Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 127018 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja traída por la señora Defensora Oficial Adjunta ante la sede casatoria a favor de A.G.I.; con costas (arts. 484, 486 bis y ccds. del C.P.P.).
Secretaría Suprema Corte
Registrado bajo el N°1297
P. 127.018-RQ - “I.A.G. s/ Recurso de queja, en causa n° 68.752 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”.
///Plata, 14 de junio de 2017.-
La presente causa P. 127.018-RQ, caratulada: “I.A.G. s/ Recurso de queja, en causa n° 68.752 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”,
I. La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 25 de febrero de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de I.A.G., contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad intentado frente a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 de Azul, que lo condenó a la pena de siete años de prisión, accesorias legales y costas, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal (fs. 38/40 vta.).
II. Frente a ello, se alzó la señora Defensora Oficial Adjunta ante la aludida instancia -doctora Ana Julia Biasotti-, merced al recurso de queja que articuló a fs. 43/47 vta.
Liminarmente, afirmó que la vía deducida fue erróneamente desestimada, en tanto se tornan inaplicables los recaudos del art. 494 del C.P.P. en virtud de la conculcación de derechos constitucionales y convencionales. En abono de su postura, trajo a colación lo resuelto por la Corte federal en “Strada”, “Christou” y “Di Mascio” (fs. 44 vta./45).
Expuso que la resolución adoptada en la sede intermedia no sólo contraría los precedentes invocados, sino que también priva a este Tribunal del rol institucional básico -arts. 31 y 5 de la C.N.- (fs. 45).
Así, entendió que por medio del carril extraordinario se cuestionó la aparente revisión de la sentencia de condena -arts. 8.2.h de la C.A.D.H y 14.5 del P.I.D.C. y P.- desplegada en la sede casacional, en orden al absurdo valorativo en la apreciación de la prueba relativa al cuerpo del delito. En ese derrotero, esgrimió su oportuno planteo y la actualidad del gravamen (fs. cit. y vta.).
De seguido, sostuvo que en autos se negó erróneamente la concurrencia de una cuestión federal y su relación directa con la solución del caso. Refirió que en la vía extraordinaria local se tachó de arbitrario lo decidido por el revisor, al sostenerse que “no llevó a cabo una revisión amplia e integral del fallo condenatorio”. Trajo a colación lo fallado por la Corte I.D.H. en “Herrera Ulloa”, por el Máximo Tribunal nacional en “Casal”, y mencionó lo resuelto por esta Corte en P. 99.084 y P. 89.939 (fs. 46 y vta.).
Por último, manifestó que los límites de recurribilidad establecidos en la norma de rito deben ser inaplicados o declarados inconstitucionales (fs. 47).
III. La queja no prospera.
a. En efecto, los desarrollos efectuados por la parte respecto del yerro del a quo en punto a la no concesión de la vía recursiva en cuestión pese a la invocación de una cuestión federal -lo que hubiere generado la obligación de dejar de lado las limitaciones a la recurribilidad objetiva previstas en el art. 494 del C.P.P. en pos de garantizar el adecuado tránsito de la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por aplicación de lo reglado en el art. 31 de la C.N. y los precedentes “Strada” y “Di Mascio”-, no guardan relación directa e inmediata con lo efectivamente tratado y resuelto por el Tribunal de Casación Penal.
Ocurre que dicho órgano, luego de aludir a la definitividad del pronunciamiento impugnado, observó que no se encuentran abastecidos los presupuestos objetivos de la norma ritual, en tanto Imaz fue condenado a la pena de siete años de prisión, y los planteos esbozados por la parte escapan a la índole exigida.
Sentado ello, entendió que la recurrente no exhibió que estuviese involucrada de manera directa e inmediata una cuestión federal susceptible de excitar la competencia revisora del Superior Tribunal provincial, como tránsito adecuado para acceder eventualmente al remedio federal contemplado en el art. 14 de la ley 48.
En dicho marco, juzgó que los embates llevados en la vía, constituyen la expresión de una opinión contraria a lo fallado, “sin explicaciones concretas dirigidas contra la motivación expuesta (…) las que de haber existido habrían viabilizado la formal apertura extraordinaria por la vía de excepción pretendida” (fs. 39 vta./40).
Así, entendió que las argumentaciones de la defensa no logran poner de manifiesto el quebranto constitucional y convencional que se le endilga a la desestimación de la vía casacional; y concluyó que en el sub lite no se halla involucrada de manera directa e inmediata una cuestión federal con aptitud para sortear las exigencias prealudidas (fs. 40).
b. Tales argumentos no fueron rebatidos por la recurrente, quien insiste dogmáticamente en la configuración de planteos de pretenso cariz federal en su presentación.
Es que cuando el remedio local sólo se sustenta en agravios de tal índole, sobrepasando las exigencias de admisibilidad de la ley ritual, deben hallarse exteriorizados con suficiencia los recaudos que permitirían sortear con éxito su acceso a la instancia prevista en la ley 48 (arts. 14 y 15), pues únicamente así los planteos son aptos para previamente ser resueltos por este Tribunal (cfe. Ac. 100.210, res. del 14/XI/2007; e.o.).
Por lo demás cabe recordar que "el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (C.S.J.N., Fallos t. 310: 234), y más allá de su discrepancia, no se pone en evidencia la existencia de esos graves defectos.
IV. Por último, la petición de inconstitucionalidad del art. 494 del C.P.P. carece de virtualidad en la medida en que lo decidido no se funda, de modo dirimente, en las limitaciones allí establecidas, sino en que no se hallan exteriorizados de modo idóneo los recaudos que permitirían sortear con éxito el acceso de los reclamos de índole federal al conocimiento de esta Corte.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja traída por la señora Defensora Oficial Adjunta ante la sede casatoria a favor de A.G.I.; con costas (arts. 484, 486 bis y ccds. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia