Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 127383
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa particular de Liliana Beatriz Lutteral y Jorge Adolfo Tévez contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Gustavo Germán Rapalini (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
P. 127.383 RQ - “Lutteral, Liliana Beatriz y Tévez, Jorge Adolfo s/ Recurso de queja en causa n° 68.600 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”.
///Plata, 28 de junio de 2017.-
La presente causa P. 127.383 RQ, caratulada: “Lutteral, Liliana Beatriz y Tévez, Jorge Adolfo s/ Recurso de queja en causa n° 68.600 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”,
1. La Sala II del Tribunal de Casación Penal, el 5 de mayo de 2016, en lo que aquí interesa, declaró la inadmisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por Liliana Beatriz Lutteral y Jorge Adolfo Tévez, con el patrocinio letrado del doctor Gustavo Germán Rapalini, contra la resolución de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal N° 2 de Quilmes que los condenó como coautores penalmente responsables del delito de fraude en perjuicio de la administración pública a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y costas, imponiéndole a la primera de las nombradas, en forma conjunta, la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos (fs. 27/30 vta.).
Para arribar a esa decisión, afirmó que no se cumplió con el monto de pena del art. 494 del C.P.P (fs. 29/vta.).
Asimismo, estimó que los agravios desarrollados tampoco habilitan excepcionar los recaudos formales de la citada norma pues se vinculan con temáticas de derecho común tales como la calificación legal del hecho (fs. 29 vta.).
Destacó que la parte se desentendió de los fundamentos expuestos en el fallo casatorio en base a los cuales se desestimaron planteos similares a los ahora traídos respecto al encuadre legal del suceso (fs. cit.).
Por todo ello, resolvió que la pretensa cuestión federal (violación al principio de legalidad -art. 18 de la C.N.-) no cuenta con la aptitud y carga técnica necesaria y que no se evidenció la relación directa e inmediata entre aquella y lo debatido y resuelto (fs. 29 vta./30).
2. El defensor particular, doctor Gustavo Germán Rapalini, presentó queja (fs. 32/39 vta.).
En primer lugar, denunció que el a quo se excedió en el juicio de admisibilidad al rechazar los planteos constitucionales con el argumento de que “… los impugnantes se han desentendido de la concreta motivación expuesta en el fallo en crisis a los fines de desestimar planteos similares sobre la calificación del suceso” (cfe. art. 486 del C.P.P. -fs. 34 vta./35-).
Como segundo punto, para el supuesto que esta Corte entienda que el órgano revisor no excedió la competencia fijada por el art. 486 cit., alegó que las críticas relativas al quebrantamiento de las garantías de legalidad y lex certa (arts. 18 y 19 de la C.N.) se desarrollaron con la suficiencia y carga técnica y que no consisten en agravios de derecho común. Refirió que la relación directa e inmediata entre dicha garantía y lo debatido en el caso se explicitó en los puntos II, IV y VII 2. del recurso extraordinario desestimado (fs. 35 vta./36).
En tercer término, tachó de arbitrario el examen de admisibilidad por contradictorio ya que por un lado sostuvo que se habían desarrollado embates de derecho común y luego se abocó a analizar la suficiencia y carga técnica de la cuestión federal que antes reputó inexistente. Sostuvo que tal situación afecta el debido proceso y el derecho de defensa en juicio (fs. 36/38 vta.).
Concluyó que el temperamento adoptado generó una nueva cuestión federal en tanto la Alzada no analizó en concreto los planteos constitucionales, apartándose de los precedentes “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la Corte nacional (arts. 14 y 15 de la ley 48 -fs. 39 vta.-).
3. La queja formalizada es improcedente (art. 486 bis del C.P.P.).
a. La denuncia de exceso en la jurisdicción no puede tener acogida favorable.
Si bien es cierto que la Alzada, al aseverar que “los impugnantes se han desentendido de la concreta motivación expuesta en el fallo en crisis a los fines de desestimar planteos similares sobre la calificación del suceso que la defensa había [llevado] en el recurso de casación” (v. fs. 29 vta.), en cierta medida traspasó los límites impuestos por el art. 486 del C.PP. -como lo puso de manifiesto el quejoso-, sin embargo, el juicio negativo debe confirmarse ya que el argumento basal que le dio sustento consiste en que las pretensas cuestiones federales no se desarrollaron con la suficiencia y carga técnica necesaria, siendo este tópico parte integrante del análisis que el Tribunal de Casación debe efectuar, de conformidad con la norma antes citada (cfe. P.125.455, res. del 13/V/2015, P. 125.523, res. del 20/V/2015, P. 125.506, res. del 3/VI/2015, P. 125.630, res. del 17/VI/2015, P. 125.577, res. del 17/VI/2015, e.o. de esta Corte).
La afirmación objetada por la parte no es más que uno de los fundamentos, entre otros, tendiente a reforzar la insuficiencia impugnativa achacada acerca de la denuncia de violación a la garantía de legalidad y lex certa. De ahí que las críticas efectuadas no resultan suficiente para cambiar la suerte de lo decidido.
En definitiva, en contra del reproche efectuado por la parte, el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor sino simplemente compulsó la alegación de un motivo casatorio que habilite su admisibilidad.
b. Por otra parte, de la reseña efectuada en los puntos 1. y 2., se advierte que el quejoso tampoco logró controvertir de manera eficaz el obstáculo formal referido a la falta de suficiencia necesaria de la pretensa cuestión federal (art. 15 de la ley 48).
En efecto, la defensa expuso afirmaciones genéricas sobre el punto y se remitió, sin más explicación, a tramos del carril extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 36) sin brindar mayores explicaciones tendientes a acreditar la efectiva relación directa e inmediata entre los supuestos agravios constitucionales y el modo en que el Tribunal de Casación revisó el fallo condenatorio de primera instancia (v. sentencia de fs. 1/11 vta.).
En tal sentido, no removió el argumento de la Alzada consistente en que los planteos, en rigor, consisten en tópicos de derecho referidos al encuadre legal del hecho (v. fs. 29 vta.).
Cabe concluir que el quejoso, no evidenció por qué motivo las críticas desarrolladas en el libelo extraordinario configuraban embates constitucionales y no una mera interpretación posible del art. 174 inc. 5 del C.P.. De este modo, no controvirtió con eficacia el argumento expuesto por el a quo consistente en que las denuncias radican en tópicos de derecho común.
c. Tal como se adelantara, el argumento central en base al cual se desestimó el recurso (falta de suficiencia y carga técnica de la denuncia de afectación al principio de legalidad), debe confirmarse sin perjuicio de lo cual cabe adunar un argumento coadyuvante a los ya expuestos.
Si bien no se acompañó copia del recurso de casación, pieza que hubiera resultado de utilidad, lo cierto es que de la lectura del fallo de casación, tanto de la reseña de agravios como de los tópicos abordados por dicho órgano, se advierte que la defensa no habría cuestionado la violación al principio de legalidad (extremo que no puede afirmarse con certeza por no haberse adjuntado el recurso respectivo) y que, por lo tanto el Tribunal intermedio nada dijo sobre el punto que ahora trae el quejoso.
Así, al revisar la sentencia de condena se abordaron las críticas en torno a la aplicación del art. 174 inc. 5 del C.P. vinculadas con la supuesta violación del principio de congruencia (fs. 6/vta.), reformatio in peius (fs. 6 vta.), doble persecución penal (fs. 6 vta./7vta.), arbitraria valoración de la prueba (fs. 7 vta./9 vta.), in dubio pro reo (fs. 9 vta.) y falta de perjuicio económico a la administración pública (fs. 10/vta.).
Ahora bien, de lo expuesto en los párrafos anteriores se colige que en ningún momento se relacionó la aplicación del art. 174 inc. 5 citado con la afectación del principio de legalidad y lex certa, como novedosamente lo hace la defensa en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 20/26 vta.).
Resulta pertinente aclarar que, contrariamente a lo sostenido por la defensa en la oportunidad de fundar el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 21 vta.), el planteo de violación a la garantía de legalidad vinculada con la aplicación del art. 174 inc. 5 cit., no es una simple mejora de los embates llevados en la pieza impugnativa ante la sede casatoria sino que implicó un viraje argumental.
En definitiva, la defensa pretendió trasformar el planteo originario en uno distinto, con nuevos matices argumentales que son producto de una reflexión tardía en tanto no fueron llevados a conocimiento del Tribunal de Casación y, por tanto, no existe un pronunciamiento previo sobre el punto, circunstancia que de manera irrefutable reafirma la falta de relación directa e inmediata entre lo fallado y la cuestión de pretenso cariz federal (cfe. P. 127.575, res. del 14/XII/2016; P. 123.881, res. del 21/IX/2016; P. 125.994, res. del 18/XI/2015; P. 122.063, res. del 13/V/2015, e.o.).
d. Finalmente, en función de todo lo expuesto, la denuncia de arbitrariedad por falta de fundamentación y contradicción en sus propios términos (v. fs. 36/39 vta.), quedó huérfana de sustento argumental.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa particular de Liliana Beatriz Lutteral y Jorge Adolfo Tévez contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Gustavo Germán Rapalini (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Hilda Kogan
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia