Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 126781 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja traída por el señor Defensor Oficial Adjunto de Casación Penal a favor de Adrián Javier Luboz; con costas (arts. 484, 486, 486 bis y ccds. del C.P.P. -según ley 14.647-).
Secretaría Suprema Corte
Registrado bajo el N°1279
P. 126.781-RQ - “Luboz, Adrián Javier s/ Recurso de queja, en causa n° 68.352 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV”.
///Plata, 14 de junio de 2017.-
La presente causa P. 126.781-RQ, caratulada: “Luboz, Adrián Javier s/ Recurso de queja, en causa n° 68.352 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV”,
I. La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 24 de noviembre de 2015, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de Adrián Javier Luboz contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad intentado contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 de Azul, que lo condenó a la pena de siete años y diez meses de prisión, accesorias legales y costas, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego apta para el disparo (fs. 60/62 vta.).
II. Frente a ello, se alzó el señor Defensor Oficial Adjunto ante la aludida instancia -doctor José María Hernández-, merced al recurso de queja que articuló a fs. 67/73.
Liminarmente, arguyó que el carril impugnativo previsto en el art. 494 del C.P.P. fue erróneamente desestimado, toda vez que resulta aplicable la doctrina de los precedentes “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En esa línea, afirmó que la decisión que origina su queja importa una negación de la competencia apelada que priva a esta Corte “del rol institucional básico (…) de velar por la supremacía de la Constitución Nacional y el bloque federal todo”, en franca oposición de la doctrina aludida (fs. 69 vta.).
Asimismo, tildó de arbitraria la negativa del a quo por fundarse “de modo aparente mediante la invocación de fórmulas genéricas y abstractas” (fs. cit./70).
Explicó que este caso se encontraba en condiciones de ser conocido por la Corte nacional, en tanto los agravios postulados en el remedio local revestían carácter federal -pues lo que se estaba debatiendo era que el Tribunal de Casación Penal había incumplido el derecho a la revisión de la sentencia condenatoria-. Luego, aseguró que la misma había sido oportunamente planteada, que se encontraba acreditada su relación directa e inmediata con la solución del caso, y que el gravamen era actual (fs. 70 y vta.).
Agregó que resultaba aplicable en autos la doctrina de los fallos antes citados porque “...se hall[a] en juego el principio de supremacía del bloque federal... en una causa que es de jurisdicción provincial [donde] es deber de los Superiores Tribunales de provincia conocer sobre tales puntos regidos por el bloque federal antes de que lo haga la Corte Suprema de Justicia de la Nación” (fs. cit.).
De este modo, indicó que las limitaciones a la recurribilidad previstas en el art. 494 del C.P.P. deben ser inaplicadas al sub examine o, en su caso, declarase su inconstitucionalidad frente a las normas federales que citó (arts. 5, 31, 75 inc. 12, 116, 121, 124 y cc. de la Constitución Nacional). Ello “a fin de tutelar el derecho de rango supremo, convencionalmente reconocido, al doble conforme...” (fs. 71).
Señaló que el a quo no sólo aplicó dichas limitaciones de orden local a fin de negar la concurrencia de los requisitos exigidos por la doctrina “Di Mascio”, sino que -además- sostuvo la ausencia de relación directa de las cuestiones federales invocadas con la solución del caso “mediante consideraciones dogmáticas e inaplicables a las constancias de la causa” (fs. cit. y vta.).
Esgrimió que la sede intermedia defendió su propia interpretación restrictiva “ingresando impropiamente en aspectos que exceden el mero examen de la admisibilidad formal del recurso”, desnaturalizando la función asignada por el art. 486 del digesto adjetivo. En abono de su postura, trajo a colación el precedente P. 85.977 de esta Corte y diversa opinión doctrinaria (fs. cit./72).
Arguyó que en el carril extraordinario “se invocó el derecho a la revisión el fallo, se dijo que la mera repetición de los argumentos del tribunal de mérito por parte del Tribunal de Casación no satisface ese derecho de rango supremo, se invocaron los pronunciamientos del sistema interamericano que delimitan la extensión de ese derecho y los de la Corte Federal (…) y finalmente se demostró que la Casación se limitó a repetir los argumentos de la sentencia condenatoria que debía revisar” (fs. 72 y vta.).
III. La queja no prospera.
De la compulsa del auto que denegó la vía intentada surge que el Tribunal intermedio, sostuvo que en el caso no se encontraban reunidos los presupuestos exigidos por el art. 494 del C.P.P., en tanto el encausado había sido condenado a una pena inferior a diez años.
No obstante, en virtud de los precedentes “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la Corte federal, compulsó la existencia de alguna cuestión federal en el reclamo susceptible de excitar la competencia de éste Tribunal como recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal (art. 14, ley 48).
Así, expuso que “la mera invocación de que se han violado garantías y principios constitucionales (…) no basta a tales fines en tanto que dicha incircunstanciada alegación se vincula -exclusivamente- con la aplicación de normas de derecho local, que (…) no son propias del ámbito de conocimiento de la Corte [p]rovincial, salvo supuestos excepcionales que no han sido evidenciados en el caso” (fs. 61 y vta.).
Adunó a su raciocinio que los planteos desplegados en el líbelo recursivo “se vinculan respecto a una temática de corte procesal, como es la valoración de la prueba que, conforme su naturaleza, resulta impropio para abrir la instancia extraordinaria” (fs. cit.).
En esa línea, juzgó que el impugnante se limitó a esbozar “un criterio divergente en cuanto a la revisión de la valoración probatoria” efectuada por el sentenciante, intentando obtener “una tercera revisión de los hechos y la prueba por vía oblicua, lo cual resulta materia ordinaria, y de ninguna manera se condice con la naturaleza jurídica del recurso en trato” (fs. cit./62).
Finalmente, se refirió a la doctrina del cimero Tribunal nacional sobre la arbitrariedad, expresó que la parte “se limitó a una discrepancia con el pronunciamiento dictado que no pone en evidencia el extremo invocado”, y señaló que las limitaciones del art. 494 del C.P.P. mantenían aplicación, toda vez que el reclamo “no reúne la suficiencia y carga técnica necesaria” (fs. 62 y vta.).
IV. Como se aprecia de los párrafos anteriores, la defensa no se hace cargo de los fundamentos sobre los cuales la sede casacional basó la inadmisibilidad del remedio extraordinario deducido.
En efecto, las críticas ahora esgrimidas no pasan de ser una opinión discrepante con el criterio sustentado por el a quo , en tanto se limita a decir que en aquel medio impugnativo se hallaba en juego una cuestión federal y que la misma guardaba relación directa e inmediata con la materia del juicio, mas sin tener en consideración la respuesta brindada en el resolutorio aquí en crisis.
Para más, centra su discordancia en la mera alegación de que el órgano intermedio resolvió a partir de afirmaciones dogmáticas que ni siquiera intenta identificar ni desbaratar.
En definitiva, el autor de la queja no logra demostrar la relación directa e inmediata entre los derechos que dice vulnerados y lo debatido y resuelto en el caso (art. 15 de la ley 48), motivo por el que su presentación se devela inidónea para conmover el juicio de admisibilidad negativo desplegado (arts. 486 y 486 bis del C.P.P.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja traída por el señor Defensor Oficial Adjunto de Casación Penal a favor de Adrián Javier Luboz; con costas (arts. 484, 486, 486 bis y ccds. del C.P.P. -según ley 14.647-).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia