Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 127016
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja traída por el señor Defensor Oficial Adjunto de Casación a fs. 32/39 vta., con costas (arts. 486, 486 bis y ccds. del C.P.P.).
P. 127.016-RQ - “Pedraza Benedetich, Franco Javier s/ Recurso de queja, en causa n° 69.637 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV”.
///Plata, 5 de julio de 2017.-
La presente causa P. 127.016-RQ, caratulada: “Pedraza Benedetich, Franco Javier s/ Recurso de queja, en causa n° 69.637 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV”,
I. La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 20 de octubre de 2015, desestimó -por inadmisible- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de Franco Javier Pedraza Benedetich, contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad intentado frente a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 de Zárate Campana que -en el marco de un proceso abreviado- lo condenó a la pena de cinco años y cuatro meses de prisión, accesorias legales y costas, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de conato, en concurso real con abuso de arma (fs. 23/26 vta.).
II. Frente a ello, se alzó el señor Defensor Oficial Adjunto ante la aludida instancia -doctor Nicolás Agustín Blanco-, merced al recurso de queja que articuló a fs. 32/39 vta.
En primer lugar, sostuvo que si bien el quantum punitivo impuesto a su defendido es inferior al límite requerido por la norma local para acceder a la competencia apelada de esta Corte, resulta aplicable al caso la doctrina de los precedentes “Strada”, “Christou”, “Di Mascio” y su prole de la C.S.J.N. (fs. 34 vta.).
De seguido, adujo que la desestimación es arbitraria, “pues se la funda de modo sólo aparente mediante la invocación de fórmulas genéricas y abstractas [que] ciegan la jurisdicción de [este Tribunal] al mentado rol de tutela de la vigencia del bloque federal en los procesos en los que conoce la Provincia” (fs. 35).
Expuso que el caso se encuentra en condiciones de ser conocido por la Corte Federal por vía del recurso extraordinario en atención a que: a) el agravio postulado es de índole federal, pues se debatió en él que el Tribunal de Casación emitió una sentencia arbitraria que vulneró el derecho de defensa y el debido proceso, y frustró el doble conforme; sin dar acabada respuesta a los planteos esgrimidos en el remedio respectivo -en torno a la materialidad ilícita y la calificación legal-; b) esas cuestiones federales se vinculan de manera directa con la solución del caso; c) las mismas fueron oportunamente planteadas y d) el gravamen es actual (fs. cit. y vta.).
Agregó que el a quo defendió su propia interpretación restrictiva sobre el alcance de su competencia como órgano revisor, e ingresó en aspectos que exceden el mero examen de la admisibilidad formal del recurso, en tanto importan pronunciarse sobre el acierto o no del contenido de su propia sentencia, desnaturalizando la función del art. 486 del C.P.P.. En sustento de ello, aludió a lo dicho por este Tribunal en la causa P. 85.977 (fs. 37 y vta.).
Arguyó que “si bien es cierto que se reeditan planteos del recurso de casación, lo que se está directamente reclamando es precisamente que esos cuestionamientos no recibieron una adecuada respuesta por parte del órgano revisor” (fs. 38).
En tal senda, manifestó que la instancia intermedia analizó en apariencia los elementos de prueba con que se tuvo por probados la materialidad ilícita y la calificación, pero -según expresó- lo hizo desatendiendo los planteos referidos a la falta de fundamentación respecto de por qué se tuvo por cierta una versión del evento dañoso por sobre la otra; en franca violación de la defensa en juicio y del principio in dubio pro reo (fs. cit. y vta.).
Concluyó que la resolución en crisis, de manera arbitraria, negó la concurrencia en el caso de los requisitos que determinan la inaplicación de los límites que en razón del monto y de la materia impone el art. 494 del C.P.P.. A todo evento, dejó planteada la inconstitucionalidad de dicha norma (fs. 39).
III. La queja no prospera.
a. El Tribunal de Casación Penal -luego de poner de manifiesto la restricción cognoscitiva que apareja el art. 494 del Código de rito- afirmó que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley constituye el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas, de conformidad con los precedentes “Strada”, “Christou” y “Di Mascio” (fs. 24 vta.).
En dicho marco, estimó que la parte se desentendió de lo efectivamente resuelto y no evidenció arbitrariedad ni falta de fundamentación.
Explicó que el remedio casatorio fue declarado admisible y el agravio llevado en el mismo, abordado -aunque desestimado- sin limitaciones rituales, exponiéndose claramente las razones del rechazo (fs. 25).
A renglón seguido, destacó que “[e]l defensor se limit[ó] a esbozar un criterio divergente en cuanto a la revisión de la valoración probatoria efectuada por el órgano sentenciante, produciendo aquí una mera reedición de los argumentos vertidos en el recurso de casación y fundadamente contestados”, y que ese Tribunal realizó un exhaustivo tratamiento del material cargoso descripto en el remedio homónimo, concluyendo en el rechazo de aquellas postulaciones (fs. cit. y vta.).
En función de lo expuesto, señaló que “la índole de las críticas desarrolladas en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley tampoco habilitan vía alguna de excepción, pues ellas se vinculan -en rigor- con temáticas de índole procesal y de derecho común, como son la producción y valoración de la prueba, las que por su naturaleza resultan impropias de una eventual cuestión federal, argumento éste que si bien fue expuesto no ha sido acompañado de la debida explicitación acerca de su relación directa e inmediata con lo resuelto en el fallo impugnado” (fs. cit. vta./26).
Sumó a ello, que “los argumentos defensistas no logran demostrar por qué el razonamiento efectuado por ambos sentenciantes no resulta una derivación razonada del derecho vigente atento los hechos ventilados en la causa ni la relación directa e inmediata entre lo fallado y las garantías constitucionales que estima comprometidas, atento haberse abordado la cuestión y otorgado los fundamentos de su rechazo” (fs. 26).
Finalmente. recordó que “‘el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamientos que tornen ilusorio el derecho defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado’ (C.S.J.N., Fallos: 310:234); y más allá de que la parte expresa su oposición a la actividad valorativa no evidencia que el reproche practicado contra el imputado sea fruto de la mera voluntad de los juzgadores o se asiente en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables con la lógica y la experiencia” (fs. cit.).
IV. Si bien de la reseña efectuada se advierte que el Tribunal revisor -al sostener que la parte no evidenció arbitrariedad ni falta de fundamentación- efectuó consideraciones que traspasaron los límites formales del examen de admisibilidad y se inmiscuyó en la fundabilidad del recurso, el juicio negativo debe ser mantenido.
Ocurre que, tal como lo afirmó el a quo, la defensa oficial no desarrolló las pretensas cuestiones federales con la suficiencia y carga técnica necesaria, y no demostró la relación directa e inmediata entre aquellas y lo debatido y resuelto en el caso.
Por tal motivo, el pedido de inconstitucionalidad del art. 494 del C.P.P. tampoco prospera, en tanto dicha norma no ha sido obstáculo para la admisibilidad del carril extraordinario sino la propia técnica que el impugnante utilizó en el recurso.
Por todo lo expuesto, cabe concluir que la resolución en crisis cuenta con fundamentación suficiente que la deja a salvo de la tacha de arbitrariedad esbozada.
En definitiva, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo desplegado por el órgano intermedio (cfe. arts. 486 y 486 bis del C.P.P.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja traída por el señor Defensor Oficial Adjunto de Casación a fs. 32/39 vta., con costas (arts. 486, 486 bis y ccds. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia