Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129343
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja interpuesta por el señor Defensor General del Departamento Judicial Dolores a favor de Julio Ezequiel Larrea, con costas (art. 486 bis y concs. del CPP, según ley 14.647).
La Plata, 21 de marzo de 2018.
La presente causa P. 129.343-RQ, caratulada: "Larrea, Julio Ezequiel s/ Recurso de queja en causa N° 689 de la Cámara de Apelación Y Garantías en lo Penal de Dolores",
I. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Dolores, mediante el pronunciamiento dictado el 7 de julio de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de Julio Ezequiel Larrea, contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de apelación intentado frente a la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 3 departamental, que lo había condenado a la pena de ocho meses de prisión de efectivo cumplimiento, por hallarlo autor penalmente responsable de los delitos de lesiones agravadas por mediar violencia de género, amenazas y desobediencia, en concurso real -hecho I-, daño -hecho II-, todos en concurso real entre sí; y a la pena única de tres años y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento más el pago de las costas procesales, comprensiva de la presente y la impuesta en la causa n° 35/4948 (v. fs. 48/51).
II. Frente a ello, se alzó el señor defensor oficial -doctor Daniel Ignacio María Arias Duval- merced al recurso de queja que articuló a fs. 52/63.
Liminarmente, recordó los antecedentes del caso y los agravios esgrimidos en la vía extraordinaria denegada (v. fs. 53/60).
Luego, sostuvo que el órgano revisor debió limitar su examen a verificar si se había planteado una cuestión federal sólo a los fines de la admisibilidad, mas sin extenderse sobre la aptitud de la misma. En dicha línea, estimó que el a quo realizó un autoanálisis de su propia actuación, con basamento en frases genéricas y dogmáticas aplicables a cualquier supuesto (v. fs. cit. y vta.).
Agregó a su crítica que la interpretación del art. 486 del Código Procesal Penal adoptada por la Cámara "resulta violatoria del derecho del imputado al juez natural, al debido proceso e imparcialidad del juzgador", toda vez que ella misma revisó el fallo invadiendo competencia propia de esta Corte (v. fs. 61 vta.).
Por último, expuso que la denuncia de afectación de la garantía de revisión amplia (art. 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCP) de conformidad con la doctrina fijada en los precedentes "Casal", "González Arroyo", "Martínez Caballero" de la Corte nacional y "Herrera Ulloa" de la Corte IDH, no puede ser resuelta por la Cámara por ser justamente dicho órgano, el que dictó la resolución que se impugna (v. fs. 62).
III. La queja formulada no prospera, toda vez que el remedio extraordinario fue bien denegado por el Tribunal intermedio.
1. En autos, el Tribunal de Alzada halló insatisfechos los recaudos previstos en el art. 494 del Código Procesal Penal (v. fs. 48 vta.).
A continuación, y a tenor de los agravios desarrollados por la defensa, sostuvo que si bien el recurso de inaplicabilidad de ley constituye el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones de índole federal que pudiesen encontrarse involucradas -de conformidad con los precedentes "Strada" y "Di Mascio" de la Corte federal- lo cierto es que la mera invocación de la violación a las garantías constitucionales consagradas en el art. 18 de la Constitución nacional, no resulta suficiente para habilitar la vía recursiva intentada (v. fs. 49 vta.).
En ese derrotero, citó lo resuelto por esta Corte en P. 124.263, y concluyó que en el caso "no se advierte argumentación alguna respecto de la pretendida arbitrariedad de sentencia, sino una disidencia que pretende convertir el recurso en una inadmisible tercera instancia sobre los hechos juzgados"(v. fs. cit./50 vta.).
2. La denuncia alegada por la defensa no es de recibo.
Cabe aquí recordar que el análisis de la suficiencia y carga técnica de la cuestión federal es parte integrante del juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (conf. doctr. arts. 483, 486, 486 bis y concs. del Código Procesal Penal según ley 14.647; P.125.455, resol. de 13-V-2015, P. 125.523, resol. de 20-V-2015, P. 125.506, resol. de 3-VI-2015, P.125.630, resol. de 17-VI-2015, P. 125.577, resol. de 17-VI-2015, e.o.).
Es que, en contra del reproche efectuado, surge evidente que el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor sino que, simplemente, compulsó la alegación de un motivo casatorio que habilite su admisibilidad.
De tal modo, el autor de la queja no desarrolló ningún argumento eficaz tendiente a remover el aludido óbice formal sobre el cual se edificó la decisión denegatoria del carril impugnativo escogido.
3. Finalmente, la denuncia de violación a las garantías de juez natural, debido proceso e imparcialidad tampoco logra revertir el sentido de lo resuelto, pues no se demostró la relación directa e inmediata entre los derechos que la parte dice vulnerados y lo debatido y resuelto en el caso (art. 15 de la ley 48).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja interpuesta por el señor Defensor General del Departamento Judicial Dolores a favor de Julio Ezequiel Larrea, con costas (art. 486 bis y concs. del CPP, según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°324
Fin de la sentencia