí (arts. 40, 41, 45, 55, 80 incs. 7 y 8, 166 inc. 2 párr. segundo y 189 bis inc. 2 párr. cuarto, Cód. Penal) (v. fs. 45/63, con relación a fs. 274/375, leg. cas. 68.232).
El señor defensor oficial adjunto ante esa instancia -doctor Daniel Aníbal Sureda-, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 65/84), el que fue declarado inadmisible por la mencionada Sala (v. fs. 85/87 vta.).
Interpuesto recurso de queja (v. fs. 89/94 vta.), esta Corte mediante resolución del 24 de agosto de 2016 lo concedió (v. fs. 99/100).
Oído el señor Subprocurador General a fs. 113/120, dictada la providencia de autos (v. fs. 121) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El señor defensor planteó ante esta instancia un agravio principal y otro secundario (v. fs. 65/84 vta.).
I.1.a. En el primero, insistió con el reclamo en contra de la calificación legal pues entendió que resultó arbitraria la acreditación del elemento subjetivo requerido por la figura del art. 80 inc. 7 del Código Penal. Señaló la ausencia de certeza al respecto y que no pueden valorarse presunciones in malam parte , en contra de su defendido (v. fs. 70 vta.).
Indicó que hubiera correspondido calificar en los términos del art. 165 del Código Penal (v. fs. 70 vta./71 vta.).
Seguidamente, se refirió al inc. 8 del art. 80 del Código Penal y destacó "...a[l] contrario de lo aducido por el a quo [...], sólo debe aplicarse esta figura cuando se realiza la misma en forma independiente de cualquier otro delito, de modo que demuestre que el motivo radica exclusivamente en la calidad funcional de la víctima, del mismo modo que se puede matar pura y exclusivamente por cualquier otra 'calidad' de esta (sexo, raza, religión)" (fs. 74 y vta.).
Expresó que esa interpretación es la única que permite la figura (frente a la inconstitucionalidad de una norma, como última ratio a la que debe recurrirse), por lo que solicitó la recalificación de los hechos de conformidad con lo normado por el art. 165 del Código Penal, o, en su defecto, en los términos de los arts. 55, 79 y 166 inc. 2 del mismo cuerpo legal, procediendo en consecuencia a la reducción de la pena impuesta (v. fs. 74 vta.).
Alegó que aplicar dicha figura en forma objetiva (sin tener en cuenta la ultrafinalidad), violenta la garantía constitucional de la igualdad ante la ley (art. 16, Const. nac.).
A mayor abundamiento, tachó la sentencia de arbitraria por falta de fundamentación (v. fs. 74 vta. y 75).
Seguidamente, sostuvo que el tema planteado aparecía, además, íntimamente conectado con el derecho a la revisión integral de las sentencias (arts. 8.2, CADH y 14.5, PIDCP; Fallos "Casal" y "Martínez Areco", CSJN y precedentes P. 99.084 y 89.939 de esta Corte) (v. fs. 75 vta. y 76).
I.1.b. Por otro lado, entendió que lo dispuesto por el tribunal intermedio al declarar la extemporaneidad de los motivos de agravios ingresados por esa defensa ante la instancia casatoria, vulneró los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 10, 11, 15, 57, 168 y 171 de la Constitución provincial, al ignorar el derecho de defensa, y restarle utilidad al ejercicio de la defensa pública, imposibilitando al imputado al acceso a una revisión amplia del fallo de condena (v. desarrollo de fs. 76 vta./79).
Para el supuesto de que esta Corte rechace ese agravio, dejó planteada la inconstitucionalidad del art. 451 del Código Procesal Penal (v. fs. 79 vta.).
Finalmente, pidió que si se resuelve de modo favorable alguno de los agravios sobre la calificación, se reenvíen las actuaciones a fin que el tribunal a quo trate los reclamos presentados oportunamente de conformidad en lo dispuesto con los arts. 40 y 41 del Código Penal (v. fs. cit.).
I.2.a. En la pretensión secundaria cuestionó la sentencia del tribunal intermedio en cuanto a la revisión de la determinación de la pena en la cual, a su juicio, no se puso en marcha el cuadro de exigencias que sobre el particular se desarrolló en el precedente de esta Corte que cita (conf. causa P. 87.172, sent. de 3-VI-2009) (v. fs. 80).
Invocando el fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que el tribunal revisor, con la competencia abierta, se apartó de los alcances del principio de culpabilidad por el acto, proporcionalidad e igualdad ante la ley en cuanto a la imposibilidad de la existencia de penas fijas, sin brindar fundamentos para tal modo de obrar (v. fs. 80 vta.).
Argumentó que el art. 80 del Código Penal "...no permite al juzgador diferenciar entre sujetos ni hechos de diversas característica o envergadura (art. 16 de la CN)" (fs. 81).
En definitiva, entendió que el citado artículo "...impone de manera mecánica y genérica la aplicación de una pena a perpetuidad para todo culpable de homicidio, contraviniendo la prohibición de privar del derecho a la libertad en forma arbitraria, pues no permite individualizar la pena en base a las características del delito, la participación y la culpabilidad" (fs. 82).
I.2.b. Por último, solicitó una interpretación constitucional de la pena de prisión perpetua teniendo en cuenta como plazo máximo de duración el de veinticinco años, en virtud de lo dispuesto por el Estatuto de Roma y la ley 26.200. Caso contrario, solicitó su inconstitucionalidad (v. fs. 82/83).
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Subprocurador General (v. fs. 113/120), pues estimo que el recurso debe ser rechazado.
III.1. El hecho acreditado por el tribunal de la instancia que llega firme a esta sede -y que aquí interesa- es el siguiente: "El 14 de mayo de 2013 siendo alrededor de la hora 08:30 uno de los hacedores del hecho precedente y otro sujeto de su mismo sexo llegaron a la misma verdulería y carnicería [...], a bordo de un VW modelo Gol Tren blanco dominio KRB-355 que dejaron estacionado a pocos metros para ingresar al negocio esgrimiendo sendas armas de fuego aptas para el disparo y con carga idónea para cumplir su fin específico, que portaban sin la debida autorización legal, tratándose una de ellas de una pistola calibre 9 mm marca Browning N° 59101 con inscripción Policía de la Provincia de Buenos Aires que registraba pedido de secuestro activo y, la otra, de un revolver calibre .32 marca Pasper N° 07650, con las que redujeron a la propietaria Bertha Cuanqui Cusi, a su nieto Iván Agustín Choque, al encargado de la carnicería Luciano Abel Román, a su novia Luyara Cerena Cándido Ropero y a su empleado Alejandro Ismael Bonelli, desapoderando a Cuanqui Cusi de la suma de doscientos pesos de dinero en efectivo, a Román de un teléfono celular marca Nokia modelo 1100 y a su novia de otro marca Samsung, los dos con sus respectivos cargadores, preparando cerca de la puerta las balanzas y diversos cortes de carne que se pensaban llevar.
En plena faena delictiva, alertado de lo que estaba sucediendo, se constituyó en el lugar el móvil policial a cargo de los Subtenientes Fernando Matías Torres y Pablo Lezcano, presencia que fue advertida por los asaltantes a través del ventanal existente en uno de los laterales del negocio; situación de riesgo que los llevó a acordar sobre la marcha un plan de acción de rápida resolución con clara división de roles para cubrir la huida con el propósito de procurar su impunidad que consistió en que uno de ellos se encargara de distraer la atención de Torres cuando se estaba aproximando al local, descartándose del arma que detentaba para levantar sus manos mostrando que no llevaba armas y proclamar su rendición, induciendo de ese modo a engaño al efectivo mientras el otro, en cumplimiento del compromiso asumido aprovechaba para ganar posición escondido detrás de unos cajones apilados que impedían que fuera visto desde afuera y con el fin de darle muerte por su condición de policía, esperó que Torres terminara de rodear la esquina y cuando se paró frente a la puerta le efectuó un disparo certero a la altura de su tórax que hizo que se desplomara mal herido, repeliendo como pudo la agresión recibida sumándose a la repulsa el Subteniente Lezcano, mientras el autor del disparo se daba a la fuga cubriendo su retirada con disparos, emprendiendo rauda huida a la carrera a los pocos instantes el que ofició de señuelo haciendo su aporte efectivo a la maniobra pergeñada de consuno.
Sujeto este último finalmente aprehendido, mientras en el centro asistencial al que fue derivado Torres para su atención se producía su deceso a consecuencia de las severas lesiones padecidas (Causa N° 2921)" (fs. 277/279, sent. de condena).
El fallo consideró demostrado que Leonardo Andrada fue quien simuló entregarse a la policía y que Nahuel Orellana disparó el arma de fuego que hirió mortalmente a Torres (en especial, v. fs. 330/335).
En materia de encuadre legal el tribunal de condena abordó y descartó un pedido de inconstitucionalidad del inc. 8 del art. 80 del Código Penal. Sostuvo que la norma no era violatoria del principio de igualdad como había alegado la defensa de Orellana, en tanto se trata de una agravante por la condición de la víctima, quien cumple la función de resguardo de la seguridad y la paz social. Consideró que, en el ejercicio de su labor, el policía es más vulnerable por el mayor peligro al que se expone, por lo que la protección es mayor porque también lo es el riesgo que asume. Afirmó que atentar contra la vida de quien la ley prepara y arma para la protección de los demás, refleja la temeridad de quien lleva adelante la conducta homicida. Concluyó que la norma no importa una discriminación arbitraria, y que el trato es desigual porque la situación de la víctima es desigual (v. fs. 358 y 359).
Seguidamente -en lo que interesa- calificó el suceso como homicidio agravado criminis causa e y por la condición de miembro de la fuerza de seguridad de la víctima (art. 80 incs. 7 y 8, Cód. Penal) (v. fs. 360).
La sentencia de juicio descartó también un pedido de la defensa de recalificar el hecho en los términos del art. 165 del Código fondal o en su defecto conforme los arts. 79 y 166 inc. 2 del Código Penal. Consideró que la situación fáctica no admitía otra posibilidad que no fuera la de un homicidio doloso llevado adelante en actuar mancomunado, con empleo del factor sorpresa y la resolución conjunta para el logro de un mismo fin, matar al policía por su condición de tal para lograr la impunidad. Entendió que la muerte no se produjo por la violencia desplegada para realizar el robo sino que actuó como medio para un fin determinado (v. fs. 360/361).
III.2. En el recurso de casación, capítulo "II", el recurrente propició el cambio de calificación legal y solicitó la aplicación de la figura del homicidio en ocasión de robo (v. fs. 396 vta./403 vta.). En el capítulo "IV" se ocupó de la inconstitucionalidad de la agravante prevista en el inc. 8 del art. 80 del Código Penal (v. fs. 408/413) y en el capítulo "III" de la de las penas perpetuas (v. fs. 404 vta./408).
III.3. El tribunal intermedio, luego de abordar y descartar la crítica en relación con la autoría de Orellana en el evento (v. fs. 50/53 vta.), se encargó -según dijo por una cuestión metodológica- de la solicitud de inconstitucionalidad del art. 80 inc. 8 del Código Penal, ello debido a que de prosperar esa tesitura, tendría repercusión en el encuadramiento legal (v. fs. 56).
Al respecto recordó la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la excepcionalidad de una declaración de tal índole e indicó que la invocación genérica y esquemática de agravios no bastaba para dicho fin.
Sin perjuicio de desechar el reclamo por insuficiencia, añadió que también era improcedente, debido a que "...los argumentos se limitan a indicar una mera discrepancia o desacuerdo con la técnica legislativa empleada" lo cual no autoriza al tribunal a "...entrometerse en las funciones inherentes al Poder Legislativo pues de ocurrir ello, ciertamente, habría una especie de usurpación de funciones ilegítima en un Estado de Derecho" (fs. 57 y vta.).
Finalmente, consideró que tampoco se encontraba vulnerado el principio de la igualdad ante la ley invocado por la defensa, pues la discriminación que realizó el legislador para asignar la pena de prisión perpetua a los delitos del art. 80 del Código Penal no comporta una distinción arbitraria contraria a aquel principio superior, sino antes bien, responde a un claro y racional designio del legislador de desvalorar de manera más severa estos casos. Afirmó que, a través del inciso octavo de la mentada cláusula, se decidió objetivar una circunstancia calificante del homicidio relacionada con el sujeto pasivo, en virtud de su función. Dicho inciso -incorporado por ley 25.601- agrava el delito de homicidio cuando sea cometido contra "... un miembro de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias ", pero exige además de esa característica personal que la muerte se produzca "... por su función, cargo o condición " (fs. 58; el destacado figura en el original). De tal manera -continuó-, el agravamiento del tipo básico se produce no por una característica personal del sujeto pasivo sino por la función que el mismo cumple como encargado de la seguridad pública y ésta constituye el bien jurídico protegido por la norma junto con la vida.
Concluyó que las razones dadas justifican la legítima vigencia del art. 80 inc. 8 del Código Penal, en cuanto conmina la conducta allí desvalorada con la pena de prisión perpetua, descartando la afectación del principio constitucional de igualdad que la parte había aseverado (v. fs. 58).
Desechada la pretensión de invalidez constitucional, abordó la crítica relacionada con el encuadramiento legal (v. fs. 58 vta.).
Al respecto sostuvo que como correctamente había destacado el tribunal de la instancia, el disparo de arma de fuego que acabó con la vida del oficial Torres "...fue efectuado cuando éste se situó frente a la puerta de acceso al comercio, contra una zona vital del cuerpo de la víctima, por su condición de policía y con la finalidad de emprender la huida y obtener impunidad" (fs. cit.).
Consideró que el análisis realizado por el juzgador de origen "...permitió enmarcar el accionar homicida de Orellana y Andrada en los términos del artículo 80, incisos séptimo y octavo, del digesto punitivo, habida cuenta el enlazamiento -conexión en el aspecto subjetivo- entre aquél y el ilícito contra la propiedad, es decir el atraco sobre el local comercial, así como que el haber ultimado a Torres respondió a su condición funcional" (fs. ibíd.).
Agregó que las defensas de los imputados se limitaron a efectuar consideraciones acerca de la figura típica que critican, sin derribar el razonamiento expuesto por los magistrados anteriores.
IV.1. Respecto al primer planteo -encuadre en el art. 80 inc. 7 del Código Penal- el recurso no prospera ya que no se advierte arbitrariedad alguna en materia probatoria en cuanto se tuvo por demostrado el elemento subjetivo del tipo.
El Tribunal de Casación ratificó la conclusión del órgano del juicio al sostener la conexión subjetiva entre el homicidio y el robo, esto es el haberse matado "...con la finalidad de emprender la huida y obtener impunidad" (fs. 58 vta.), valoración que encuentra completa justificación en la descripción de la materialidad ilícita que se tuvo por probada. Por lo tanto, pierde sustento la petición de que se aplique el art. 165 del Código de fondo.
IV.2.a. Acerca de la figura del art. 80 inc. 8 del mismo, el defensor considera que sería aplicable únicamente cuando se realiza "...en forma independiente de cualquier otro delito, de modo que demuestre que el motivo radica exclusivamente en la calidad funcional de la víctima" (fs. 74 y vta.).
Sin embargo, ese planteo no fue formulado en el recurso de casación sino recién en la memoria y, por lo tanto, no fue abordado en la instancia intermedia por extemporáneo. En consecuencia, tampoco corresponde ingresar ahora sobre tal punto.
En efecto, el Tribunal de Casación Penal desestimó por tardíos los nuevos motivos de agravios esgrimidos ante esa sede en el memorial (v. fs. 61 vta. y 62 en relación a fs. 34/44), lo cual es concordante con lo resuelto reiteradamente por esta Corte, en el sentido de que la conferida por el art. 458 del Código Procesal Penal no es una segunda oportunidad que permita añadir planteos omitidos, sino para complementar con citas o argumentos los ya contenidos en el recurso. En consecuencia, la Casación no estaba obligado a su tratamiento (art. 451, tercer párr., CPP) (conf. causa P. 124.171, sent. de 19-X-2016; entre muchas otras).
Por lo demás, en cuanto a la denuncia de que se ha afectado la utilidad de la defensa ante la instancia intermedia (v. fs. 76 vta.), corresponde desestimar la alegación de conformidad, además, con las razones expuestas en el precedente P. 124.480 (sent. de 15-XI-2016).
En lo que respecta al planteo subsidiario por el que solicita se declare la inconstitucionalidad del art. 451 del Código Procesal Penal (v. fs. 79 vta.), los argumentos de la doctrina legal citada son, asimismo, idóneos para desestimarla. En particular resultan relevantes los fundamentos del precedente "Godoy" de la Corte Suprema, a los que cabe remitirse (P. 124.171, cit.).
IV.2.b. Acerca de que el tipo penal previsto en dicho art. 80 inc. 8 sería inconstitucional por afectar el principio de igualdad ante la ley, el a quo fundamentó su decisión de considerarlo válido explicando -como se reseñó más arriba- por qué, a su juicio, el legislador desvaloró de manera más severa estos casos, sin haber efectuado por ello una discriminación prohibida por aquél.
En este aspecto la impugnación es insuficiente ya que no se formuló ninguna argumentación para objetar ese razonamiento: lo único que se alegó fue que si no se interpretara la norma tal como se lo propone -que sería aplicable sólo independientemente de otros ilícitos- se afectaría el principio de igualdad; pero no se expone ni se advierte la relación entre lo uno y lo otro (art. 495, CPP).
IV.3. Tampoco prosperan las críticas de la parte desde el carril de la revisión amplia a la luz de la doctrina y normativa que cita (conf. Fallos "Casal" y "Martínez Areco", CSJN; precedentes P. 99.084, sent. de 29-IV-2009 y P. 89.939, sent. de 6-IX-2006, de esta Corte; arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP) (v. fs. 75 vta. y 76), pues de modo contrario a lo que afirma conforme la reseña efectuada se advierte que su
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