Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128683
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja traída por la señora Defensora Oficial Adjunta de Casación a favor de Damián Juan José Carrizo, Carlos Ariel Giménez, Walter César Giani, Gabriel Gustavo Segovia y Alberto Valentín González, con costas (art. 486 bis , CPP).
La Plata, 1 de noviembre de 2017.
La presente causa P. 128.683-RQ, caratulada: "Carrizo, Damián Juan José; Giménez, Carlos Ariel; Giani, Walter César; Segovia, Gabriel Gustavo y González, Alberto Valentín s/ Recurso de queja, en causa n° 69.816 del Tribunal de Casación Penal, Sala II",
I. La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, el 12 de abril de 2016, admitió -parcialmente- el recurso de casación incoado por la otrora defensa técnica de Damián Juan José Carrizo, Carlos Ariel Giménez, Walter César Giani, Gabriel Gustavo Segovia y Alberto Valentín González, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 9 de Lomas de Zamora que condenó a Carrizo, Giménez, Giani y Segovia a la pena de cuatro años de prisión, multa de cien pesos, inhabilitación absoluta por ocho años, accesorias legales y costas, por hallarlos coautores penalmente responsables de los delitos de allanamiento ilegal, tenencia ilegítima de estupefacientes y privación ilegítima de la libertad con abuso funcional y falsedad ideológica de instrumento público, todos en concurso real; y a González la sanción de cuatro años de prisión, multa de cien pesos, inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por ocho años, accesorias legales y costas, por resultar coautor de los ilícitos de allanamiento ilegal, tenencia ilegítima de estupefacientes y privación ilegítima de la libertad con abuso funcional, todos en concurso real.
Así, casó el fallo a nivel de la pena establecida respecto de Alberto Valentín González y la disminuyó en cuatro meses. En consecuencia, asumió competencia positiva y estableció para el nombrado la sanción de tres años y ocho meses de prisión, multa de cien pesos, inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por siete años y cuatro meses, accesorias legales y costas; dejando incólume las impuestas a los demás encartados (v. fs. 66/92).
II. Frente a ello, la señora Defensora Oficial Adjunta ante la Sede casatoria -doctora Ana Julia Biasotti- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 99/102 vta.), el cual, mediante el pronunciamiento dictado el 27 de diciembre de 2016, fue declarado inadmisible (v. fs. 103/106).
III. Contra esta última decisión, la mentada defensa articuló recurso de queja (v. fs. 109/113 vta.).
Liminarmente, señaló el cumplimiento de los presupuestos formales y recordó los antecedentes de la causa (v. fs. 109/110 vta.).
En cuanto a la fundabilidad, observó un desacierto en la conclusión casacionista en tanto, desde su óptica, "la índole de los agravios habilita la vía extraordinaria". En ese derrotero, esbozó la denuncia de arbitrariedad y afectación de las garantías constitucionales -con cita de los arts. 18 y 75, CN, 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP- que debieron ingresar a conocimiento de este alto Tribunal en virtud de la doctrina sentada por la Corte federal en los precedentes "Strada", "Di Mascio" y "Christou" (v. fs. 111 y vta.).
En lo sucesivo, sostuvo que el órgano intermedio incurrió en exceso. En abono de su postura, citó las causas Ac. 89.880, Ac. 92.204, Ac. 81.851 y P. 85.977 de este Cuerpo (v. fs. cit./113).
Como colofón, comprendió vedado el derecho de sus asistidos al acceso a la jurisdicción en tiempo útil (v. fs. 113).
IV. La queja formalizada es improcedente.
En efecto, la Sede revisora halló insatisfechos los recaudos objetivos contemplados en el art. 494 del Código Procesal Penal, y agregó que "aun cuando la recurrente alegó la naturaleza federal de sus agravios (…) ellos carecen de aptitud para la apertura formal del carril de excepción", en tanto se desentiende de lo decidido (v. fs. 104 vta./105).
En ese raciocinio, juzgó que, más allá de expresar su disenso y de esbozar críticas que se apartan de lo resuelto, la índole de los planteos defensistas tampoco logran sortear la falencia aludida pues se vinculan, en rigor, con temáticas de derecho común -arts. 40, 41 y 55 del Código Penal- las que, por su naturaleza, resultan impropias de una eventual cuestión federal (v. fs. 105).
Así, indicó que las pretensiones de la parte no fueron expuestas con el cariz necesario a fin de excepcionar los requisitos legalmente impuestos para la viabilidad del remedio intentado, ni para argumentar que se encuentren involucradas de manera directa e inmediata aquellas cuestiones que ameriten ser atendidas por esta Corte (v. fs. cit. vta.).
V. De lo reseñado, se advierte que la parte no desarrolló ningún argumento eficaz tendiente a remover el obstáculo formal en base al cual se desestimó el remedio impugnativo -inaptitud de los planteos de pretensa índole federal por referir a temáticas de derecho común-.
Empero, la defensa dirige sus esfuerzos a reiterar los cuestionamientos llevados en la vía extraordinaria, y aseverar que revisten entidad para ser tratados, lo que no logra contrarrestar la carencia de relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso.
VI. Asimismo, la denuncia de exceso no puede prosperar.
Cabe recordar que el análisis de la suficiencia y carga técnica de la cuestión federal es parte integrante del juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (doctr. arts. 483, 486, 486 bis y concs., CPP según ley 14.647; P. 125.455, res. del 13-V-2015, P. 125.523, res. del 20-V-2015, P. 125.506, res. del 3-VI-2015, P. 125.630, res. del 17-VI-2015, P. 125.577, res. del 17-VI-2015, e.o.).
En contra del reproche efectuado por la defensa, surge evidente que el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor, sino que -simplemente- compulsó la alegación de un motivo casatorio que habilite su admisibilidad.
VII. Finalmente, la crítica vinculada con la violación del derecho de acceso a la jurisdicción tampoco logra revertir el sentido de lo resuelto, pues su fundamentación es genérica y dogmática y no evidencia la relación directa e inmediata.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja traída por la señora Defensora Oficial Adjunta de Casación a favor de Damián Juan José Carrizo, Carlos Ariel Giménez, Walter César Giani, Gabriel Gustavo Segovia y Alberto Valentín González, con costas (art. 486 bis , CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia